En petit comité

Esencial, fiscalizar y vigilar los 57 mil mdp destinados al Plan Michoacán

La verdadera paz, en Michoacán, no se ganará con despliegues ni presupuestos que terminan desaparecidos, sino con inversión y la reconstrucción paciente de la confianza ciudadana.

La violencia en Michoacán no es nueva. Desde hace alrededor de dos décadas, la inseguridad, corrupción y violencia tienen sitiado a un estado que nada más en 2024 exportó 4 mil 500 millones de dólares en productos agrícolas a EU.

Lamentablemente, la historia reciente en esa entidad condensa el fracaso estructural de las políticas de seguridad mexicanas: operativos espectaculares, militarización creciente y promesas de desarrollo que nunca terminan de llegar y que se ven opacadas por corrupción e impunidad.

El “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia”, presentado por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se convierte en el más reciente intento de apagar un incendio que se ha vuelto parte del paisaje.

En 2005, durante el gobierno de Vicente Fox, Michoacán ya era escenario de una pugna entre los cárteles del Golfo y del Pacífico. Fox respondió con el envío masivo de policías federales, sin estrategia ni coordinación con las autoridades locales. Aquel operativo, que derivó en el asesinato del director de la policía estatal, Rogelio Zarazúa, marcó el inicio de una espiral de violencia sin retorno.

Un año más tarde, Felipe Calderón convirtió a su estado natal en el laboratorio de su “guerra contra el narcotráfico”. Apenas asumió el poder, en diciembre de 2006, lanzó la “Operación Conjunta Michoacán”, el primer despliegue militar a gran escala del siglo XXI. Más de 6 mil 500 efectivos del Ejército y la Marina llegaron al estado bajo el argumento de “recuperar el control del territorio”. Pero lo que siguió fue una escalada sin precedentes. Entre 2006 y 2012, los homicidios en Michoacán aumentaron más del 200%, según el INEGI.

El gobierno de Enrique Peña Nieto intentó un viraje. Su “Plan Michoacán” de 2014 buscó institucionalizar a las autodefensas surgidas contra los Caballeros Templarios. El resultado fue ambiguo y, mientras algunas células se incorporaron a la policía rural, otras derivaron en nuevos grupos criminales. Aunado a esto, el comisionado Alfredo Castillo –quien ahora está inhabilitado por 10 años de ejercer servicio público por no declarar seis cuentas bancarias con más de 18.3 millones de pesos– es investigado por la UIF por irregularidades en su gestión como comisionado de la paz y seguridad en Michoacán con 207 millones de pesos, cuyo destino aún se desconoce. En 2015, Michoacán volvió a encabezar las tasas de homicidio doloso del país, con más de mil 600 asesinatos anuales.

Con Andrés Manuel López Obrador, el discurso cambió a “abrazos, no balazos”. Se creó la Guardia Nacional y se apostó por programas sociales para “atacar las causas” de la violencia. Pero la realidad mostró su resistencia y de 2018 a 2024 los homicidios en Michoacán superaron los 12 mil casos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La extorsión al sector agroindustrial –especialmente el aguacate y el limón– se consolidó como fuente principal de ingresos criminales, generando pérdidas estimadas en más de 10 mil millones de pesos anuales.

Ahora, el gobierno de Claudia Sheinbaum promete invertir 57 mil millones de pesos y enviar 10 mil militares más. Su plan de 12 ejes busca combinar fuerza y desarrollo. Es importante combatir también la corrupción institucional, un lastre que aqueja a nuestro país históricamente. Desde ahora se debe aclarar cómo se utilizarán y se fiscalizarán esos recursos, en qué rubros se invertirán y cómo se garantizará su ejecución de manera transparente para evitar que el dinero termine en los bolsillos de funcionarios. Un consejo conformado por ciudadanos, entidades de gobierno, empresarios locales y personas afectadas directamente por la violencia que ha colocado a Michoacán como uno de los 7 estados donde se comete el 51 por ciento de los homicidios del país.

La verdadera paz, en Michoacán, no se ganará con despliegues ni presupuestos que terminan desaparecidos, sino con inversión y la reconstrucción paciente de la confianza ciudadana, esa que ningún plan ha sabido restaurar. Es crucial determinar quién vigilará la canalización de recursos y el uso transparente de los mismos.

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Oscar Mario Beteta

Oscar Mario Beteta

Con más de 30 años de presencia y experiencia en medios de comunicación, Óscar Mario Beteta es un conocido periodista y conductor de televisión mexicano.

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