La educación es un derecho humano habilitador de otros derechos. En ese sentido, constitucionalmente, el Estado tiene la obligación de garantizar a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes su educación. Sin embargo, actualmente ese derecho es pisoteado por la violencia que azota al país.
De acuerdo con una revisión del observatorio de medios de Mexicanos Primero, en las primeras 20 semanas del presente ciclo escolar, las escuelas de al menos 34 municipios de 7 entidades del país han tenido que cerrar sus puertas, reducir sus horarios o trasladar sus clases a la modalidad en línea (excluyendo a aquellos niños sin acceso a tecnologías), debido a los hechos de violencia e inseguridad en sus regiones o comunidades.
Las entidades en donde se han registrado hechos violentos con afectaciones a las comunidades escolares son: Sinaloa, Guerrero, Chiapas, Michoacán, Morelos, Tabasco y Baja California. En estas entidades, diversas escuelas han cerrado de manera intermitente e incluso algunas de manera permanente, o las familias se han visto obligadas a no llevar a sus hijas e hijos a la escuela debido a tiroteos en los alrededores de las escuelas, colocación de narcomantas en planteles, extorsiones a autoridades escolares, enfrentamientos entre células de delincuencia organizada, falta de transporte público, robo de vehículos, así como amenazas a docentes, entre otros.
Sinaloa ha sido el estado con mayores afectaciones debido a una ola de violencia que persiste desde el 9 de septiembre de 2024; aproximadamente 404 mil estudiantes han sido afectados porque los hechos de inseguridad y violencia que provocaron el cierre total de escuelas, de manera oficial, en al menos 3 ocasiones desde el inicio del presente ciclo escolar.
Pero los medios de comunicación han reportado considerables cierres de escuelas tanto en Culiacán como en otros municipios. Tenemos documentado que tan solo en septiembre de 2024, en Culiacán y otros municipios perjudicados, el ausentismo en las escuelas fue superior al 70 por ciento; en enero de este año permanecen cerrados 81 centros escolares y la asistencia promedio ha sido de 60 por ciento en primaria y secundaria.
En Chiapas se contabilizan cierres de escuelas, ausentismo y conflictos en 17 municipios; en Guerrero, los municipios de Coyuca de Benítez, Petatlán y Chichihualco se han visto afectados desde el inicio del ciclo escolar por la inseguridad y los estragos dejados por los huracanes que azotaron la región.
En Michoacán, Baja California, Tabasco y Morelos, la situación es similar, la violencia ha irrumpido en las escuelas y está dejando huellas difíciles de cerrar en las y los estudiantes.
Se les ha vulnerado ese derecho que tienen de estar, aprender y participar en la escuela para desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para enfrentar los retos actuales y futuros, así como el derecho al juego y esparcimiento en espacios seguros. De esta forma, la oportunidad de una mejor calidad de vida se pierde, mientras que el riesgo de tener una generación perdida y fallida se acrecienta. La violencia y la inseguridad se ha convertido, probablemente, en el principal enemigo de la educación.
Esta realidad obliga a plantear a las autoridades gubernamentales estrategias que restablezcan y garanticen la seguridad pública. Sin seguridad, bienestar y protección, no puede haber educación, y el derecho de los niños y niñas seguirá siendo pisoteado, arrebatándoles la oportunidad de convertirse en la mejor versión de sí mismos y de construir un país más próspero.