Somos muchos —aunque no los más— quienes hemos advertido una regresión autoritaria en México. Una pregunta interesante es si estamos de regreso a los tiempos de un partido hegemónico, una Presidencia con poderes metaconstitucionales (Carpizo dixit) y un autoritarismo de facto y no de iure. Es decir, si volvimos al priismo del siglo XX.
Si miramos la cuestión desde una perspectiva teórica y general, es posible sostener que sí vivimos —técnicamente— una regresión. El poder del presidencialismo priista en su apogeo era absoluto y autocrático. Esto es: ilimitado y concentrado. El poder del régimen actual reúne ambos atributos. En ese sentido podemos decir que hemos regresado a un sistema político absolutista y autocrático.
Existe, como existía desde 1917, una separación formal de los poderes constitucionalizada, pero, en los hechos, el Poder Ejecutivo tiene predominio y control total sobre el Poder Legislativo y, dentro de muy poco, como anuncia la simulación dominguera, sobre el Poder Judicial. También existe un dominio apabullante a nivel de los gobiernos y poderes estatales. Déjà vu.
De hecho, por eso, como en los mejores años del PRI hegemónico, el régimen actual se ha apropiado del texto constitucional. Lo cambian a capricho y a contentillo sin respetar formas, técnicas y contenidos. Por esa vía, de hecho, han desarticulado los mecanismos de control jurisdiccional de constitucionalidad.
Por ello, en estas mismas páginas, he sostenido que México ha dejado de ser una democracia constitucional.
También han cooptado o desaparecido a los órganos garantes de derechos humanos, educación, transparencia y datos personales, competencia económica, telecomunicaciones. Banxico, INE e INEGI perduran, pero su sumisión política es patente y creciente.
Pero hay factores y actores que son significativamente diferentes al presidencialismo de los tiempos de la hegemonía del PRI. La primera es que aquel sistema autoritario se fue consolidando en clave autoritaria sin que el país hubiera vivido antes ninguna experiencia democrática. El actual, en cambio, se erige desmantelando nuestra breve primavera democrática (1997-2007).
El dato no es menor porque el absolutismo autocrático se ha impuesto en estos años en contra de una “democracia constitucional”. Por eso la regresión autoritaria es mayúscula y sin precedentes.
Ciertamente, no se ha tratado de un golpe de Estado en sentido técnico, pero sí de un golpe constitucional que ha cambiado de manera radical al régimen político. Eso nunca había pasado en la historia de México.
En segundo lugar, la llamada 4T es un régimen y no un gobierno. El poder real no está concentrado en la presidenta en turno, sino que es compartido con el presidente que está presente en el discurso (la presidenta lo evoca y elogia sin cesar), en los símbolos (la presidenta lo emula y lo imita), en el gabinete (con sus operadores), en el partido (a través de su hijo).
En los tiempos del presidencialismo priista, el paso del bastón de mando era real y el presidente en turno gobernaba solo. La presidenta Sheinbaum, en cambio, comparte el mando.
Otra diferencia estructural es el papel que tienen las Fuerzas Armadas en el país. Desde 1857 hasta 2024 la regla constitucional era clara: en tiempos de paz, los militares en los cuarteles.
Sabemos que la regla comenzó a romperse desde los primeros años del siglo XXI cuando el panismo empezó a militarizar la seguridad pública, pero el artículo 129 constitucional seguía intacto: “En tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”. Ahora, con una reforma del año pasado, la puerta está abierta: “En tiempos de paz, ninguna autoridad puede ejercer más funciones que las que tenga previstas en esta Constitución y las leyes que de ella emanen”.
Por eso las Fuerzas Armadas ahora realizan labores de ministerio público, de policías, construyen obras, administran puertos y aduanas, etcétera. Y no fueron los militares los que derrumbaron la puerta, sino los civiles quienes la abrieron.
La prisión preventiva oficiosa constitucionalizada desde los tiempos de Calderón y expansivamente ampliada en los dos gobiernos de la 4T también marca una diferencia con el pasado. La Constitución del siglo XX y de los primeros años del siglo XXI guardaba las formas liberales del debido proceso; la que nos rige en la actualidad ya no.
En síntesis: el presidencialismo metaconstitucional era autoritario contra la constitución; el autoritarismo actual está constitucionalizado.
No regresamos al presidencialismo metaconstitucional del priismo del siglo XX. Esto es otra cosa, temo que más absolutista, más autocrática y potencialmente mucho más autoritaria.