El Nobel de Economía, otorgado a Joel Mokyr, Peter Howitt y Philippe Aghion constituye, en realidad, un reconocimiento plausible de los efectos benéficos que genera el sistema internacional de Propiedad Intelectual, como resultado del impacto de la innovación en los índices del crecimiento económico y el bienestar social.
La tesis de los investigadores galardonados no es disruptiva, pero logra un enfoque en el efecto de innovación que no había sido suficientemente calibrado. A partir de su análisis, es claro como las sociedades que protegen el conocimiento impulsan intensivamente el avance tecnológico, bajo el modelo de la “destrucción creativa”. El fin primario del sistema de patentes es, precisamente, la protección del conocimiento de las nuevas soluciones en todos los campos industriales y económicos, y por más críticas que se puedan dirigir a su raigambre monopólica, este mecanismo sigue operando como la herramienta básica de estímulo a la creatividad y la innovación. Cuando existen incentivos claros, lo nuevo reemplaza a lo obsoleto, y las patentes representan ese incentivo.
Por más que la fórmula es sobradamente conocida, y desde el inicio del sistema de patentes éstas han sido reconocidas como el factor económico que atrae inversionistas y facilita que nuevos entrantes al mercado pongan barreras a su propuesta innovadora, lo que es un dato refrescante es la evidencia del efecto de una patente para “escapar de la competencia”. Particularmente, señalan los hoy Nobel en su diagnóstico, en los mercados en los que las empresas compiten en igualdad tecnológica sólo la innovación tiene la capacidad para que una tome ventaja respecto de sus pares.
Otras notas de los estudios de Mokyr, Howitt y Aghion revelan interesantes efectos del sistema de patentes, que desde luego se extiende al total de los derechos de propiedad intelectual. El primero, la necesidad de que la innovación se proteja de forma robusta en un sistema sólido de patentes. Este principio, que parece simple y lógico, tiene enorme fondo, por cuanto implica una serie de factores alineados para que suceda. No sólo es la transitoria voluntad política del gobierno en turno, sino la amalgama de universidades, industrias, exportadores, instituciones de crédito, consultores y gestores de tecnología, entre otros, orientados al fin último de producir y vender tecnología de vanguardia al mundo. Lo segundo, es que el mensaje reivindica la necesidad de obtener patentes robustas, lo que significa no solo obtener documentos técnicamente depurados, que permitan una defensa adecuada en juicio, sino que sea un blindaje acabado que verdaderamente contrarreste las copias de la competencia.
Si queremos convertir la destrucción creativa en un aliado de nuestras empresas en el país, es indispensable impulsar reformas que fomenten la competencia para generar un círculo virtuoso de innovación y crecimiento. Es cierto, los casos del Japón de la posguerra, la Corea del inicio de siglo y el salto cuántico de la actual China en términos de producción de tecnología patentable, son ejemplos contundentes del poder de la propiedad intelectual como palanca de desarrollo.
Es cierto que México ha visualizado esta ruta en diferentes momentos de los últimos 30 años, y este gobierno no es la excepción. El asunto pasa por la necesidad imperiosa de la vinculación y de que, el poder de convocatoria de los principales agentes del cambio sea utilizado de manera vigorosa y plural. Aquí sí, nadie debe quedar fuera.
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