El régimen de Nicolás Maduro es dictatorial y, si nos atenemos a los resultados de las últimas elecciones en Venezuela, ilegítimo. Heredero de un gobierno también autoritario, pero con un fuerte apoyo popular hasta la muerte de Hugo Chávez, Maduro y su camarilla se encargaron de desmantelar las instituciones constitucionales venezolanas, persiguieron a sus opositores y desarticularon a las organizaciones civiles que les oponían resistencia.
Casi ocho millones de personas —un tercio de la población— han abandonado su país en los largos años que ha durado el régimen chavista en sus dos etapas. En algunos casos se trató de exilios económicos, pero en muchos otros de exilios políticos como los que provocaron las dictaduras latinoamericanas del siglo pasado. Todo esto es cierto y hay que denunciarlo sin ambajes.
Pero la declaratoria de guerra realizada por el presidente Trump el día de ayer es inaceptable. Todo indica que seremos testigos de una invasión militar que se venía anunciando desde hace meses y que fue madurando a través de los bombardeos a lanchas tripuladas por presuntos narcotraficantes, que son ejecuciones a secas, es decir, asesinatos y, en esa medida, crímenes que merecen ser castigados. Pero el presidente norteamericano y su gabinete de seguridad los ostentan con una prepotencia y una impunidad que dan miedo.
La invasión que fue anunciada por el propio Trump el día de ayer: “Empezaremos con los ataques por tierra. Será mucho más fácil así. Sabemos dónde están, qué rutas cogen” —es un atentado contra el derecho internacional y, por lo mismo, un acto que merece el repudio de la comunidad mundial.
El pretexto que eligió el gobierno estadounidense es una amenaza para la soberanía de todos los países del mundo. Lo dijo el propio mandatario de nuestro vecino del norte: “Si entran por un país determinado, cualquier país... Si creemos que están construyendo fábricas para producir ya sea fentanilo o cocaína… He oído que Colombia está fabricando cocaína... cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está sujeto a ser atacado”.
La mención a Colombia —con cuyo presidente Trump ha tenido un enfrentamiento verbal desde hace meses— es aviesa, pero su silencio sobre nuestro país es también significativo. No mencionó a México, pero la advertencia velada es directa. La presidenta Sheinbaum debe tomarse muy en serio la advertencia trumpista. No soy internacionalista, pero supongo que nuestra relación con los Estados Unidos no había sido tan tensa en lo que va del SXXI.
No está de más advertir que la decisión anunciada por Trump también es una abierta violación a la constitución de su país. El artículo 1, sección 8, cláusula 11 de la Constitución de los Estados Unidos establece que la facultad de “declarar la guerra, otorgar cartas de corso y represalia, y establecer reglas en materia de capturas en mar y tierra” corresponde al Congreso de los Estados Unidos, no al gobierno.
Pero, como vivimos en un mundo de déspotas cínicos y de sociedades complacientes, parece que tampoco eso importa. Son tiempos de canallas.