El domingo pasado, alrededor de las cinco de la mañana, un comando armado ingresó a la cabecera municipal de Cosío, en el norte de Aguascalientes. Hubo disparos, vehículos abandonados y una evidente confrontación con las fuerzas locales. El parte oficial minimizó lo sucedido: “no hubo pérdidas humanas que lamentar”. Pero el costo fue otro.
Ese día se quebró algo más profundo. Se perdió la calma. Se suspendió la rutina. Se fracturó la paz. Para muchas familias, veinte minutos de ráfagas no fueron una anécdota: fueron una eternidad.
Habitantes se tiraron al suelo. Sintieron su propia respiración rebotar contra el piso. Y aunque era abril, el frío se metió hasta los huesos. No era meteorológico. Era miedo. Y el miedo, en México, se instala como una segunda piel.
Cosío colinda con Zacatecas y alberga un punto clave conocido como la Puerta Norte. En teoría, un tramo vigilado por elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policía Estatal. En la práctica, esa madrugada no hubo presencia alguna. Los mismos retenes que detienen a campesinos por llevar animales o por licencias vencidas no aparecieron cuando los disparos llegaron. La Policía Municipal —limitada en todo— enfrentó sola el embate. Y los ciudadanos quedaron a merced de la incertidumbre.
No es un caso aislado. Es una fotografía nítida del México actual. Donde el aparato de seguridad responde con rigor ante el débil, pero se ausenta frente al crimen organizado. Donde la protección institucional es un privilegio, no un derecho.
Lo más preocupante es que la escena pasó casi inadvertida. Mientras Cosío temblaba, en el Congreso local se declaraba “patrimonio cultural” a la Feria Nacional de San Marcos y a las corridas de toros. La misma clase política que defiende con entusiasmo la “libertad” de la tauromaquia, no emitió una sola palabra sobre la violencia armada en un municipio que sí existe, que sí duele, y que también paga impuestos.
Mientras en el país se promociona con orgullo la producción nacional de chocolate y miel, hay comunidades que solo huelen a pólvora. El discurso de país dulce y exportable convive con un territorio herido que no encuentra consuelo ni justicia.
¿Cómo se puede hablar de libertad cuando las calles son tomadas por grupos armados, cuando los niños no pueden salir a jugar, cuando los ciudadanos duermen con miedo?
A los habitantes de Cosío les cambió todo. Y sin embargo, nada cambió en las estructuras que deberían responder. El poder político permanece intacto. Inmóvil. Lo hace desde la comodidad de los escenarios, no desde el temblor del suelo.
No se trata solo de Cosío. Se trata de cientos de municipios donde el olvido se ha institucionalizado. Donde el silencio duele más que las balas. Donde la ausencia de Estado no es un error, sino una forma de organización.
El caso Cosío no es un punto. Es un patrón. Y si no se reconoce como tal, se repetirá en otro municipio, otra madrugada, con otros nombres.
Lo que ocurrió en Cosío no fue cubierto por la mayoría de los medios nacionales. Y ahí radica el fondo del problema. Porque cuando lo que duele no se nombra, el país se anestesia.
México no puede permitirse anestesia. No ahora. No así.
