Domingo primero de junio de 2025, el reloj marca 9:48 de la noche y la participación ciudadana está muy por debajo de lo proyectado. Se esperaba alcanzar al menos un 20 por ciento, pero las cifras preliminares apenas rozan el 10 por ciento, con una tendencia a la baja. Falta poco más de una hora para el corte oficial del instituto, pero nada indica que el panorama vaya a cambiar de forma significativa. La escena es clara y contundente: el pueblo no acudió a las urnas. Y si no estuvo, no eligió.
En México, al parecer, el pueblo es el 10 por ciento. Eso fue lo que participó en la elección judicial. Y, sin embargo, desde el poder se nos repitió una y otra vez que el pueblo había decidido. Que el pueblo quería una nueva justicia. Que el pueblo exigía elegir a sus jueces, magistrados y ministros.
¿Dónde estuvo ese pueblo el día de la elección?
Las urnas vacías ofrecieron una imagen más cruda que cualquier mañanera: el pueblo no estaba ahí. Y no porque no le importe la justicia, sino porque nadie le explicó, nadie le convocó, nadie le escuchó. Lo que se presentó como una consulta histórica fue, en realidad, una puesta en escena sin libreto claro, sin actores reales, sin dirección legítima.
En 2024 se celebraron, en apariencia, dos elecciones. La primera, legítima, con reglas claras: la presidencial. La segunda, encubierta, derivada, artificial: la judicial. Porque inmediatamente después de los comicios, Morena colocó en la agenda legislativa una de las reformas más delicadas para cualquier democracia: la reforma al Poder Judicial. Sin pedagogía pública. Sin consulta directa. Sin debate técnico plural. Con la fuerza de los votos legislativos, pero no con el consentimiento explícito de la ciudadanía.
Nos dijeron que ese era el mandato del pueblo. Pero no hubo ni consulta popular constitucional ni proceso deliberativo ciudadano. Solo una narrativa repetida: “el pueblo ya votó”. Se confundió una elección con otra. Se disfrazó de voluntad popular lo que fue, en el fondo, una maniobra de partido.
Y hoy que la justicia se juega en las urnas, las urnas están vacías.
El 90 por ciento de la población no participó. No porque no le importara, sino porque ni siquiera sabía que había una elección. Porque el diseño fue confuso, los canales opacos, la información dispersa. Ni siquiera los funcionarios sabían explicar con claridad el procedimiento. No hubo educación cívica, ni lineamientos institucionales, ni garantías de participación. Fue un simulacro revestido de épica.
Entonces, ¿quién decidió la reforma judicial? ¿El pueblo, como se insiste, o quienes se arrogan el derecho de hablar en su nombre?
Cuando el pueblo no participa, no se puede hablar de legitimidad. Cuando las reglas no existen o no son claras, no se puede hablar de democracia. Cuando el discurso sustituye a la consulta, no se puede hablar de representación.
La justicia en México se está redefiniendo a espaldas de la ciudadanía. Y eso es grave. Porque no hay Estado de Derecho sin legitimidad social, sin participación amplia, sin procesos claros y auditables.
La justicia no se improvisa. No se impone. No se decreta desde una mayoría política. Y, sobre todo, no se funda en votos fantasmas ni en urnas vacías.
Lo que hoy está en juego no es solo el diseño del Poder Judicial. Lo que está en juego es el sentido mismo del “pueblo” como sujeto político. Se le menciona, pero no se le escucha. Se le invoca, pero no se le consulta. Se le llama, pero no se le construye.
En nombre del pueblo, se están tomando decisiones sin el pueblo.
Y eso también es una forma de despojo.
