Si al inédito y grotesco escenario provocado por la reforma al Poder Judicial le faltaran ingredientes, el paro laboral que desde hace 4 semanas se vive en los juzgados de la Ciudad de México ha convertido a la administración de justicia, al menos en esta jurisdicción, en una larga y letal pausa.
No se trata solo de pulsar el botón para que las actividades se reanuden y el asunto se archive como uno más de los conocidos episodios causantes de rezagos en la tramitación de juicios. Esta vez, el paro ha desnudado la realidad de un sistema colapsado desde sus cimientos, incapaz de responder a la legítima aspiración ciudadana de “justicia pronta y expedita”. El movimiento de la base trabajadora no solo reclama mejores sueldos, sino de manera particular la mejora en las condiciones materiales que enfrentan cada día en sus labores. Pilas de expedientes sin mobiliario para su manejo, temperaturas insoportables, equipos obsoletos e inservibles y, de manera particular, personal insuficiente para responder a una demanda creciente.
La situación de contexto resulta paradójica si pensamos que esta escasez de recursos, origen mismo de la catástrofe, tiene como referente el gasto insultante que representó la elección de jueces y magistrados en el marco de la fallida reforma al Poder Judicial, que acabó por consumir los saldos de un sistema que ya mostraba los daños de décadas de omisiones e indiferencia.
El estado de abandono que acusa el Poder Judicial de la Ciudad de México, en su larga historia, es el mayor del que se tenga noticia. Al desastre de instalaciones, equipamiento y sistemas informáticos hay que añadir los problemas laborales y, ahora, la llegada de una camada de jueces y magistrados que lo mejor que podemos decir de ellos es que carecen de experiencia. ¿Alguien duda de que, en este escenario, la aparición de espacios para la corrupción se favorezca?
Aun y cuando la retórica sobre la administración de justicia en el país conviva con temas de jerarquía constitucional, en el día a día las fallas del sistema se traducen en abandono y vejación para un número indeterminado de personas que ven cerradas las puertas de acceso a temas como el cobro de una pensión alimenticia, la posibilidad de recuperar un inmueble de un arrendatario moroso, el cobro de un crédito impagado y tantas otras formas de buscar la restauración que exige el incumplimiento de obligaciones.
Tal vez, en el fondo de la crisis, muchos principios deban ser revisados. Uno, muy relevante, la necesidad de cobrar costas judiciales a quienes resultan culpables en los procedimientos civiles y mercantiles, que se acogen a la propia ineficiencia del sistema para refugiarse en la cultura del no pago. Además, la necesidad de abrir los procesos a mecanismos automatizados de procesamiento de expedientes que permitan acelerar la gestión y el dictado de resoluciones, como ya se observa en otras latitudes. Lo contrario, mantenernos en la lógica del desprecio al Poder Judicial, nos dejará con las necesidades del siglo XXI y las herramientas del siglo XIX. Esta era la verdadera reforma del Poder Judicial, que hoy vemos más lejana que nunca.