Las ciudades son, sin duda, los motores del desarrollo económico y social. En ellas se concentran las oportunidades, la innovación y el talento; pero también los desafíos más apremiantes. Entre estos, pocos son tan visibles, y al mismo tiempo tan ignorados, como el rezago en infraestructura y la deficiencia en los servicios públicos.
A medida que las zonas metropolitanas crecen, en muchos casos de manera desordenada y acelerada, la demanda de vialidades, transporte eficiente, agua potable, saneamiento, energía, espacios públicos y servicios básicos se multiplica. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos locales para atender estas necesidades no siempre crece al mismo ritmo. El resultado es un desfase que impacta directamente en la calidad de vida de millones de personas.
En América Latina, y particularmente en México, esta brecha entre lo que se necesita y lo que realmente se tiene, se amplía año con año. No se trata solo de un tema presupuestal, sino también de planeación, visión de largo plazo y voluntad política.
Muchos gobiernos municipales, atrapados en el cortoplacismo y limitados en recursos, terminan desviando esfuerzos y presupuestos hacia asuntos que, aunque mediáticamente atractivos, no resuelven los problemas estructurales. Otros, en el mejor de los casos, intentan atender desafíos que corresponden al ámbito estatal o federal, menguando así su capacidad de acción en lo verdaderamente prioritario.
El resultado es un círculo vicioso de rezago e inacción que arrastramos desde hace décadas. La falta de infraestructura adecuada y servicios públicos de calidad no solo limita el desarrollo económico, sino que profundiza la desigualdad social, incrementa la inseguridad y degrada el entorno urbano.
Sin embargo, en medio de este panorama, surgen oportunidades que no podemos desaprovechar. Una de ellas es el programa piloto anunciado recientemente por el Banco Interamericano de Desarrollo, denominado “BID para ciudades y regiones”, que durante los próximos cinco años buscará apoyar a gobiernos subnacionales de América Latina con una línea de crédito de hasta mil millones de dólares.
Lo más valioso de esta iniciativa no es únicamente el financiamiento, sino el enfoque integral. Además de los recursos, se contempla asistencia técnica para fortalecer las capacidades institucionales de municipios, estados y regiones. Se trata de dotar a los gobiernos locales de las herramientas, conocimientos y soporte necesarios para liderar proyectos de infraestructura, desarrollo urbano y servicios públicos que, efectivamente, transformen a sus comunidades y contribuyan al desarrollo sostenible.
Este tipo de programas, bien aprovechados, pueden convertirse en catalizadores para detonar la inversión privada, tan indispensable para multiplicar los esfuerzos y cerrar la brecha de rezago que aqueja a nuestras ciudades. También representan una ventana de oportunidad para las empresas constructoras, los urbanistas, los ingenieros, los arquitectos y los profesionales del sector, que tienen en sus manos la posibilidad de participar en el rediseño y modernización de nuestras metrópolis.
El reto es monumental, pero aplazarlo solo lo hará más complejo y costoso. Las ciudades están, en muchos casos, al límite, y ya no pueden esperar. Es momento de que gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales y sector privado sumen esfuerzos, con una visión clara y de largo plazo, para construir las ciudades que sus habitantes merecen y que el futuro exige.