La vivienda no es solo un techo bajo el cual guarecerse, es un satisfactor de una necesidad humana básica, un derecho universal y, además, un motor de crecimiento económico. Su construcción moviliza cadenas productivas completas, genera empleos directos e indirectos, impulsa la industria de materiales, servicios financieros y, en general, dinamiza la economía. Sin embargo, en México, el acceso a una vivienda digna y asequible sigue siendo una aspiración lejana para millones de familias.
En las últimas décadas se ha abierto una brecha creciente que golpea especialmente a los trabajadores de menores ingresos. El aumento sostenido de los precios de la tierra y de los materiales de construcción, combinado con salarios rezagados, ha erosionado la capacidad de compra de los hogares. Al mismo tiempo, los créditos hipotecarios, aunque más accesibles que en el pasado, siguen siendo insuficientes para cubrir la totalidad del costo de una vivienda adecuada.
¿Cómo llegamos a este punto crítico? Una parte de la explicación radica en la corrupción y en los trámites excesivos, engorrosos y tardados que frenan los proyectos habitacionales. Los permisos municipales, las licencias de construcción y las autorizaciones ambientales se convierten en un laberinto que encarece y retrasa la edificación. A ello se suma la escasez de suelo urbano apto. Gran parte de los terrenos disponibles carece de servicios básicos o se encuentra en zonas alejadas, lo que obliga a construir viviendas donde el acceso a transporte, agua, drenaje y electricidad es limitado o inexistente.
El financiamiento tampoco escapa a la crítica. Pese a los esfuerzos de instituciones como el Infonavit y Fovissste, las condiciones de crédito no son competitivas frente a las necesidades reales de la población. Para quienes perciben menos de tres salarios mínimos, la opción de un crédito hipotecario simplemente no existe, perpetuando un círculo de exclusión. Además, la incertidumbre jurídica sobre la propiedad de la tierra y la falta de seguridad patrimonial desincentivan tanto la inversión privada como la confianza de las familias.
La infraestructura urbana es otro eslabón débil. Muchas ciudades del país arrastran rezagos graves en movilidad, servicios públicos e incluso suministro de agua, algunas se encuentran ya al borde del colapso. Construir viviendas en estos contextos no resuelve el problema, sino que lo traslada, generando nuevos cinturones de precariedad.
Frente a este panorama, el programa de construcción de vivienda económica impulsado por el gobierno federal es, en principio, un paso en la dirección correcta. Reconoce la urgencia de atender a los sectores que han quedado fuera del mercado formal. Pero su viabilidad está en duda si no se acompaña de cambios estructurales profundos. No basta con fijar metas numéricas de viviendas construidas; se requiere asegurar suelo bien localizado, simplificar los procesos de autorización, ofrecer esquemas de financiamiento realmente accesibles y garantizar infraestructura urbana de calidad.
La vivienda en México debe entenderse como un derecho que exige políticas integrales y sostenidas, no como una mercancía aislada del entorno urbano. Si no se corrigen las causas estructurales que hoy limitan el acceso a un hogar digno, cualquier programa corre el riesgo de quedarse en buenas intenciones y cifras en papel.
En este terreno, como en muchos otros, el reto no es menor, se trata de cerrar la brecha entre el derecho reconocido y la realidad que vivimos.