La presidenta Claudia Sheinbaum hizo bien en afirmar que ya no responderá los insultos o lo que tenga que decir Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López y de su padre, Joaquín El Chapo Guzmán. Nunca debió haberle otorgado el rango de interlocutor el viernes pasado, cuando la acusó de ser publirrelacionista de los cárteles de las drogas. Es acertado ignorarlo. Lo que no es, como adelantó este lunes, es que vaya a demandarlo en México por difamación. Es una estrategia que sólo parece tener utilidad mediática y refuerzo para su narrativa nacionalista, pero que en el fondo de las cosas que son reales, le puede acarrear consecuencias.
“No se puede dejar pasar”, dijo Sheinbaum sobre lo dicho por Lichtman, pero no es mediante una demanda como se subsana lo que no sucedió el viernes, cuando la dejaron sola en medio de una crisis, que se explica en toda su dimensión, como apuntó Salvador Camarena en EL FINANCIERO, cuando “la presidenta (es) simultáneamente el primer y último valladar de todo asunto, chico o grande, de la agenda nacional”, a quien “le alcanzan todos los problemas (y) la ocupan en toda clase de cuitas”. Lo que haga de ahora en adelante, fuera de ignorarlo, la llevará de nuevo por caminos inciertos y futuros señalamientos de igual o mayor gravedad, pese a ser insolentes e incluso falsos.
La demanda que prepara la Consejería Jurídica de la Presidencia será una salva de cañonazos. El juzgado que reciba la demanda deberá notificar a Lichtman, y si usted se pregunta cómo le hará, la respuesta es que no sucederá porque no vive en México. Para hacerlo se requiere la cooperación legal del gobierno de Estados Unidos, de acuerdo con la Convención de La Haya sobre Notificación de Documentos Judiciales, y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría que enviar la petición, junto con la documentación correspondiente al Departamento de Estado, para que a su vez proceda a informarle al abogado de la querella. El trámite puede durar entre 4 y 12 meses, lo que no obliga, sin embargo, a que Lichtman acuda a declarar al tribunal en la Ciudad de México.
Es poco probable que Lichtman decidiera presentarse en los tribunales. Sería menos probable que pudiera probar que la presidenta Sheinbaum es, como aseguró, publirrelacionista de los cárteles de las drogas. Lo que sucederá es que seguramente pierda por inasistencia. ¿Y? Las demandas por difamación no son penales, por lo que vendría una sanción económica que impondría, a su juicio, quien lo juzgue. Hasta ahí quedaría el ruido mediático. Pero, ¿y en Estados Unidos?
Estos terrenos, si se transitan de manera arrebatada, son pantanosos. ¿Qué gana Sheinbaum? Sólo ganar un juicio en México, sin impacto alguno fuera del país. No lo necesitaría, al haber el consenso de que los dichos de Lichtman fueron insultantes, sin base alguna. Para el abogado, es un palmarés que le regalará la presidenta: una demanda del gobierno mexicano por un dicho.
La sangre caliente que la impulsó es comparable con la del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que, indignado porque César de Castro, el abogado de Genaro García Luna, interrogó a Jesús El Rey Zambada en el juicio contra su cliente, sobre un pago que él mismo dijo haber hecho a López Obrador por 7 millones de dólares durante el juicio de El Chapo Guzmán, advirtió que lo demandaría. La demanda, dijo, sería por daño moral y calumnias, pero poco después López Obrador se desistió.
El expresidente dijo que ya no lo demandaría, aunque lo mereciera. Era una tontería, porque de haberlo hecho, De Castro podría haberle solicitado al juez que lo citara a declarar. López Obrador explicó que su decisión se debió a que existe un criterio legal en Estados Unidos, donde el abogado estaba protegido porque “las declaraciones pertinentes realizadas en procedimiento judiciales, o cuasi judiciales, gozan de protección absoluta para que quienes se desempeñen en una función pública, puedan hablar libremente para representar comprometidamente a sus clientes sin temor a represalias o riesgos financieros”. Sheinbaum no quiere cobrársela a Lichtman en Estados Unidos, pero ese criterio también lo ampara.
La demanda que pretende hacer es incomprensible. Aunque su audiencia es doméstica, no sirve para su narrativa. A López Obrador y a ella les sirvió el juicio contra García Luna para disparar metralla contra el expresidente Felipe Calderón, y acotar y tener bajo amenaza permanente a sus adversarios políticos. Fueron sus mulas para lanzar diatribas y causar daño reputacional, pero no más. La estrategia era acusar al pasado de los males, a diferencia de lo que pretende Sheinbaum en esta ocasión. No se va para atrás, sino hacia adelante; no camina sobre pista segura, sino sobre superficie resbalosa.
Lichtman es el abogado de Ovidio Guzmán López que participó en el acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia, y conoce en qué términos se logró. Conoce y autorizó lo que les ofreció para que alcanzara a protegerlo no sólo a él y a su hermano, sino a 17 miembros de su familia. Por razones de confidencialidad no podría dar a conocer nada de lo que pactaron, pero por tener acceso a información sensible del Cártel de Sinaloa desde hace más de cinco años, desde el juicio a El Chapo, sus amenazas de revelar pormenores de la relación con gobiernos o políticos cargan un peso que no se puede soslayar.
En este sentido, Sheinbaum enfrenta el dilema que sintetiza la frase “la verdad es irrelevante”, donde el objetivo no es informar o decir la verdad, sino convencer a través del discurso y la emoción colectiva. No importa quién tenga la razón, sino quién persuade. No niega que no exista la verdad, pero en ciertos momentos pesa menos que una narrativa poderosa.
La demanda que pretende la lleva a esa nueva lucha con Lichtman: ¿será más fuerte que diga que el régimen no es cómplice de los cárteles de las drogas?, o la palabra de Lichtman será más creíble. La respuesta no es sencilla, a la luz de la conversación pública de los últimos tiempos. Olvidarse de demandar es el mejor camino, en cuanto a certidumbre política, que tiene.