El país vive un momento crítico, aquel donde es preciso tomar decisiones para aprovechar o desperdiciar una oportunidad y reclama a la clase política una reflexión seria y comprometida en torno al porvenir nacional.
El plausible lance del gobierno contra una red criminal dedicada al contrabando de combustibles y, de seguro, a otras actividades ilícitas, toca el corazón de la asociación de política y delito. Pega ahí, porque –por los indicios– en esa urdimbre hay políticos, funcionarios públicos, empresarios y, sin duda, profesionales del delito. Por sí eso no bastara, comprende a elementos de un factor de poder importantísimo: mandos altos de una fuerza armada oficial, como lo es la Marina.
Esa acción deja ver el inicio de un nuevo episodio en el frustrado anhelo de reivindicar el Estado de derecho y la soberanía, pero no revela su alcance y desenlace. Es un momento crítico: abre o cierra la posibilidad de ir contra el crimen y por la paz con seguridad.
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La determinación gubernamental de emprender esa acción se da bajo presión, en medio del reclamo estadounidense y el clamor nacional de ir con mucho mayor contundencia y firmeza en contra del crimen organizado y sus asociados, pero en una circunstancia política compleja en extremo.
Avanzar en la dirección tomada podría llevar a un maxiproceso judicial, pero ello es imposible en las condiciones políticas prevalecientes. Los actores de diestra y siniestra, acompañados por sus acólitos o fanáticos se han insertado en un juego peligroso. Protagonizan no una competencia, sino una incompetencia para definir a gritos reales y virtuales cuáles de ellos son más corruptos, más traidores de la patria o más narcoasociados, suplantando el diálogo por la diatriba, los sustantivos por los adjetivos e inflamando una atmósfera que, en un descuido, puede estallar. La zacapela escenificada por Alejandro Moreno y Gerardo Fernández Noroña al cierre del receso legislativo fue un aviso de la consecuencia de renunciar a la política y degradar el necesario entendimiento aún entre los adversarios.
Avanzar en esa condición y ambiente abre una ventana de oportunidad a la violencia no necesariamente ejercida por los actores políticos, pero sí por aquellos criminales, políticos, empresarios y mandos de las Fuerzas Armadas afectados en sus intereses por la embestida emprendida en su contra. La cadena de homicidios y muertes relacionados directa o indirectamente en torno al caso del decomiso de combustible contrabandeando en Altamira, Reynosa, Ensenada o Saltillo da cuenta de ello.
Pensar en un atentado en contra de quienes sin o con uniforme han actuado con lealtad, compromiso y verticalidad en esa lucha o en contra de quienes sin serlo se dicen víctimas políticas del correspondiente adversario es imaginar un desastre: no sólo frustraría el lance emprendido, sino llevaría a la inestabilidad que, de un lado, debilitaría la capacidad de resistencia ante el gobierno estadounidense y, de otro, profundizaría el encono nacional.
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Retroceder con tal de no ir hasta donde se tiene que llegar, descalificaría y desacreditaría al gobierno cuando todavía no cumple ni un año de haber iniciado su gestión.
Después del golpe dado, pretender contener su alcance o aplicar una política de control de daños para evitar un sacudimiento resultaría contraproducente, provocaría a una convulsión política. Saldría más caro el remedio que la enfermedad. No sólo eso, convertiría el acierto de dar un giro en la estrategia anticriminal en un error que, por lo demás, tendría un pernicioso doble efecto: dejaría al descubierto a los cuadros de Estado comprometidos en la lucha contra el crimen y faltaría al programa de cooperación suscrito con el gobierno de Estados Unidos, apenas convenido el pasado tres de septiembre.
Y es que no se puede ignorar que, al menos, en el comunicado conjunto emitido con motivo de la visita del secretario de Estado del país vecino, Marco Rubio, se establece dar seguimiento, a través de un grupo de alto nivel, a las acciones tomadas respectivamente, entre las cuales se encuentran la colaboración para abordar los flujos financieros ilícitos y prevenir el robo de combustible.
Frenar, contener o atemperar el alcance y la consecuencia de la embestida contra el contrabando de combustible animaría la tentación de algunos sectores oficiales estadounidenses de realizar acciones unilaterales en contra del crimen y sus asociados, al tiempo de avivar el malestar y la percepción de algunos sectores nacionales que advierten que, pese a la voluntad, la realidad y a veces la complicidad política limitan o vulneran el margen de acción y amparan la impunidad.
La disyuntiva no es sencilla, pero la resolución de ella no depende sólo del gobierno, sino del conjunto de la clase política. Si se quiere rescatar la soberanía nacional dentro y defenderla fuera es preciso una reflexión seria de la clase política, asumiendo incluso sacrificios propios y ajenos.
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El momento crítico por el cual atraviesa el país no apela a la quimérica unidad nacional, pero sí a reconocer que la soberanía padece de una doble amenaza: internamente por el crimen y sus asociados políticos multicolores y externamente por la parvada de halcones del gobierno estadounidense.
Tal circunstancia exige un entendimiento mínimo de la clase política para salir de la diatriba y la descalificación que animan la confrontación y crean condiciones para la violencia doméstica y la intervención foránea. Precisa del establecimiento de prioridades, considerando las variables en juego; la revaloración del rol de la prensa; y la reposición de un horizonte nacional.
En el fondo, el momento reclama decidir avanzar o retroceder, aprovechar o desperdiciar una oportunidad.