La desconfianza se ha convertido en el impuesto más caro que paga México. No aparece en los informes fiscales ni en los presupuestos, pero atraviesa cada decisión pública y privada. Nos cuesta crecimiento, cooperación y estabilidad. El Estado sigue de pie, pero la confianza que lo sostiene se desvanece.
La crisis mexicana no es solo de gobernabilidad; es de legitimidad. Las instituciones operan, pero la ciudadanía duda de que lo hagan por el bien común. Según Latinobarómetro 2024, apenas el 30% de los mexicanos confía en el gobierno y solo uno de cada cuatro en los partidos políticos.
Esta desconfianza se alimenta de hechos tangibles: bloqueos carreteros de campesinos que exigen lo mínimo para sobrevivir, presidentes municipales asesinados en público —como Carlos Manzo en Uruapan— y el acoso político contra mujeres que ocupan el poder. Son señales de un sistema que ha confundido autoridad con impunidad y fuerza con legitimidad.
Habermas explicó que una democracia se sostiene en tres pilares: eficacia administrativa, participación ciudadana y legitimidad normativa. México apenas si conserva los dos primeros, pero ha perdido el tercero.
Cuando la población percibe que las reglas no son iguales para todos, que el mérito no protege y que el servicio público se usa como botín, la legitimidad se desvanece. Lo que sigue no es el caos inmediato, sino un deterioro silencioso: la economía deja de creer, la sociedad deja de cooperar y el Estado deja de funcionar.
La raíz más profunda de esta crisis es la ruptura del contrato social. Ese pacto implícito por el cual la ciudadanía cede poder y recursos a cambio de protección, justicia y certidumbre se ha desgastado hasta volverse una ficción administrativa.
El ciudadano cumple —paga impuestos, obedece leyes, vota—, pero no recibe la contraprestación elemental del Estado: seguridad, equidad y rumbo. En esa asimetría se incuban el desencanto y la evasión cívica.
Cuando el Estado no garantiza bienestar ni igualdad ante la ley, la obediencia se vuelve mero trámite y la autoridad pierde legitimidad moral.
Lo que debería ser una relación de corresponsabilidad se ha transformado en un intercambio desigual, donde la sociedad aporta mucho más de lo que recibe. Y un contrato roto no se repara con discursos: exige instituciones que restituyan el valor de la palabra pública y un liderazgo capaz de regenerar el sentido del deber común.
Porque la desconfianza también tiene un costo tangible. En México, la economía informal representa ya el 24.8% del PIB, según el INEGI, una proporción que limita la base fiscal y reduce la capacidad del Estado para responder a las demandas sociales.
A ello se suma una recaudación tributaria equivalente a apenas 17.7% del PIB, frente al promedio de 33.9% de los países de la OCDE, lo que refleja una brecha estructural alimentada por la falta de confianza en las instituciones.
El Banco Interamericano de Desarrollo ha documentado que los países con menores niveles de confianza institucional registran menor crecimiento, menor inversión y mayor informalidad laboral.
En ese sentido, la desconfianza no es una percepción: es una variable económica que frena el desarrollo, debilita la productividad y encarece el costo de gobernar.
El costo no es solo económico. Cuando los ciudadanos dejan de creer en la justicia, dejan de cooperar; cuando los servidores públicos dejan de creer en la vocación de servicio, el Estado se vacía. La credibilidad es la moneda más escasa del país. Y sin credibilidad, no hay reforma ni política pública que logre prosperar.
Antes del fin
Volver a creer no significa olvidar lo ocurrido. Significa reconstruir la legitimidad del Estado a partir de resultados y ética pública.
Significa entender que la confianza no se decreta, se gana: con instituciones que escuchen, con gobiernos que protejan y con líderes que honren la palabra. No es un asunto moral, es un asunto de desarrollo.
México no puede crecer sobre la desconfianza. Ningún modelo económico resistirá si las personas sienten que la ley se aplica de forma selectiva o que la corrupción es la única vía para avanzar.
Volver a creer es, en ese sentido, una política de Estado: la única capaz de sostener la democracia y el crecimiento al mismo tiempo.
Max Weber escribió que la autoridad solo sobrevive mientras conserva la creencia en su justicia. Hoy, devolverle esa creencia a México es la tarea más urgente.
No se trata de recuperar la fe, sino de merecerla.
