La disputa geopolítica por el dominio y liderazgo en desarrollos de Inteligencia Artificial (IA) es abierta, pública y conocida.
China y Estados Unidos tienen una carrera descarnada en ese terreno. El resto del mundo, salvo con algunas pocas excepciones, es espectador de esa contienda y, en su caso, algunos países son maquiladores de esa tecnología de punta.
Las inversiones que los dos gigantes están colocando en su competencia son impresionantes. Van dos ejemplos de nuestros vecinos del norte.
El 31 de octubre una nota del New York Times consignaba estos datos: “Nvidia se convierte en la primera empresa en superar los 5 billones (5 trillones) de dólares en valor”; “Meta eleva su previsión de gasto en Inteligencia Artificial a más de 70 mil millones (70 mil millones) de dólares”.
De ese tamaño es la apuesta y la riqueza generada por esa tecnología que está impactando, cada vez más, en todos los ámbitos de nuestras vidas. Las diferencias en las estrategias regulatorias en la materia son notables y muy interesantes.
China tiene una regulación perfectamente alineada con su agenda estratégica de Estado. Desde 2017 anunció al mundo que su propósito es lograr el liderazgo mundial en 2030 y no ha cejado en el empeño.
La naturaleza centralizada y autocrática de su diseño estatal es totalmente funcional a ese propósito. Los chinos saben planear y ejecutar sus planes de manera implacable y efectiva. En esta carrera por el dominio de la IA lo han confirmado en todos los frentes.
Estados Unidos, desde el inicio del segundo gobierno del presidente Trump, ha optado por una política pública muy diferente. En lugar de regular, nuestro vecino del norte ha optado por dejar las manos libres a las grandes empresas tecnológicas de ese país para que desarrollen con libertad y sin obstáculos regulatorios.
Basta con recordar las palabras del vicepresidente Vance en la cumbre de Acción sobre Inteligencia Artificial en París en febrero pasado: “La administración Trump está preocupada por los informes que indican que algunos gobiernos extranjeros están considerando endurecer las restricciones sobre las empresas tecnológicas estadounidenses con presencia internacional. Estados Unidos no puede ni aceptará eso, y creemos que sería un grave error”.
Ese discurso sería refrendado por el gobierno estadounidense con el Plan de Acción sobre IA algunos meses más tarde.
Pero, además de su contenido y sentido, el discurso de Vance suponía una amenaza hacia la Unión Europea, que sí aprobó una regulación estricta para la IA y que no está centrada en la innovación, sino en la protección de los derechos humanos (sobre todo privacidad y datos personales) de los habitantes del continente europeo.
La regulación todavía está en proceso de implementación —con enormes dificultades normativas y prácticas—, pero existe y es vigente.
Esa ruptura histórica desde EU hacia la Unión Europea está enmarcada en la competencia con China por el liderazgo en el desarrollo de IA. De ahí la advertencia de que no aceptaría regulación alguna sobre las empresas tecnológicas norteamericanas.
En el Plan de Acción las referencias a China son abiertas y directas. Para ganar la batalla, los norteamericanos se proponen inversiones multimillonarias en infraestructura acompañadas de reglas flexibles para acceder al uso de agua y poder emitir emisiones contaminantes. Es decir, apuestan por una política liberal irrestricta.
En ese contexto complejo, competitivo e incierto, merece la pena preguntarnos qué estamos haciendo y pensando en México. El dato duro principal es que en este momento no existe un marco regulatorio sobre ningún ámbito de uso de la IA en el país.
Tenemos algunas decisiones tímidas de instituciones como el Instituto Nacional de Derechos de Autor, que ha negado registros a “creaciones” realizadas con el uso de IA, y decisiones judiciales que se han pronunciado sobre esos mismos casos.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (no la “nueva” corte) conoció y resolvió uno de esos casos con sinuosos argumentos. Poco más por el momento.
En el ámbito legislativo, la lista de iniciativas en la materia es larga. Van más de 200 iniciativas presentadas entre la legislatura anterior y la actual sobre el mismo tema.
Por fortuna, ninguna ha sido aprobada porque, en su mayoría, se trata de ocurrencias que no se hacen cargo de la complejidad, particularidades y vertiginosidad del fenómeno que pretenden legislar. Y el asunto es complejo por muchas aristas.
Es cierto y hay que reconocer que también ha habido esfuerzos serios en ambas cámaras para abordar el tema en sus justas dimensiones. El senador Rolando Zapata, presidente de la comisión de IA del Senado, y el diputado Eruviel Ávila, presidente de la comisión equivalente en la Cámara de Diputados, han convocado a cursos y encuentros serios sobre el tema.
Me consta porque he tenido oportunidad de estar cerca y participar en algunos de ellos. Destaco sobre todo su interés por comprender antes de regular una materia que tiene al mundo en ascuas.
En días recientes también hemos conocido esfuerzos liderados por dos secretarías de Estado: la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.
La presidenta ha anunciado que ambas instancias trabajan en el Laboratorio Nacional en la materia. Veremos de qué va la cosa. Pero lo cierto es que para entrarle al tema tendremos que entender que el asunto requiere una regulación flexible y por materias específicas.
También debemos reconocer que somos usuarios y no generadores de herramientas de IA y, lo más obvio y complicado, que somos vecinos y socios comerciales del gigante que vive en el norte.
Un gigante que tiene un gobierno que no quiere saber nada de regulación en la materia.