De pronto, con la llegada de Trump a la presidencia del vecino del norte, todos los resortes se dispararon y los temas álgidos de nuestra relación ‘conyugal’ empezaron a parpadear en el radar. Para quienes recuerdan las condiciones de promulgación de nuestra nueva ley de propiedad industrial, ésta se gestó dentro del llamado ‘paquete T-MEC’, que incluyó legislación altamente sensible a los intereses de las partes en el acuerdo internacional.
Dicho de otra manera, para Estados Unidos, mantener altos estándares de protección de sus derechos de propiedad intelectual en el mundo -y con su socio comercial más relevante-, es un tema de la mayor importancia por la riqueza que la explotación de marcas, patentes, personajes, contenidos audiovisuales y otros le representa. En ese mismo contexto, la piratería de sus productos por vía de falsificaciones y plagio es una pérdida anual cuantiosa e inaceptable.
Sólo hay que recordar que, en el primer periodo del presidente Trump, las acusaciones de espionaje comercial de parte de China de secretos industriales de empresas estadounidenses, escaló hasta los más altos niveles diplomáticos llevando la disputa a fronteras cercanas a la ruptura.
A nadie escapa que nuestro país, desde el sexenio pasado, fue incluido en la lista 301 de vigilancia, que es una suerte de certificación que Estados Unidos administra para señalar a los países que no cumplen con un cierto estándar de respeto a esta clase de derechos. Ese solo señalamiento es suficientemente preocupante, como para no modificar un curso de acción que, claramente, nos llevaría a airadas reclamaciones de nuestro socio.
De hecho, al amparo de la llamada ‘operación limpieza’, con la coordinación del IMPI, diversas autoridades han emprendido acciones decididas a combatir las falsificaciones y el contrabando, tanto en la Ciudad de México como en diversas plazas del país. Acciones que, parecerían totalmente regulares, pero que en estos momentos han sido consideradas como el reinicio de la olvidada lucha contra los mercados informales y la piratería.
A la par de este tema, nuestro país enfrentará observaciones relativas a lo intrincado y lento de sus procedimientos judiciales en la materia, agravados por una reforma judicial que, de tan caótica que resulta, ya no admite más calificativos. Además, la inoperancia de los sistemas penal y civil para sancionar conductas ilícitas y lograr reparación de daños siguen siendo un muy débil eslabón de la cadena.
Esperamos, como lo hemos dicho otras veces, que este trabajo de autobservación nos lleve a una conclusión emergente: generar condiciones favorables al respeto de los creadores y los innovadores es un factor de competitividad esencial, que no admite regateos. Sin importar el color de la bandera.