En menos de dos semanas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, saltó de un problema de violencia contra la gentrificación en las colonias de moda Condesa y Roma, a un plan de 14 puntos en aquellas zonas de “tensión inmobiliaria”, donde la regeneración urbana ha disparado la plusvalía de las propiedades.
Brugada apunta a un control de rentas, que sugiere el congelamiento de rentas que desapareció hace casi 25 años de la capital federal, por los problemas que provocó y el despoblamiento en el centro de esta ciudad, cuando se fueron a los suburbios en el Estado de México e Hidalgo poco más de un millón de capitalinos.
El plan, cuyas pretensiones son nobles en la superficie, tiene varios asegunes. Propone leyes que ya existen, pero no se aplican, como la regulación de las aplicaciones de renta temporal –la más famosa Airbnb– y el establecimiento de un tope a la renta ajustada a la inflación.
Adicionalmente, quiere que en las 12 colonias de “tensión inmobiliaria” –10 en la alcaldía Cuauhtémoc y dos en la Miguel Hidalgo– se amplíe el programa de vivienda pública para arrendamiento, con lo que, al menos en esa escala, romperá con la nula política de construcción de vivienda de su antecesora, la presidenta Claudia Sheinbaum, causante indirecta del florecimiento de la gentrificación, porque sin oferta, la demanda empujó los precios de las viviendas hacia arriba.
La propuesta de Brugada tiene varias caras. La primera, los efectos de su plan populista de congelar las rentas, que se puede oír muy bien para muchos, pero que ha probado, aquí y en otras partes, que termina afectando más a quienes se quiso proteger. Eso sucedió en el periodo de 1948 a 2001, cuando existió un régimen de rentas controladas en el centro de la Ciudad de México, donde los inquilinos pagaban alquileres a un precio tan bajo, que los propietarios de los inmuebles dejaron de invertir en mantenimiento, con un deterioro que dejó a muchas propiedades literalmente cayéndose a pedazos, expulsando de manera natural a sus inquilinos.
Esa idea tiene como antecedente el intento del entonces presidente Miguel Alemán y el regente capitalino Javier Rojo Gómez, de evitar los desalojos masivos durante la urbanización de la Ciudad de México en la posguerra, que provocó que miles de arrendamientos se mantuvieran sin cambio en la renta durante décadas, llegando a pagarse hasta 20 pesos mensuales (a valor actual) con contratos que se podían heredar, que alteró el valor del mercado y causó el abandono de las viviendas, afectando a quienes inicialmente parecían haberse beneficiado. Dio pie a juicios interminables, fraudes, desalojos ilegales y corrupción que no han terminado: todavía existen alrededor de 50 mil contratos de ese tipo en la capital, en juicio o en procesos de desalojo.
Desaparecida esa política, pero sin ninguna regulación del mercado inmobiliario durante los cuatro gobiernos de izquierda en el primer cuarto de este siglo, las rentas se dispararon luego de que los propietarios las renovaran y las rentaran a su libre albedrío.
En Condesa y Roma, los precios subieron poco más de 17%, y algunas propiedades de la Roma, sobre todo casonas con arquitectura neoclásica, Art Nouveau y Art Déco, el incremento llegó a ser de hasta más de 90%. Mejor infraestructura y servicios municipales, como la luz y la seguridad, impulsaron los costos.
En la actualidad, el consenso entre inmobiliarias es que colonias con alto valor de la tierra, como las Lomas de Chapultepec, no se encuentran entre las más caras para vivir, en la correlación de metros cuadrados versus precio, sino otras donde la regeneración urbana entró con fuerza, como las tres más costosas para vivir, la Ampliación Granada, que es el desarrollo que impulsó el magnate Carlos Slim –como antes lo hizo en el Centro Histórico– en lo que antes eran patios de armadoras, bodegas y viviendas populares, al igual que en la Tabacalera, atrás del viejo edificio de la Lotería Nacional, cuyas calles se vestían en las noches con prostitutas y travestis, o la Granada, donde confluyen Ejército Nacional, Cervantes y Río San Joaquín, ninguna incorporada, por cierto, en el plan de Brugada.
La otra cara del plan de Brugada está asociada con su biografía política en Iztapalapa, donde fue líder de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), que impulsaba invasiones y exigía que le regularizaran esos terrenos. Ese pasado ha sido trasladado al presente por sus viejos compañeros de lucha, que piensan que esa pudo ser la razón por la que hace casi dos meses asesinaran a sus dos colaboradores más cercanos, Ximena Guzmán, que cuando fue alcaldesa se encargaba de la gestoría inmobiliaria y negocios, y José Muñoz, cuyos hermanos fueron líderes y camaradas de Brugada en la UPREZ. Ese crimen sigue sin resolverse.
Brugada, que fue alcaldesa de Iztapalapa en dos periodos, ha sido acusada de permitir y legitimar ocupaciones en tierras federales, ofreciendo regularización y beneficios a cambio de votos, o desviando recursos hacia su proyecto madre de las “utopías”, que son complejos con infraestructura cultural, recreativa, social y deportiva, mediante empresas fantasma.
Siempre ha negado esos señalamientos y, en términos legales, no hay ninguna sentencia que la vincule directamente con la serie de actos ilícitos inmobiliarios por casi 500 millones de pesos donde la han denunciado.
Por los precedentes y los antecedentes, el plan de Brugada se cruza con su experiencia en invasiones en Iztapalapa, con una propuesta populista que busca a futuras clientelas electorales en dos alcaldías gobernadas por el PAN, que antes fueron del PRD, hoy casi en su totalidad de Morena. Refuerza las iniciativas del ala radical del obradorismo, al retomar sus leyes –que no se han aplicado–, sin presentar alternativas integrales, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, para enfrentar verdaderamente la gentrificación.
Es un plan clientelar y de corto plazo, que de no ser reformado y mejorado, terminará como muchos de aquellos entre los que se embarcó Morena en los últimos seis años, rumbo al fracaso, pero con millones de votos para la ‘cuatroté’ que le dio una población cada vez más pauperizada.