Cada vez es más notorio que el gobierno de Estados Unidos le está leyendo la cartilla al de México, o dicho de otra forma, está haciendo el trabajo que la administración federal mexicana no hace o no quiere hacer.
Tras la detención de prominentes capos mexicanos y la negociación con ellos, deja claro que Donald Trump usará la información obtenida sobre cómo y con quiénes operan las redes criminales en México y de esta forma presionar al gobierno mexicano para alcanzar sus objetivos.
Durante estos primeros 7 meses del gobierno de Trump, donde ha puesto patas arriba al mundo con sus diversas medidas económicas y políticas, es apenas la preparación del terreno para una agenda mucho más agresiva donde la negociación comenzará a intensificarse.
Se pensó que Trump vivía de las ocurrencias, pero está demostrando que es todo lo contrario, independientemente de que se esté de acuerdo o no con él y sus estrategias. Los ritmos y tiempos los controla de forma muy consciente, y todo apunta a que se complicará más en 2026. Para ese entonces, le quedarán tres años para aterrizar su agenda, en la que por supuesto se encuentra la relación bilateral con México, y no será nada fácil.
Los dos principales problemas que ve Donald Trump al interior de su país son el de la inseguridad y el bajo crecimiento económico. En ambos casos nuestro país forma parte de sus respuestas.
El primero, porque considera que los principales cárteles mexicanos son los corresponsables de generar violencia y adicción entre su ciudadanía, además de que argumenta que por la frontera común se escabullen decenas de criminales. En este sentido, el gobierno de México ya comenzó a actuar bajo sus condiciones sin que hayamos obtenido ningún beneficio; al contrario, está desmantelando la gran corrupción e impunidad que aún prevalece en nuestro país.
En segundo lugar, se avecinan tiempos difíciles tanto en materia arancelaria como en la renegociación del T-MEC; ambas aún viven la incertidumbre ante la intransigencia de Trump, y estarán oscilando con la celebración de la Copa del Mundo de futbol, donde Estados Unidos buscará llevarse la mayor tajada en cuanto a las ganancias económicas que dejará la competencia deportiva más vista en el mundo.
Pero también hay otro aspecto que tiene muy preocupado al gobierno de México, y es el político, a partir de la gran impunidad y corrupción que impera en nuestro país. La UIF que dirigió Pablo Gómez fue un fracaso total. No obtuvo resultados hasta que desde Estados Unidos hicieron su trabajo, por ejemplo, en cuanto a señalar a tres instituciones financieras acusadas de lavar dinero de grupos criminales.
El descrédito que sumó Pablo Gómez por omisiones y protección a todo aquello que tenga que ver con la 4T, Estados Unidos lo usó para presionar cambios de liderazgo en esa institución clave para luchar contra el lavado de dinero, una madeja que se entrelaza entre las prioridades que busca atacar Estados Unidos: la inseguridad y el crecimiento económico.
No solo quita visas de viaje a políticos y empresarios mexicanos, también desvelan casos de corrupción como el que se acaba de dar a conocer por el Departamento de Justicia el lunes pasado, sobre los mexicanos Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, residentes en Texas, quienes fueron acusados de sobornar a funcionarios de Pemex, durante la administración de López Obrador, para obtener jugosos contratos. También fueron señalados por tener vínculos con cárteles mexicanos.
Apenas ayer el Departamento de Estado de EU dio a conocer en un mensaje en X que “en una operación de alto riesgo, las autoridades estatales mexicanas arrestaron a 27 miembros del CJNG, una Organización Terrorista Extranjera, en Aguascalientes. Las autoridades MX atribuyeron a la capacitación de #INL y del @FBI”.
Estos mensajes y acusaciones desde Estados Unidos se dan en el marco de que el fin de semana pasado trascendiera que el presidente Trump firmó una orden para que el Pentágono comenzara a utilizar la fuerza militar contra bandas, pandillas y cárteles latinoamericanos.
Esto supondría que, si cumple con la orden de atacar a estos “terroristas” concentrados en los cinco principales grupos criminales mexicanos que operan en el país, estaría de alguna forma u otra ante la posibilidad de intervenir en las 32 entidades que conforman México. Al parecer, el gobierno de Claudia Sheinbaum está contra las cuerdas porque todo apunta a que vienen más acusaciones a partir de las investigaciones de sus sistemas de inteligencia, pero también de lo que informen los capos más importantes del crimen organizado de las últimas décadas. ¿Qué hará la presidenta de México si comprometen a leales o familiares del expresidente López Obrador? ¿Hasta dónde estará dispuesta la mandataria a defender lo indefendible? Pronto lo sabremos.