La reciente decisión de la administración Donald Trump de revocar la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos ha generado incertidumbre entre los más de 600 mil beneficiarios que hasta ahora contaban con protección migratoria en Estados Unidos. Este anuncio plantea preguntas críticas sobre el futuro de aquellos que podrían verse afectados, especialmente sobre su posible destino en caso de deportación. ¿Serán enviados a Venezuela, un país que hasta hace poco se negaba a recibir deportados? ¿Serán enviados a México bajo acuerdos de cooperación bilateral? O, ¿quedarán atrapados en un limbo legal sin destino claro?
Para comprender las implicaciones de esta decisión, es fundamental analizar los acuerdos migratorios existentes, las políticas de deportación y la situación diplomática entre Estados Unidos, México y Venezuela.
El TPS en disputa y la nueva política migratoria de Trump
El TPS para Venezuela fue establecido el 8 de marzo de 2021 bajo la administración de Joe Biden y extendido hasta el 2 de octubre de 2026 en una orden firmada por Alejandro Mayorkas en enero de 2025. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca ha supuesto un cambio radical en la política migratoria de Estados Unidos, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ha anunciado que la administración está retirando esta extensión.
A pesar de este anuncio, hasta la fecha, la revocación del TPS no ha sido publicada formalmente en el Federal Register, lo que significa que, legalmente, la protección sigue vigente. Sin embargo, la intención del gobierno de Trump es clara: endurecer las políticas migratorias y restringir al máximo la permanencia de migrantes venezolanos en EU.
¿Pueden los venezolanos ser deportados directamente a Venezuela?
Históricamente, Estados Unidos deporta a los migrantes indocumentados a sus países de origen. Sin embargo, en el caso de Venezuela, la situación es más compleja. Durante años, el gobierno de Nicolás Maduro se negó a recibir vuelos de deportación provenientes de EU, argumentando razones políticas y denunciando las sanciones impuestas por Washington.
El vaivén en la postura del gobierno de Maduro respecto a la recepción de deportados evidencia una falta de previsibilidad diplomática. Bajo una administración que endurece las sanciones y la presión sobre Venezuela, es improbable que Caracas reanude la cooperación en este ámbito, lo que deja a Estados Unidos sin un mecanismo viable para ejecutar estas deportaciones masivas.
Esto significa que, en la actualidad, EU no tiene una vía fácil para deportar venezolanos a su país de origen. Si Trump insiste en forzar deportaciones masivas, es probable que se enfrente a un obstáculo diplomático que podría derivar en detenciones prolongadas en Estados Unidos o en la búsqueda de un ‘tercer país seguro’ para enviarlos.
México: ¿Un destino alternativo?
Ante la dificultad de deportar directamente a Venezuela, surge otra pregunta: ¿podría EU enviar a los venezolanos a México?
En marzo de 2024, México y Venezuela firmaron un acuerdo en el marco del programa Vuelta a la Patria, que facilita el retorno voluntario de venezolanos desde México a su país de origen. Este programa, promovido por el gobierno de Maduro, ofrece vuelos de repatriación y apoyo económico para los migrantes retornados. Sin embargo, es clave resaltar que este programa no contempla deportaciones forzadas desde Estados Unidos.
Por otro lado, el gobierno mexicano ha colaborado con EU en la contención migratoria. Recientemente, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que México ha aceptado recibir deportados no nacionales bajo acuerdos bilaterales con EU. Esto sugiere que el gobierno de Trump podría intentar enviar a venezolanos a México como parte de su estrategia migratoria.
Antes del fin
México ha demostrado disposición para colaborar con EU en materia migratoria, pero con límites claros. Si bien el acuerdo Vuelta a la Patria permite la repatriación voluntaria de venezolanos, aceptar deportaciones desde EU implicaría una presión política y económica considerable. A diferencia de acuerdos previos para recibir migrantes de otras nacionalidades, la postura de la administración Sheinbaum ante una medida de esta magnitud sigue siendo incierta.
La revocación del TPS no es solo una decisión migratoria, es una jugada política con impactos humanitarios profundos. Sin un plan claro para su implementación, Estados Unidos no solo condena a cientos de miles de venezolanos a la incertidumbre, sino que traslada el problema a terceros países como México, cuyo margen de maniobra en esta crisis sigue siendo incierto.
