La transición energética se ha consolidado como una meta global ineludible. Gobiernos, empresas y ciudadanos han comenzado a comprender que abandonar progresivamente los combustibles fósiles es no solo una urgencia climática, sino también una oportunidad económica. Sin embargo, el camino hacia un modelo energético más limpio y sostenible está lejos de ser una marcha triunfal. Hoy, diversas amenazas, políticas, económicas y geopolíticas, ponen en riesgo el progreso alcanzado y podrían frenar, o incluso revertir, los avances logrados.
Una de las amenazas más visibles es el repunte de las inversiones en combustibles fósiles, alentado por los altos precios de la energía, las guerras y la inestabilidad global. Las grandes petroleras han recortado sus presupuestos para energías renovables, alegando “incertidumbre regulatoria” o “retornos insuficientes”. Pero, ¿acaso no estamos jugando con fuego?
La politización de la transición energética es otro obstáculo preocupante. En muchos países, el discurso ambiental se ha convertido en un campo de batalla ideológico. Esto no solo retrasa reformas necesarias, sino que crea confusión en la opinión pública. Algunos gobiernos que inicialmente impulsaban leyes ambiciosas para reducir emisiones, hoy enfrentan presiones internas para ralentizarlas o incluso derogarlas. La desinformación, alimentada por intereses económicos, ha contribuido a generar escepticismo en torno al cambio climático y sus soluciones.
Tampoco podemos ignorar las barreras tecnológicas y de infraestructura. La producción de baterías, paneles solares y turbinas eólicas depende en gran medida de minerales críticos como el litio, el cobalto y las tierras raras, cuya extracción concentra impactos sociales y ambientales en regiones vulnerables. Además, las cadenas de suministro son frágiles y están expuestas a tensiones geopolíticas. ¿Cómo garantizar que la transición energética no repita las lógicas de explotación que caracterizaron al modelo fósil?
El caso de México ilustra bien algunas de estas tensiones. Aunque el país cuenta con un enorme potencial solar y eólico, la transición energética ha sido inconsistente y politizada. Las reformas recientes han privilegiado a la empresa estatal CFE, y han limitado la participación del sector privado en energías renovables. Esto ha generado incertidumbre en los mercados, retrasos en proyectos y un freno en las inversiones verdes. Además, la dependencia de combustibles fósiles como el gas natural sigue siendo alta, lo que no solo compromete los compromisos climáticos internacionales, sino que expone a la economía a vulnerabilidades externas. Para México, la oportunidad está en acelerar una transición justa, que combine soberanía energética con innovación, descentralización y sostenibilidad.
Es necesario entonces entender que la transición energética no es un lujo, sino una necesidad. La inversión pública debe jugar un rol catalizador, no solo financiando infraestructura verde, sino también protegiendo a los sectores más vulnerables del proceso. Incentivar la formación técnica y la reindustrialización verde puede generar empleos de calidad y apuntalar la aceptación social de los cambios.
También es urgente blindar las políticas climáticas de los vaivenes partidarios e ideológicos. Esto requiere acuerdos de estado y marcos regulatorios estables, que ofrezcan certeza a los inversores y confianza a los ciudadanos. El consenso científico ya está claro; lo que falta es voluntad política.
La transición no es solamente un cambio de tecnologías, sino una oportunidad para construir un modelo energético más justo y resiliente. Esto implica democratizar el acceso a la energía, reducir las desigualdades y respetar los límites del planeta. La transición energética puede ser la gran obra colectiva de nuestro tiempo, pero solo si tenemos el coraje de enfrentar sus amenazas con visión, decisión y equidad.