El aplazamiento de 45 días del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las sanciones contra Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa representa mucho más que un simple gesto diplomático; es un salvavidas temporal que pudiera con el tiempo evidenciar una fractura profunda en la confianza internacional hacia el sistema financiero mexicano.
Las acusaciones son serias. Las autoridades estadounidenses sostienen que durante años estas instituciones facilitaron operaciones de lavado de dinero para los principales cárteles del narcotráfico, incluyendo transferencias millonarias a empresas chinas proveedoras de precursores químicos para la elaboración del fentanilo. Aunque las investigaciones siguen su curso y aún no hay un fallo definitivo, el hecho de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haya intervenido y tomado control de la administración de estas entidades bancarias habla por sí mismo.
Este episodio plantea una pregunta inevitable: ¿qué tan blindado está el sistema financiero mexicano contra el crimen organizado? El Gobierno ha respondido con una estrategia de contención al asumir la gestión temporal de las instituciones afectadas con apoyo de la banca de desarrollo. Pero la confianza perdida —tanto entre inversionistas como entre socios internacionales— no se recupera con comunicados de prensa. Se requiere una transformación profunda del sistema de vigilancia financiera, acompañada de transparencia, acceso público a las investigaciones y sanciones ejemplares, si se confirma la culpabilidad.
También preocupa el silencio de algunos sectores financieros, a pesar de que la CNBV afirme que no hay más bancos involucrados. Las operaciones de Intercam, CIBanco y Vector suman activos por más de 22 mil millones de dólares. Son instituciones relevantes, con impacto directo en miles de clientes y en la estabilidad de los mercados mexicanos. Frente a esto, el mensaje debe ser claro y contundente, pues no puede haber lugar para la opacidad ni para la tibieza cuando se trata de combatir el lavado de dinero.
A la incertidumbre jurídica y regulatoria se suma la ambigüedad política. La coordinación entre el Gobierno de la doctora Sheinbaum y la administración de Donald Trump —quien, a pesar de su historial polémico con México, aparece ahora como “socio” en este operativo conjunto— genera escepticismo. ¿Realmente se está defendiendo al sistema financiero mexicano o simplemente se está tratando de evitar una crisis mayor?
La prórroga hasta el 4 de septiembre es una oportunidad no para “ganar tiempo”, sino para actuar con contundencia. México necesita fortalecer sus mecanismos de supervisión, renovar la estructura interna de sus instituciones bancarias y, sobre todo, garantizar que la relación con EU esté basada en reglas claras y respeto mutuo, no en improvisaciones ni “bomberazos”.
Lo que está en juego no es solo la reputación de tres instituciones financieras, sino la credibilidad de un país entero ante los ojos de los mercados globales, y la confianza que deben dar las autoridades mexicanas a los ahorradores e inversionistas, quienes de buena fe depositan sus recursos en las entidades bancarias que operan en el país (que son más de 50).
Sotto Vocce
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