Las frases que definirán el control del gobierno sobre el Poder Judicial, el último contrapeso institucional que le faltaba colonizar, son memorables. ‘Fue un éxito democrático’, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. ‘Votó el pueblo informado’, agregó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
¿Acordeones con los nombres de quienes debían ser votados? No fue obra del gobierno, ni del partido, ni de la Santísima Trinidad con cara de morena. Fue gracias a “un montón de creatividad” de los mexicanos, explicó la líder del partido en el poder, Luisa María Alcalde. La magia mexicana y sus frutos.
Los nombres de las personas que quería el régimen que ganaran, los mexicanos muy bien informados, los trasladaron a un acordeón para iluminar a los votantes. El ejercicio fue “un ejemplo para el mundo”, describió Sheinbaum. La lista de nombres que salió de Palacio Nacional vía WhatsApp a los gobernadores hace tres semanas, apareció en las guías repartidas en las calles en vísperas de la votación. Posteriormente, el Instituto Nacional Electoral confirmó que lo que estaba ahí escrito era ley: quienes querían en la nueva Suprema Corte de Justicia, resultaron electos.
De esta forma, se consumó el primer acto de la farsa mexicana, una tragicomedia con consecuencias para el país.
No hubo ninguna sorpresa en el grupo que recibió el mayor número de votos, salvo que las favoritas, Lenia Batres y Yasmín Esquivel, fueron superadas ampliamente por un desconocido para muchos, Hugo Aguilar Ortiz, pero muy cercano al presidente emérito, Andrés Manuel López Obrador, que lo metió en la contienda –y quizás lo llenó de votos– en agradecimiento de que hubiera sido él quien le consiguió los derechos de vía del Tren Maya.
Sheinbaum fue la mensajera que transmitió a los gobernadores los deseos del régimen, que fueron operados por Andrés López Beltrán, el hijo del emérito a quien llaman Andy, que quería de ellos un acarreo de 20% de participación. Se quedaron cortos. En Chiapas, donde se encuentra la residencia de López Obrador, sólo participó 10% del padrón. En Palenque, donde está su finca “La Chingada”, la participación fue igual.
La Ciudad de México, el principal granero de votos de Morena, entregó una participación de 16.2%, donde la movilización en Iztapalapa, bajo control de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, contribuyó con 14% de ese total, y la Gustavo A. Madero, donde se encuentra su otra máquina de votos, contribuyó con 16%. En el Estado de México, la segunda entidad con mayor fuerza del régimen, apenas participó 10.9%. Y en Veracruz, donde hubo elecciones locales, hubo una participación de 17.4%, aunque en los comicios votó casi 50% del padrón.
Es decir, en los grandes estados morenistas votaron entre 1 y 1.7 personas de cada 10 –sin descontar votos anulados o no rellenos, que bajarán el porcentaje de votación efectiva a 8%–, con lo que la corona de laureles para la reforma judicial se humedeció. Las comparaciones de Sheinbaum de peras con manzanas y confundiendo la magnesia con la mayonesa para eliminar el hecho de que la gran reforma del régimen salpica ilegitimidad, no la dignifican como jefa de Estado. El videógrafo del expresidente, Epigmenio Ibarra, se esforzó para alcanzar la lucidez de Rodríguez, Alcalde y Sheinbaum, y preguntó: ¿Por qué tendrían que haber salido a votar?
La respuesta es simple: la legitimidad democrática se basa en la participación electoral, y cuando un poder alinea los subsistemas sociales, no hay legitimidad. México dejó de ser una democracia ante los ojos de muchos, internamente y en el mundo. Vivimos, como clasificó a México el Índice de Democracia de The Economist, el semanario más influyente del mundo, en un “régimen híbrido” que no es ni demócrata ni una democracia fallida, debido a sus irregularidades electorales, presiones sobre la oposición y un débil Estado de derecho. El rumbo que tomó el país hace tres décadas cambió en 180 grados su puerto de destino.
El que hayan votado oficialmente 12.4 de cada 100 personas, definitivamente no da legitimidad. La reforma es legal, de cualquier forma, lo que no le quita lo fraudulento, ni de origen –como se ha explorado en este espacio en ocasiones anteriores–, ni en el resultado.
Alcalde, que por lo que se ve entiende bastante de la idiosincrasia y capacidades mexicanas, es la única que quizás pueda explicar metafísicamente cómo fue posible que Hugo Aguilar Ortiz, un funcionario de cuarto nivel, desconocido y sin promoción, que sin terminar aun el cómputo, es el candidato a ministro de la Suprema Corte más votado, con cinco millones 295 mil 364 boletas a su favor.
Aguilar Ortiz es parte del primer acto del engaño judicial. Dijo que es indígena, pero es mestizo; afirmó que fue asesor del EZLN, pero los asesores del movimiento ya lo desmintieron. Nadie encuentra tampoco su título de maestro, un grado que dijo tener. El abogado está en el umbral de dirigir la Corte durante los próximos dos años, a la que habrá llegado con mentiras y fraudes.
El nuevo ministro le debe todo a López Obrador, igual que Yasmín Esquivel, que invirtió mucho para ser la presidenta de la Corte y no le alcanzó; Loretta Ortiz, que tiró por la borda una distinguida carrera de tanto que se hincó ante los deseos del presidente emérito, y Lenia Batres, que tiene la segunda votación más alta. Es hermana de Martí, un experimentado operador político en la capital federal, que además contará con otro cercano en la Corte, Francisco Anaya, que trabajó con López Obrador antes de irse con el actual director del ISSSTE. Sara Irene Herrerías le deberá el cargo a su jefe, el fiscal Alejandro Gertz Manero, que la ha apoyado con todo. Y nadie de los tres abogados que también llegarán a la Corte, Irving Espinosa, Giovanni Figueroa y Arístides Guerrero, tiene vínculos visibles con Sheinbaum.
Su Corte le pertenecerá a otros, subrayando la farsa más grande de este primer acto. Nunca un presidente tuvo más poder que Sheinbaum, y probablemente nadie tendrá menos poder que ella, que lo ha tenido que repartir, como diseñó su mentor.