A Jacques Rogozinski, con admiración.
Las micro, pequeñas y medianas empresas son el corazón económico de América Latina: representan más del 90% de los negocios en la región y sostienen el empleo de millones de personas, tanto en la formalidad como en la informalidad. Son el puesto de tamales en la esquina, el taller de costura, la tlapalería, la pescadería, el vivero que cruza media ciudad bajo el sol. Son también, en su mayoría, lideradas por mujeres que emprenden con pocos recursos y muchas responsabilidades.
Pero ese corazón productivo enfrenta ahora una presión adicional. El calentamiento global está alterando cada eslabón de las cadenas de valor. Sequías prolongadas interrumpen el acceso al agua para la producción agrícola y agroindustrial; el calor extremo acelera la descomposición de productos perecederos y reduce la vida útil de inventarios sensibles como lácteos, pescados, flores, plantas o medicamentos. Las interrupciones eléctricas, cada vez más frecuentes en temporadas de calor, paralizan operaciones que dependen de refrigeración, congelación o maquinaria básica. Las lluvias intensas dañan infraestructura, impiden la circulación de mercancías y provocan cierres temporales de mercados, tianguis o pequeños comercios. Además, el transporte se vuelve más costoso e incierto por afectaciones a carreteras, mientras que los aumentos en la temperatura modifican calendarios agrícolas y encarecen insumos. En contextos urbanos, la exposición prolongada al calor también reduce la productividad del trabajo, impacta seriamente la salud de quienes laboran a la intemperie, y limita la movilidad del consumo. Cada uno de estos factores reduce ingresos, aumenta pérdidas y obliga a las empresas a operar en un entorno mucho más volátil y frágil que hace apenas una década.
Las empresas más pequeñas, muchas veces informales y menos protegidas, cargan con la mayor parte del riesgo. Si están lideradas por mujeres, la exposición se duplica: menos acceso a crédito, más dependencia del ingreso diario, y una carga desproporcionada en el sostenimiento del hogar. Sin embargo, cuando hablamos de finanzas verdes, seguimos pensando casi exclusivamente en paneles solares o eficiencia energética. Son valiosos, sí. Pero no bastan. La verdadera urgencia está en ofrecer productos financieros que ayuden a adaptarse: ¿Qué hace una costurera cuando el agua sube hasta su taller? ¿Cómo enfrenta un abarrotero la pérdida de su refrigeración? Estas son las preguntas que deberían estar guiando la innovación financiera, y no solo productos financieros: las pequeñas empresas también necesitan asistencia técnica para entender mejor los riesgos climáticos que enfrentan y saber cómo adaptarse. Muchas veces no cuentan con información clara, capacidades de análisis o apoyo para tomar decisiones estratégicas. La resiliencia no se construye solo con crédito, sino con conocimiento, acompañamiento y herramientas que fortalezcan su toma de decisiones
Estas soluciones existen y funcionan. Lo que falta es escalar su alcance, tropicalizarlas, integrarlas a las realidades locales de nuestras PYMEs. En Colombia, por ejemplo, Bancamía ofrece líneas como Crediverde Adaptación, que financia desde biodigestores hasta techos resistentes al calor. En África, ACRE y Pula desarrollan seguros agrícolas paramétricos que se activan automáticamente ante lluvias o sequías extremas. Todos estos (y otros) productos combinan inclusión financiera con resiliencia climática, y están funcionando.
Diseñar productos financieros para la adaptación no es solo una cuestión de justicia climática o inclusión social, es una oportunidad económica clara. Las PYMEs representan hasta el 40% del PIB en muchos países en desarrollo, y su vulnerabilidad al clima pone en riesgo cadenas de suministro, empleos y estabilidad fiscal local. Según el World Resources Institute, cada dólar invertido en adaptación puede generar cuatro dólares en beneficios netos, desde la reducción de pérdidas económicas hasta el aumento en productividad y la protección de activos esenciales. Según su análisis, los beneficios económicos, sociales y ambientales inducidos duplican el valor de las pérdidas evitadas proyectadas. Esto significa que las inversiones en adaptación generan beneficios incluso si el evento climático nunca ocurre.
Además, surgen nuevos instrumentos que podrían escalar en nuestra región: líneas de crédito contingente que se activan cuando ocurre un desastre; esquemas de microfinanzas embebidas en productos agrícolas o cadenas de valor; o seguros basados en blockchain, como los que está desarrollando Etherisc con Acre Africa. En Etiopía, por ejemplo, un programa nacional de redes de seguridad climática tuvo una tasa interna de retorno del 60%, al evitar pérdidas catastróficas y mantener activos productivos en funcionamiento. No se trata solo de responder al riesgo, sino de anticiparse.
¿Y México? Carecemos de una estrategia nacional de productos financieros adaptativos para pymes. La mayoría de las microempresas carece de un colchón financiero frente a desastres, y menos del 5% cuenta con seguros. Necesitamos una oferta financiera que hable el idioma del calor, las sequías, la informalidad y de la urgencia. El calentamiento ya está cobrando su factura. Si no invertimos hoy en proteger a las pequeñas empresas, mañana pagaremos con más migración, más violencia, más pobreza y más desesperanza.
La próxima edición será sobre “empleos verdes”: cómo generar oportunidades laborales en sectores sostenibles, qué retos enfrentan las mujeres y jóvenes para acceder a ellos, y por qué apostar por ellos puede transformar las economías locales desde la base.
