Todo indica que en el próximo periodo legislativo se activarán, con cierta prioridad hasta ahora inusitada, las discusiones sobre reformas e iniciativas relacionadas con la inteligencia artificial. No partimos de cero.
En los últimos meses se aprobaron algunas reformas a nivel federal en materia de protección de los derechos de locutoras, locutores y personas dedicadas al doblaje, para proteger su voz en el ámbito de la Ley Federal del Derecho de Autor, así como algunos ajustes en materia laboral y en medios alternativos de solución de controversias.
También en varias entidades federativas se han impulsado reformas, principalmente en materia penal, para tipificar ciertas conductas vinculadas con usos indebidos de la inteligencia artificial generativa. En lo personal, creo que la vía penal no es la adecuada para abordar el tema, pero la tendencia legislativa es persistente en ese enfoque.
Pero la discusión importante está por venir. La presidenta Claudia Sheinbaum la ha anunciado ya en sus conferencias matutinas. El diputado Ricardo Monreal ha tomado la voz cantante en la Cámara de Diputados. Hay iniciativas serias por parte del senador Zapata en la Cámara de Senadores, y otras diputadas y diputados, senadoras y senadores —presidentes de comisiones o aspirantes a presidirlas, como la recientemente creada Comisión de Inteligencia Artificial en San Lázaro— también han comenzado a participar en el debate.
Lo cierto, y lo que verdaderamente importa, es que antes de legislar debería haber una reflexión mucho más profunda sobre algunos aspectos que toda legislación seria debe contemplar. Propongo algunas brújulas que me parecen relevantes.
Empecemos con lo más elemental: ¿qué es lo que se quiere regular? Hablar de “Inteligencia Artificial” a secas es hablar de muchas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, pensar en la inteligencia artificial generativa ya perfila un tipo de tecnología en particular —quizá la que hoy más interesa a las sociedades contemporáneas—, pero incluso dentro de esa acotación hay dimensiones distintas de la tecnología que deben entenderse y comprenderse bien antes de iniciar cualquier proceso normativo.
No es lo mismo regular un modelo de lenguaje que un sistema de reconocimiento facial, un algoritmo de decisión crediticia o una herramienta de diagnóstico médico asistido.
Una segunda cuestión fundamental es definir cómo se quiere regular. En este punto se abre una segunda pregunta relevante: ¿se quiere regular de manera general y global, mediante una legislación única que pretenda englobar todos los aspectos vinculados con estas tecnologías, o se quiere avanzar con regulaciones específicas sobre temas puntuales?
Desde mi punto de vista, lo más inteligente sería buscar, en la experiencia comparada, los mejores modelos regulatorios disponibles para construir una regulación mínima de carácter horizontal y, a partir de ahí, avanzar con regulaciones verticales: normas puntuales sobre materias concretas que vayan atendiendo el uso, el aprovechamiento y, eventualmente, los abusos de la inteligencia artificial generativa en ámbitos específicos como, por ejemplo, la educación, la salud, la ingeniería o la medicina.
Es decir, promover una regulación vertical por materias en lugar de una sola ley que pretenda abarcarlo todo. Y esto no es una preferencia meramente técnica: la inteligencia artificial evoluciona día con día, se transforma, y los desarrollos tecnológicos avanzan con una velocidad cada vez mayor.
Una tercera cuestión sobre la que ha insistido Alejandro Pisanty: regular el uso, no el instrumento. Existe una distinción conceptual que resulta central y que con frecuencia se pierde en el debate público: lo que hay que regular es el uso de la inteligencia artificial, no la herramienta en sí misma.
La inteligencia artificial es un instrumento, y lo que debemos normar son los usos que se hacen de ese instrumento para los fines más diversos, así como las consecuencias que esos usos generan.
Regular los usos permite construir un marco jurídico centrado en las conductas y decisiones de las personas, en las relaciones de poder que la tecnología puede exacerbar y en los derechos que pueden verse vulnerados, sin necesidad de anticipar —porque sería imposible— cada nueva versión o capacidad que la tecnología vaya adquiriendo.
Antes de que los fervores parlamentarios se activen y la maquinaria legislativa se ponga en marcha, sería prudente que quienes habrán de legislar se detengan a responder, con calma y con rigor, estas preguntas elementales: qué queremos regular, cómo queremos hacerlo y a quién, en realidad, buscamos proteger.