Como cada mes, el Gabinete de Seguridad presentó sus índices de violencia. Previsible: volvieron a bajar un montón de puntos, y reportaron 50% menos homicidios dolosos que en 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador le entregó la Presidencia a Claudia Sheinbaum. Pero como cada mes, no hubo fiesta ni algarabía. Las estadísticas que presenta el gobierno no tienen credibilidad, no porque se perciba que su contabilidad sea falseada, sino por la forma como, en el conteo de las muertes violentas y premeditadas, se perciben manipulaciones y falsedades.
La discusión sobre las estadísticas del gobierno sobre los homicidios dolosos, que sucesivos gobiernos han establecido como la métrica para evaluar su política de seguridad, generó un debate que no se había visto en todo el sexenio por el enorme contraste con otra medición que salió casi en simultáneo, la del INEGI. No fue una baja de 50% como presumió el gobierno, que escondió un déficit de 21% si se toma el dato del INEGI, sin contar los agregados de que las desapariciones se incrementaron 15%. Un estudio-piloto que elaboró la consultora Central de Inteligencia Política, que no es público, resume en una frase lo que está sucediendo: “El Estado gana en los datos, pero pierde en la conversación”.
Los datos que contabiliza el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dados a conocer esta semana, que son los que celebran en las mañaneras, difieren significativamente de los que reportó el INEGI. Técnicamente son válidos, pero no son considerados plenamente confiables. Tiene que ver con las metodologías que utilizan. El Secretariado Ejecutivo recaba las cifras que le envían las fiscalías estatales y de la Ciudad de México, mientras que el INEGI contabiliza los homicidios dolosos a partir de certificados, actas de defunción y registros forenses. La diferencia en octubre fue de 5 mil 140 homicidios.
Los expertos coinciden en que durante el gobierno de Sheinbaum, que ha dado un giro en el combate al crimen organizado, sí ha logrado una baja en los homicidios dolosos con respecto al sexenio de López Obrador, que registró los cuatro años con el mayor número de homicidios dolosos en la historia, pero no al nivel en cómo se presentan, que parece más un ejercicio propagandístico que uno con honestidad técnica e intelectual. Las discrepancias entre las dos instituciones se han dado desde hace años, pero la brecha entre ambos registros ha ido en aumento durante el gobierno de Sheinbaum, que en 2025 alcanzó su nivel más alto desde 2015. En octubre la diferencia no fue menor: 21.1%.
El problema de diferencias estadísticas comenzó con la administración de Enrique Peña Nieto, pero se acentuó en la de López Obrador. De acuerdo con un análisis realizado por Frasua Esquerra, reportero de investigación de Animal Político, desde 2022 la diferencia entre las dos mediciones se elevó en 291%. Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad, sin mentir, no dicen toda la verdad. Por ejemplo, mencionan siempre que Guanajuato, gobernado por el PAN, es donde mayores crímenes premeditados se dan en el país, pero no dicen que son números absolutos y no medidos con la tasa de homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. Pero si se informara a partir de esa medición, que es como debiera hacerse, Colima, Sinaloa y Morelos, gobernados por Morena, ocupan los tres primeros lugares de este tipo de violencia, con 92%, 62% y 58%, respectivamente, que son volúmenes escandalosos.
Desde el gobierno de Peña Nieto la preocupación por acallar las cifras de homicidios dolosos ha sido extenuante. En el gobierno de Felipe Calderón se firmó un acuerdo con decenas de medios en el Castillo de Chapultepec para evitar la apología de los criminales, que se rompió esa misma noche en la televisión. No le gustaba que se hablara del incremento de homicidios dolosos –que tuvo su punto máximo y de inflexión en mayo de 2011–, pero no actuó como Peña Nieto, que presionó a los medios para que eliminaran su conteo diario de crímenes y logró que despidieran a un periodista por hacerlo. Ni López Obrador, ni Sheinbaum, llegaron al nivel de represión de Peña Nieto. Lo que han hecho es tender cortinas de humo.
El estudio-piloto que elaboró la Central de Inteligencia Política en septiembre a partir de fuentes abiertas –24 periódicos en la Ciudad de México–, que sin explicación alguna fue un indicador que fue eliminado en la estadística mensual del Secretariado Ejecutivo, es revelador. En septiembre, el gobierno reportó que habían bajado los homicidios dolosos en 51%, que apenas alcanzó una cobertura de 7% en términos de valor comercial del espacio que ocupó en los diarios. En cambio, el valor de la cobertura sobre el crimen organizado arrasó al discurso oficialista al alcanzar cuatro mil 126 millones de pesos, que fue superior a los 40 temas más relevantes detrás de este, con un valor de mercado inferior en casi cuatro mil millones.
De esos totales, 72% de la información abordó los temas relacionados con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, y en un lejano tercero, pero por encima de todas las otras organizaciones criminales históricas, La Barredora, el grupo formado en Tabasco al amparo del entonces gobernador Adán Augusto López, que aparecía de manera regular en las menciones sobre esa agrupación disminuida y que hasta hace no mucho controlaba el sur del país como brazo armado del cártel de las cuatro letras.
En el análisis genérico, no fue el combate o la falta de combate al crimen organizado lo que predominó en la opinión pública, sino la narcopolítica, como fenómeno doméstico, y el que la agenda la imponía el gobierno de Donald Trump, lo que reflejaba la forma como están observando a Sheinbaum frente a Estados Unidos, pese al discurso mecánico y reiterativo de la presidenta sobre la soberanía y cooperación sin subordinación que, si alguna vez tuvo algún impacto, hoy ya no se ve.
La percepción en México sobre el combate al crimen organizado es mala y el gobierno de Sheinbaum reprueba cada mes la evaluación ciudadana en las encuestas de aprobación realizadas por El Financiero. La propaganda ya no alcanza. Sheinbaum tiene gran respaldo personal, pero no para su gobierno, que carece de consenso. Las noticias son pésimas por la forma como Trump reaccionó a la derrota en las elecciones intermedias, radicalizándose y nombrando como jefe de gabinete a Stephen Miller, el ideólogo obsesionado por atacar a los cárteles y acabar con la narcopolítica.