En abril de 2024, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, en el último tramo de su sexenio, volvió a sembrar en el imaginario colectivo los excesos del viejo régimen, con verdades y mentiras, con frivolidad y generalidades, y con ese aire cínico tan característico de él, en su campaña permanente para pintar de corrupto todo el pasado. “¿Quién pompó avioncito?, ¿quién pompó?”, dijo ese día desde el patíbulo de Palacio Nacional. “¿Quién pompó departamentito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó la casita?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó cochecito?, ¿quién pompó? ¿Quién pompó las alhajitas?, ¿quién pompó?”.
Aquella ironía que buscaba entrar como un estoque en el cuerpo de la oposición y sus críticos, se le ha regresado en la forma de la idea que se ha transmitido de manera empírica por siglos, pero que le dio cuerpo científico Isaac Newton en la Ley de la Gravedad, de que todo lo que sube, siempre baja. Pero esto no se queda en su hijo Andrés Manuel, Andy, quien no deja de ser expuesto como una persona que debe tener cruzados los conceptos porque una vida en “la justa medianía”, como repite lo que decía su padre, incluye una cena de 47 mil pesos, tres mil pesos más que su salario como secretario de Organización de Morena, como reveló este fin de semana el sitio Aristegui Noticias.
¿Quién pompó? Quién sabe de dónde salió el dinero, porque Andy no ha explicado la fuente de sus ingresos, obligado como funcionario del partido en el poder pero, sobre todo, ineludible porque la opulencia era todo contra lo que su padre, y él mismo en sus incursiones retóricas, proclamaban, porque es un golpe a la narrativa de sencillez que tanto presumía la familia López Obrador. Se descarta desde ahora cualquier investigación para determinar el presunto uso de recursos de procedencia ilícita, pero no para otra investigación en Estados Unidos, donde el hijo del expresidente no está solo.
De acuerdo con fuentes diplomáticas en Washington, el gobierno estadounidense inició una investigación en contra de los hijos de López Obrador; del coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López; de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada; de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, y de un número no determinado de miembros del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum, para determinar si tienen o mantienen cuentas en paraísos fiscales y analizar la procedencia de esos recursos.
La primera parte de la investigación se enfoca en Panamá, donde de acuerdo con las fuentes, se ha pedido la colaboración de la Unidad de Análisis Financiero de Panamá, que entre sus atribuciones se encuentran la recopilación y análisis de información financiera relacionada con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. No hay ningún reporte de que ese perfil de mexicanos haya tenido cuentas en Panamá, pero según lo que explicaron las fuentes, es que empezarán por ahí ante la posibilidad de que hayan cambiado sus cuentas –detectadas privada y públicamente– en paraísos fiscales en el Caribe.
El año pasado, en el contexto de las campañas electorales, se publicaron en las redes sociales y en la prensa presuntas cuentas en paraísos fiscales de Nahle y de su esposo José Luis Peña, en las Bahamas y las Islas Vírgenes, y de Brugada en las Islas Seychelles. Nahle negó los señalamientos y en el caso de Brugada, el expresidente le pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda que desmintiera las informaciones.
Tener cuentas personales o a través de sociedades, que es lo más común para ocultar a los propietarios en un paraíso fiscal, no es automáticamente un delito. Se configura un ilícito si no se reportaron al SAT esos ingresos para evadir al fisco, o si se utilizan para lavar dinero o es resultado de actos de corrupción. Esto es lo que pretenden revisar las autoridades estadounidenses.
La hipótesis que manejan en Estados Unidos es que ante esas revelaciones, personas cercanas al círculo de López Obrador o que actualmente estén en el gobierno de Sheinbaum y bajo investigación por presuntos vínculos con los cárteles de las drogas, pudieran haberse sentido observados en los paraísos fiscales y movieran sus cuentas a Panamá.
Esa nación centroamericana estuvo durante poco más de una década observada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por deficiencias en sus sistemas de protección para evitar que fueran utilizados para lavar dinero y esconder dinero ilícito mediante empresas fantasma. Los gobiernos europeos retiraron a Panamá hace escasas seis semanas de la lista de jurisdicciones de alto riesgo por sus deficiencias para luchar contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Desde julio, México se encuentra bajo revisión del GAFI, que es una evaluación programada y de mutuo acuerdo, aunque el inicio de esos trabajos se vio ensombrecido por las sanciones que impuso –están en una prórroga– el Departamento del Tesoro a tres instituciones mexicanas, Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa.
La investigación abierta en Estados Unidos sobre un grupo específico de personas ligadas a López Obrador y al régimen en Panamá, es diferente a la que se realiza en México, aunque buscan el mismo objetivo: evitar el lavado de dinero y el financiamiento a grupos terroristas, como clasifica la administración Trump a seis cárteles mexicanos.
El gobierno estadounidense, de manera directa o a través de anuncios públicos, ha establecido como prioridad la disrupción de los canales de financiamiento de los cárteles dentro del sistema financiero mexicano, pero han extendido sus investigaciones para determinar las redes de protección institucional mediante las pistas que pudieran encontrar en el extranjero, que permitiera establecer cooperación de personajes del régimen con las organizaciones criminales.
En Estados Unidos tienen información de vínculos entre miembros de Morena y los cárteles, que están judicializando, para proceder o para entregar al gobierno de Sheinbaum para que antes que ellos, actúe contra esas personas.
Gastos como los realizados por López Beltrán no ayudan al régimen, sino que arrojan más luces de sospecha sobre de dónde salen los recursos para mantener un nivel tan alto de gasto. Demostrar su origen, tendría que ser la prioridad de Andy.