Enfurece ver a un poderoso delincuente con investidura presidencial e ínfulas dictatoriales amenazar, agraviar, humillar, castigar y, a veces, indultar con desparpajo a socios y aliados naturales. Sin embargo, el choque de la realidad con la megalomanía del personaje de a poco recoloca a este en su lugar. Con todo, late el peligro supuesto en un mandatario inconsistente e ignorante, incapaz de reconocer el tamaño del desastre que puede provocar.
La nueva prórroga para aplicar aranceles generalizados a las exportaciones mexicanas obliga, sí, a atender lo urgente, pero sin olvidar lo importante: la necesidad de crear condiciones no sólo para encarar al bárbaro del norte, sino para darle verdadera, mejor y más sólida perspectiva al crecimiento y desarrollo nacional.
Menudo desafío. Se trata de salvar la coyuntura y replantear la estructura, allanando aquello que resta confianza, debilita la unidad en la pluralidad e impide construir nuevas alianzas, dentro y fuera, para arrostrar la circunstancia. Ojalá la reconocible templanza mostrada por la presidenta Claudia Sheinbaum ante Donald Trump resulte el sello de su gobierno.
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Más allá de la entereza de la mandataria para sortear la embestida tarifaria del presidente Trump, éste reculó en la aplicación de los aranceles, entre otras razones, por el peso y la fuerza de los sectores productivos afectados, la reacción de las bolsas y el absurdo de pretender echar atrás, con un tronar de dedos, la política de integración económica desarrollada en el norte de América durante las últimas tres décadas. La simple y pura realidad pudo más que su mercurial carácter e imperial nostalgia.
En cuestión de días e intentando colgarse al pecho medallas así sean de latón, satisfacer a su base --representada por la claque republicana en el Capitolio-- y hacer del mensaje a la nación el monumento a su testarudez, Donald Trump aplicó y anuló de manera exprés los aranceles con los que, en su pobre lógica y en relación con México, pretende cuatro objetivos sin fijar metas precisas ni tener muy claro si es posible: reducir la migración, abatir el tráfico de fentanilo, bajar el déficit comercial y obtener ingresos fiscales. Nada más.
Con un bajo índice de aprobación (48 por ciento) a tan solo seis semanas de ocupar la Oficina Oval y el montaje de un espectáculo político tan efímero como los fuegos de artificio, tras su mensaje Trump recibió su primer golpe de realidad. Podrá disfrazar el fracaso de victoria o la rápida retirada de un acto de sensatez, pero el hecho ahí está: va y viene sin saber bien a bien qué hacer.
Tal revés, sin embargo, insta no a bajar la guardia, sino a subirla porque, ahora, está más claro: Trump no es un político confiable y, cuando un maníaco advierte el derrumbe de la realidad alterna y la narrativa que construye, tiende no a la reflexión sino a la desesperación y lo tienta la idea de cobrar venganza sobre la presa originalmente prevista u otra.
Se equivocan quienes insisten en catalogar a Donald Trump como un bully. Tal calificación frivoliza y banaliza el alcance de su conducta. Un bully es un acosador hostil y agresivo, ansioso por ejercer poder sobre otra persona, generando angustia en ella. Trump va más lejos, ejerce la política del miedo para hacer saltar por los aires estructuras, instituciones, gobiernos, acuerdos, derechos, políticas e, incluso, tendencias culturales.
Más vale ponderar en su justa dimensión al habitante de la Casa Blanca. A dosis crecientes él mismo va dando los ingredientes de su definición.
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Asentar un gobierno e intentar la continuidad de un proyecto, cuando el poderoso socio y vecino lo amenaza a plazos, le cambia al ritmo del capricho en turno el motivo del amago y le provoca daño al espantar la inversión que atraía la relocalización, es un reto de muy difícil solución. Ante ese desafío se halla la presidenta Sheinbaum, quien por lo demás encara serios problemas en las finanzas públicas y fuertes compromisos con la política social adoptada.
Esa situación exige a la mandataria sostener, asegurar y profundizar el giro dado en la política ante el sector privado y en la política contra el crimen organizado. Requiere afrontar dos asuntos que los gobiernos anteriores, incluido el primero de Morena, eludieron o resbalaron.
De un lado, salir de la cómoda postura de entender la integración económica con el norte de América como la solución de un problema y no como la palanca para resolverlo. Crear, como propone limitadamente el Plan México, las condiciones para impulsar el crecimiento y el desarrollo propios, sustituir importaciones y diversificar el comercio a fin de atenuar la dependencia tan marcada que ahora se tiene con la economía estadunidense. Ello reclama inversión privada --la pública va a la baja-- y ésta reclama obviamente la certeza jurídica que vulneran la reforma judicial y la disolución de los órganos constitucionales autónomos. No basta llamar a la inversión, es necesario ofrecer garantías.
De otro lado, el atinado giro dado en el combate al crimen organizado demanda que esa política tenga efecto inmediato sin derrames y responda el reclamo externo y el clamor interno, sin que a largo plazo la estrategia no pueda sostenerse. La reacción inmediata no sustituye a la acción permanente. Y, en este capítulo, a la mandataria le toca una labor compleja en extremo: separar la política del delito. Ahí sí, es menester pintar la raya no sólo a nivel municipal.
Tareas difíciles que, en paralelo, instan a establecer y desarrollar nuevas alianzas, dentro y fuera del país, para no estar sujetos al capricho y la locura del vecino.
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Qué bueno haber sorteado la más reciente amenaza que, siendo cómo es el socio, sin duda no será la última.