Como si no fueran suficientes los fierros calientes que trae en la estufa la presidenta Claudia Sheinbaum, un nuevo problema le estalló ayer, resultado de la corrupción rampante que arrastra del gobierno de su mentor Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno decretó la nulidad “total” de la licitación para la compra de medicamentos y todos los insumos y equipos que necesita el sector salud, por presuntos sobornos en Birmex, los laboratorios de biológicos y reactivos del gobierno que López Obrador usó para eliminar la intermediación en la compra, almacenaje y distribución de medicinas, para evitar, precisamente, esas ilegalidades. La ironía de esa política tiene un tufo a podrido. Paradójicamente, la secuela de parar la compra de medicinas, también.
El desenlace de esta licitación internacional donde participaron 173 empresas y laboratorios mexicanos y extranjeros, se anticipó en marzo, cuando se revelaron presuntos casos de corrupción en Birmex por un monto estimado en 13 mil millones de pesos, por lo que Sheinbaum destituyó a su director, Iván de Jesús Olmos, que había sustituido en octubre al general de División, Jens Pedro Lohmann, nombrado por López Obrador, que encabezó el desastre criminal del desabasto de medicinas en el sexenio pasado, que provocó un número de muertes aún no cuantificadas.
La corrupción en Birmex, probablemente más grande y delicada que la de Segalmex, la empresa creada por López Obrador donde se llevó a cabo la mayor corrupción en la historia de este país conocida hasta ahora, salpica a todo el régimen de la ‘4T’. Olmos llegó a la titularidad de Birmex de la Dirección Jurídica de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, que encabezó por el voto mayoritario del Congreso local, controlado por Morena, y con el aval de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. No era un servidor público cualquiera. Olmos, describió el columnista Mario Maldonado cuando López Obrador lo nombró director de Birmex, era de todas sus confianzas.
No deja de sorprender que las sospechas de corrupción sobre él emergieran a sólo seis meses de haber llegado a Birmex, y a escasos 90 días de haberse iniciado el proceso de licitación en el sector salud. Sobre todo, si en octubre pasado se decretó que la compra de medicamentos para este año estaría a cargo de un comité colegiado encabezado por la Secretaría de Salud, con el acompañamiento de la Secretaría Anticorrupción. Participaban el Seguro Social, el ISSSTE, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Hacienda.
Salvo el titular de Salud, David Kershenobich, todos los demás habían sido imposiciones de López Obrador, anunciadas en una mañanera dos semanas después de que Sheinbaum ganó la elección. Zoé Robledo se quedó en el Seguro Social, repitiendo el cargo, mientras que Alejandro Svarch, que era director de Cofepris, fue nombrado responsable de IMSS-Bienestar, y Martí Batres llegó al ISSSTE. En el momento del decreto el secretario de Hacienda era Rogelio Ramírez de la O, que también lo había sido de López Obrador, y Raquel Buenrostro, que tiene una larga historia y nada positiva en el tema de la compra, almacenaje y distribución de medicinas, en la Secretaría Anticorrupción. ¿Qué sucedió entonces? ¿El cuerpo colegiado no se dio cuenta de lo que estaba haciendo Birmex?
En la industria tienen otros datos. Buenrostro inició en el gobierno de López Obrador como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. Pero no acordaba las cosas importantes con quien era su jefe en ese entonces, Carlos Urzúa, ni con Arturo Herrera, que lo sustituyó en el despacho de Hacienda. Con quien hablaba Buenrostro de manera regular era con López Obrador, que la llamaba frecuentemente al otro extremo de Palacio Nacional, donde se encuentran las dos oficinas.
López Obrador le había encargado combatir la corrupción, y uno de los primeros temas en los que se involucró fue en la distribución de medicinas. Buenrostro no sabía nada de las entrañas del negocio, pero tuvo en el entonces poderoso subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su asesor, quien le explicó el mapa de navegación para destruir de tajo el sistema imperante por corrupto. Aunque política e ideológicamente motivados, en la esencia no estaban equivocados. Había una importante corrupción arraigada en ese sistema que controlaban sólo unas cuantas empresas.
El problema lo conoció a detalle el gobierno de Enrique Peña Nieto, pero hicieron una evaluación costo-beneficio de la viabilidad de acabar con él de manera inmediata. El resultado era que saldría más caro que ir construyendo un modelo de compra de medicinas donde gradualmente se fueran desmantelando las redes de corrupción. La dupla Buenrostro-López-Gatell no hizo ese tipo de análisis ni previó las consecuencias, con lo que provocó un desabasto de medicinas cuyas secuelas se viven hasta hoy en día.
Al llegar Sheinbaum a la Presidencia buscó solucionar el problema y su otro hombre de toda confianza, el subsecretario de Salud Eduardo Clark, ideó un nuevo mecanismo donde volverían a incorporar a empresas privadas, muchas de las cuales había combatido Buenrostro. La secretaria, consideraron fuentes de la industria, se vengó de las empresas al actuar a raja tabla o, como describió su actuar una persona con amplio conocimiento del sector, “con irracionalidad”, porque de acuerdo con varias fuentes de la industria, la corrupción que planteó no se sostiene. “Sí hubo empresas descalificadas con precios más bajos”, precisó una de las fuentes, “pero sólo bastaba con reponer esas claves y asignarlas al más barato”.
Un análisis jurídico preliminar al que se tuvo acceso señala que el total de claves licitadas –tres mil 900, de las cuales no hubo oferta en mil 318– resultan afectadas por el fallo de nulidad total de la licitación, pero los contratos derivados de ella siguen vigentes y deben ser atendidos, porque de otra forma pueden ser causal de sanciones. En general, con la información hasta ahora disponible, hay lagunas en las explicaciones de la Secretaría Anticorrupción, incluso sobre aquellos casos que pudieran ser litigados mediante amparos. Una fuente de la industria dijo que el fallo generó mucha incertidumbre. Y se profundizará, porque Buenrostro pidió a la Secretaría de Salud que presente demandas penales, contra funcionarios públicos y contra algunas de las empresas que licitaron.