Como si fuera la segunda parte de un acto de terror y suspenso, el subsecretario Alejandro Encinas, uno de los pocos políticos coherentes de la izquierda que representa a la 4T, dijo lo que ya se sabía sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
No obstante, por primera vez un alto funcionario expresó, con todas sus palabras, dos realidades que forman parte de uno de los eventos más trágicos en la historia reciente de México: descartó que esté con vida cualquiera de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, y la confirmación de que fue un crimen de Estado.
Al mismo tiempo, metió en predicamentos a varias esferas de poder: desde funcionarios clave de la anterior y la actual administración, a jueces y ministros, al fiscal general, al Ejército y a uno que otro aspirante a candidato dentro de los cuadros más conspicuos de Morena.
Alejandro Encinas hizo uso de la cordura sin dejar de colocar en la superficie mediática la complejidad del caso. Se apoderó del escenario para echar atrás la ‘verdad histórica’ que repetía una y otra vez, el ahora detenido Murillo Karam, y orquestada por varios sesudos estrategas del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyo objetivo era inculpar y al mismo tiempo proteger a diversas personas involucradas en aquella fatídica noche del 26 de septiembre de 2014.
Más que nuevos resultados que contradijeran lo ya dicho, la verdad de Murillo fue derrumbada al evidenciar la colusión que hubo entre las máximas autoridades del Estado mexicano: gobiernos federal, estatal y municipal, Poder Judicial y militares de diversos niveles. Con estos señalamientos, Alejandro Encinas abrió, de par en par, otra etapa de este negro episodio que quedará en manos de la justicia mexicana, tan cuestionada, en la época de la 4T.
Al respecto, diversas preguntas nos formulamos: ¿la justicia en México actuará omisa como siempre, o resolverá como nunca? ¿Dejará a los peces gordos fuera de las detenciones? ¿Actuarán la FGR y los jueces de manera independiente? ¿Se politizará la impartición de justicia con fines electorales? ¿Se mantendrá la corrupción en los corrillos de ministros, jueces y juzgados?...
Dentro de todo este entramado, el ahora poderosísimo Ejército jugará un papel fundamental para que se determine si las cosas han cambiado entre su estructura o siguen vigentes las prácticas de evasión y protección. El Ejército ya dio muestras de sumisión y rebelión frente al gobierno de la 4T, vamos a ver cómo reacciona ante este caso en el que mandos militares y tropa jugaron un papel relevante, y para mal.
Por lo pronto, la FGR ya dio el primer paso al notificar a la Secretaría de la Defensa Nacional que han sido giradas 20 órdenes de aprehensión a militares pertenecientes a los batallones 27 y 41 de infantería localizados en Guerrero, incluyendo al general de división Alejandro Saavedra Hernández, quien en 2014 era comandante de la 35 Zona Militar con sede en Chilpancingo.
Otro de los afectados políticamente es Omar García Harfuch, quien salió en la lista de presuntos implicados por planear la falsa ‘verdad histórica’. Con esta acusación se desprenden causas, efectos y más preguntas. Causas políticas que impactan en sus aún escuetas aspiraciones para gobernar la Ciudad de México, pero sobre todo, en la candidatura presidencial de su jefa, Claudia Sheinbaum, y la idea colectiva de que prefiere ‘encubrir’ a uno de los cerebros de esa falsa ‘verdad histórica’.
Aunque García Harfuch ya salió a negar tal participación, no basta. ¿A quién le creemos, a la FGR o al titular de la SSP CDMX? ¿A Gertz Manero o a la absolución de Sheinbaum? Sin lugar a dudas, estos cuestionamientos serán una piedrita en el zapato que puede ir creciendo en los negativos de ambos rumbo a 2024.
Falta ver, finalmente, las posturas del GIEI, pero sobre todo la de los padres de los normalistas asesinados, quienes estudian minuciosamente lo declarado por Encinas y más que nada, cuál será su posicionamiento respecto a los culpables y a la impartición de justicia que se lleva a cabo desde la detención de Murillo Karam.
Difícilmente se quedarán con los brazos cruzados no sólo con lo que puede ser una falsa detención, ante las deficientes pruebas presentadas por la FGR, sino porque quedarán dos preguntas en el aire que enrarecen el informe que dio a conocer Encinas. ¿Por qué no se inculpa al expresidente Enrique Peña Nieto y al general Salvador Cienfuegos, máximos responsables de la estructura de poder ese 26 de septiembre? ¿Encubrimiento o inocencia? Un cuento de nunca acabar, el cual no sé si algún día nos arroje la auténtica ‘verdad histórica’.
El autor es periodista mexicano especializado en asuntos internacionales.