Hace tiempo que nada se sabe de la investigación del contrabando de combustible, cuya red criminal se fraguó en los más altos niveles de la Marina y operaba bajo la sombra del secretario, el almirante Rafael Ojeda.
El gobierno ha tratado de que este caso se evapore de la opinión pública, y de contener el acto de corrupción más grande en la historia de México, en los sobrinos políticos del exsecretario, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna. Pero sería un error de la presidenta Claudia Sheinbaum pensar que la gangrena de la corrupción institucional la va a poder frenar con el olvido.
La estructura criminal que fue descubierta casi al azar por la necesidad de apaciguar al presidente Donald Trump y echar agua a su amenaza de imponer aranceles, quedándose en el nivel en el que buscan congelarla, es la afrenta más grande a la presidenta Sheinbaum, porque el enorme paraguas de protección que tenía la red y la trama de complicidades en los tres niveles de gobierno la desafió.
Se sintieron tan poderosos los criminales que, durante casi el primer semestre de su joven gobierno, siguieron contrabandeando combustible disfrazado de aceite. No lo lograron porque detrás de ella, para bien y para mal, estaba la Casa Blanca.
Las presiones de Estados Unidos a México para proceder penalmente contra funcionarios y políticos de Morena derivaron en el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, resultado de la investigación solitaria de una almirante inicialmente soslayada por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, que abrió –sin saberlo en su momento– la cloaca que ahora quieren tapar.
Lo que ha encontrado la fiscalía general es una telaraña del horror en las entrañas del gobierno de López Obrador, ahogados en la corrupción militares, funcionarios federales, agentes aduanales, abogados, contadores y empresas legalmente establecidas que ganaron ilícitamente cientos de miles de millones de pesos.
La anatomía del contrabando de combustible está trazada en la orden de aprehensión en contra de 13 miembros de la Marina, incluidos los Farías Laguna, que en ese momento estaban en activo. Se trata de un documento de 512 páginas originado en la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delincuencia Organizada, que señala que es una organización con estructura definida, encabezada por los hermanos Farías Laguna, cuya “organización criminal” se encuentra implicada en el ocultamiento de hidrocarburos a su entrada al país, con operaciones en Tamaulipas, Colima, Sonora y la Ciudad de México.
Esta red, de acuerdo con la orden de aprehensión, es un “conglomerado criminal” gestado por lo menos desde hace dos años y “vigente aún”, que se encuentra dividida en “subcélulas”, que tienen perfectamente definidas sus funciones. Dentro de las que hasta el momento han sido identificadas, hay “células” de servidores públicos, pertenecientes a las Fuerzas Armadas, y un método para la cooptación de autoridades y el transporte de hidrocarburos.
La telaraña construida en el gobierno obradorista sigue vigente y es altamente peligrosa, según la fiscalía general, que advierte atentados contra quienes la enfrenten.
“Existe un riesgo para las víctimas, los testigos y la comunidad, toda vez que estamos en presencia de una organización criminal que a la fecha se encuentra operando, la cual despliega conductas para su protección y continuar funcionando”, advierte la fiscalía general en la orden de aprehensión. Entre las “circunstancias que rodean el hecho delictivo de manera periférica”, agrega, se encuentran los secuestros con armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Este gran caso ha causado el asesinato de dos personas que estaban investigando el contrabando de combustible. Uno, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero, director general de Recaudación de Aduanas en el puerto de Manzanillo, fue asesinado poco después de haber denunciado institucionalmente la red de corrupción. La orden de aprehensión incluye un diagrama que dibujó de la red huachicolera, en cuyo centro ubicó al capitán de corbeta Miguel Ángel Solano Ruiz, el Capitán Sol, que era intermediario entre los hermanos Farías Laguna y una veintena de oficiales, encargado de comunicaciones y sobornos.
La fiscalía general armó la estructura de mando criminal, encabezada por los hermanos Farías Laguna: Fernando, el frente de los negocios criminales –que está prófugo–, y Manuel Roberto, responsable de la administración y las finanzas de la red –que está detenido–. El segundo piso lo ocupaban Solano Ruiz, excoordinador externo de Aduanas, el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, enlace entre los titulares de las aduanas, y el capitán de navío Humberto Enrique López Arellano, director de Supervisión de Aduanas Marítimas. En el tercer piso estaban el civil Francisco Javier Antonio Martínez, gerente de Administración y Finanzas de la Administración Portuaria de Tampico, y el capitán de navío Víctor Hugo Perry Pérez, titular de la Aduana en Ensenada.
Las revelaciones sobre el contrabando de combustible no empezaron con las denuncias del contralmirante Guerrero sino meses antes, cuando comenzó a circular un panfleto donde se denunciaba a los sobrinos políticos de Ojeda y a varios mandos navales. El secretario se indignó y buscó chivos expiatorios, pero no la destruyó. Al contrario, la solapó y encubrió, como hizo el gobierno de López Obrador. Era un gran negocio que alimentaba la maquinaria de Morena y llenaba los bolsillos de algunos próceres del movimiento. Entre 2019, cuando empezó el contrabando de combustible, y 2023, solamente el tráfico de diésel generó más de 71 mil millones de pesos en impuestos no pagados.
Demasiado dinero para que alguien tratara de acabarlo y demasiados involucrados para dejar cabos sueltos. Las muertes de Abraham Jeremías Pérez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, que oficialmente se suicidó, y del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, encargado del puerto de Manzanillo, que oficialmente murió durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora, siguen siendo un misterio.
Las muertes extrañas han parado, coincidiendo con el interés de topar la investigación en los hermanos Farías Laguna. Pero nada está dicho. El negocio continúa y las ganancias también. “Un poco menos”, dijo recientemente la presidenta, reconociendo que no han podido erradicarlo. Tampoco los riesgos, ante la capacidad de fuego considerable de los grandes beneficiarios de esta red criminal.