En los últimos meses, el combate al huachicol se ha consolidado como una victoria constante para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En tan sólo ocho meses —y gracias a la estrategia implementada por el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch— las autoridades han decomisado más de 39 millones de litros de gasolina y petróleo robado con megaoperativos como los realizados en Coahuila y Tabasco, donde fueron incautados 15 millones y 880 mil litros de combustible, respectivamente.
Estas cifras dejan ver que hay un Estado combativo, decidido a golpear el crimen organizado en este delito que representa una fuga de recursos millonaria: en 2024, el huachicol generó pérdidas por 9 mil millones de dólares, según la Presidencia. El decomiso de casi 4 millones de galones en Coahuila, el mayor desde el inicio del sexenio, también fue destacado por el secretario García Harfuch.
Sin embargo, hasta el momento no han sido presentados responsables. En Coahuila, pese al decomiso histórico, no hubo detenidos. El patrón se repite: en marzo se confiscaron 10 y casi 8 millones de litros en Tamaulipas y Baja California, también sin arrestos. Desde 2019 hasta 2024, solo 9 sentencias se han presentado de 54 consignaciones.
El secretario García Harfuch ha reconocido que el modus operandi incluye almacenamiento en carrotanques convertidos en depósitos improvisados —confirmando que son piezas sofisticadas de logística delictiva— y que solo tras obtener elementos de actos previos se han logrado órdenes de aprehensión.
Pero la ausencia de responsables visibles alimenta sospechas de corrupción o filtraciones que alertan a las mafias con anticipación. No basta con decomisar millones de litros; también se necesita romper la cadena de impunidad y detener a funcionarios del más alto nivel coludidos en estas operaciones ilícitas, y dar a conocer sus nombres y apellidos.
El papel de Omar García Harfuch ha sido central. Su trayectoria —incluida su sobrevivencia a un atentado atribuido al CJNG en 2020— y su coordinación con órganos como la Marina, el Ejército y la FGR han fortalecido la persecución de delitos. No obstante, sin detenciones, el ciclo se ve incompleto y es imposible detonar la transparencia, el castigo y la disuasión de acciones del Estado. Si se confisca sin sentenciar, se libera espacio para que otros ocupen ese lugar ilícito.
Hace falta una estrategia de fiscalización —no solo incautación— basada en inteligencia preventiva, protección de testigos y transparencia en el proceso judicial. Así, cuando el secretario García Harfuch informe sobre decomisos futuros, también podrá decir: “hemos detenido a líderes, desarticulado redes y presentado sentencias”. Hasta entonces, la lucha contra el huachicol seguirá con una deuda moral, política y criminal pendiente.
Para consolidar el trabajo en materia de seguridad, no basta con mostrar músculo operativo. También es necesario demostrar capacidad institucional para castigar a los responsables. De lo contrario, el mensaje que se manda es peligroso: se puede robar combustible a gran escala, perderlo en decomisos… y aun así, nadie termina tras las rejas.
Sotto Voce
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