Ayer será un día que deberá quedar grabado en la historia nacional por el reconocimiento oficial de que hay una guerra abierta en el país entre los cárteles, en donde el gobierno está a la expectativa, sentado en una butaca de primera fila para observar la tragedia mexicana, reconociendo que no hace nada. ¿Por qué? Porque no quieren y, quizás, porque tampoco pueden con los cárteles de las drogas, que el miércoles hicieron una demostración de extraordinaria capacidad de fuego, logística y movilización bélica sin preocuparse del Estado mexicano.
Veintiocho municipios en tres estados ( Michoacán, Guanajuato y Jalisco) se vieron comprometidos en una lluvia de fuego y balas entre organizaciones criminales, en un teatro de operaciones bélicas transfronterizo que nunca se había visto en este país. Lo más cercano a esto fue el 1 de mayo de 2015, cuando la Operación Jalisco, para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho, terminó con una gran derrota militar.
Siete comandos de élite y una policía federal murieron cuando el helicóptero táctico Blackhawk en el que viajaban fue derribado por su guardia pretoriana con un RPG-27 de manufactura rusa que impactó su misil tierra-aire en el rotor. Para evitar un nuevo intento de captura, el CJNG atacó a las fuerzas federales en 25 municipios de Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Colima. Enorme acción, pero ni ese día, ni la implosión del Cártel de Sinaloa, que mantiene en una situación de guerra a Culiacán desde septiembre, ni la lucha por la frontera con Guatemala que transformó Chiapas para siempre, son similares a lo que vimos el miércoles, donde hubo operaciones militares simultáneas de diferentes organizaciones criminales que tuvieron su Batalla de Stalingrado.
La Jornada, un diario cercano al régimen, reportó que funcionarios federales le informaron que entre los grupos que participaron en la batalla del 23 de abril se encontraban los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y Nueva Familia Michoacana -los tres considerados por el gobierno de Estados Unidos como “organizaciones terroristas”-, la banda criminal de Los Viagras -que con sus aliados del CJNG son quienes controlan el narcotráfico en Michoacán-, y su brazo armado Los Blancos de Troya.
Participaron, entonces, cinco organizaciones criminales -tres de ellas en alianza táctica-, pero por el alcance que tienen los tres grandes cárteles involucrados y el tipo de acciones que realizaron el miércoles, ya no se puede hablar solamente de bandas criminales con legiones de sicarios, sino de ejércitos irregulares, como se llama a aquellos grupos paramilitares bien organizados y flexibles capaces de operar en zonas urbanas y rurales, que no están subordinados a formalidades legales.
Las guerrillas suelen ser incluidas bajo este concepto, pero la gran diferencia con los grupos criminales es que estos no luchan por una causa y el derrocamiento del gobierno, sino por monopolios criminales y dinero, usurpando algunas de las funciones de las instituciones, como el uso de la fuerza, el control de la movilidad de la gente y los mercados, cobros de impuestos criminales y la seguridad, mediante la extorsión y el terror.
Este 23 de abril será un día para la historia por la forma criminalmente extraordinaria como se movieron las organizaciones delincuenciales en el centro del país. Pero también, por la candidez, o error político, en la que incurrió el gobierno mexicano al admitir el tamaño de lo que sucedió -con los números absolutos de su extensión territorial-, su falta de capacidad para impedir el miércoles de violencia, el reconocimiento de que no actuaron, y conformarse con señalar que se trató de un asunto entre criminales. Son políticamente inaceptables las explicaciones dadas.
“No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, apurada en cuidar la narrativa de que el actuar con fuerza el gobierno provocaba la violencia, mientras reconocía la incapacidad de su gobierno para impedir que esto suceda ante sus ojos y pasividad. “Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo todas las investigaciones”. ¿Qué investigarán? ¿Habrá detenciones? Eso es lo que dijo el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. “Estos hechos no quedarán impunes e informaremos de las detenciones correspondientes”. Ya veremos. Por lo pronto, la palabrería por encima de todo.
García Harfuch informó que los ataques fueron resultado de los conflictos entre dos grupos que disputan los territorios, como repitió Sheinbaum. Lo dijeron como si fuera algo normal, miméticos a la pérdida de nuestra capacidad de asombro a lo que sucedía hasta hace poco en la colonia Condesa, en la Ciudad de México; en Frontera Comalapa, Chiapas; o Culiacán, Sinaloa, y muchos lados donde pelean por plazas y mercados. Pero no es común, sino extraordinario, que en un día hubiera hechos violentos en 26 municipios de Michoacán, dos en Guanajuato y uno en Jalisco, donde grupos criminales antagónicos realizaron operaciones de ataque y defensa por horas en tantos puntos a la vez.
Mientras, en admisión de parte gubernamental, las fuerzas federales esperaron para actuar y cuando se fueran los criminales de las carreteras, restablecer el libre tránsito y limpiar de vehículos quemados lo que horas antes habían sido utilizados como narcoestrategia de guerra para bloquear la llegada de posibles refuerzos o para facilitar el repliegue. Miles de mexicanos quedaron atrapados en esta batalla, sin más protección que la que podían brindarse unos a los otros, porque quienes debían proveérsela, no lo hicieron. Dos policías estatales muertos en uno de los tres estados -porque ni siquiera eso han informado con precisión-, es la mejor señal de que las fuerzas de seguridad del Estado mexicano fueron espectadores de este miércoles negro.
Estamos viviendo lo que no se hizo. Cuando ocurrió el ataque del 1 de mayo, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se comprometió a acabar con el CJNG, pero fracasó. El expresidente López Obrador ni siquiera lo intentó. Cuando la Marina le dijo dónde se encontraba, ordenó no actuar contra El Mencho. Este miércoles no pudieron o no quisieron intervenir. Los criminales no lo sabían, pero tampoco les importó. No le temen a las Fuerzas Armadas ni a las policías mexicanas. Pueden actuar con impunidad, cuando así lo deseen.