Lo más bello – y peligroso – del discurso, es su potencial de construir realidades. Menos mal que la narrativa y, por lo tanto, el imaginario, contrasta con situaciones concretas, testimonios y periodismo independiente, que promueven una noción más anclada en hechos.
El discurso de Ernestina Godoy ante el Senado en pasado 3 de diciembre, previo a ser electa como la primera mujer al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), máximo órgano de procuración de justicia de nuestro país lleva a esa reflexión. Delineó una visión idealista, pero ¿se ajusta a la realidad que hereda y a su propio historial?
Godoy colocó a la impunidad como eje principal. Enfatizó que “la calidad democrática de un sistema de procuración de justicia se mide por su capacidad de combatir la impunidad de los delitos”. En este tema, los datos son alarmantes.
Según Impunidad Cero, en México no se denuncia el 94% de los delitos cometidos y menos del 1% son resueltos; de cada 100 delitos, apenas 6.4 se denuncian. La inmensa mayoría de los delitos graves que más afectan a la población – homicidios dolosos relacionados con crimen organizado, desapariciones forzadas, extorsiones masivas, secuestros, tráfico de fentanilo, etc. –, son de competencia federal. Si la FGR no investiga, no judicializa o lo hace de forma deficiente o selectiva, esos delitos quedan automáticamente en la impunidad estructural a la que se refiere el Índice Global 2025, que ubica a México en la posición 80 de 193 países.
Godoy añadió: “Enfrentamos desafíos históricos y nuevos retos derivados de la evolución del fenómeno criminal”. Correcto. Según México Evalúa y el INEGI, cerca del 70 % de los homicidios dolosos en el país están vinculados al crimen organizado; que es competencia exclusiva de la FGR. Al cierre de 2024, ésta obtuvo sentencia en menos del 2% de las carpetas de investigación por homicidio doloso que le correspondían.
Una de las promesas más importantes de su mensaje es transformar a la FGR en un “pilar de confianza ciudadana”, lo cual se desvincula completamente de la percepción de corrupción en la institución, que alcanza el 80% según el Informe Nacional de Justicia 2023 del INEGI y México evalúa, actualizado a 2025.
Y una de las más importantes, la nueva Fiscal prometió no fabricar culpables, que no habrá persecución política y remató: “No se acusará a nadie injustamente porque en la procuración de justicia no caben ni por asomo las acciones parciales ni con tintes políticos”. Estas palabras suenan esperanzadoras, pero contrastan con el legado de su antecesor, Alejandro Gertz Manero, en cuya gestión hubo controversias que ilustran precisamente lo que Godoy jura evitar.
Bajo Gertz, la FGR fue acusada de politizar la justicia, con un uso selectivo de los tiempos procesales y expedientes estancados. La controversia más conocida es el caso personal contra la familia de su hermano fallecido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) exoneró a las inculpadas, destacando irregularidades y falta de pruebas, pero no sin que pasaran meses en prisión preventiva. Otro caso emblemático fue la persecución contra 31 científicos del CONACYT en 2021, acusados de delincuencia organizada por supuestos malversaciones de fondos.
Estas acciones ilustran fabricación de culpables y persecución de perfiles incómodos, opuestos a las promesas de la nueva fiscal general. En su propia gestión como fiscal de la CDMX (2018-2024), Godoy enfrentó acusaciones similares de subordinación al poder ejecutivo, persecución política y manipulación de cifras.
Un ejemplo es el llamado “Cartel Inmobiliario”, donde impulsó investigaciones contra figuras opositoras del PAN, como el exdelegado Christian van Roehrich, acusado de corrupción urbanística. También, el sensible caso del colapso de la Línea 12 del Metro en 2021 – que dejó 26 muertos – avanzó con lentitud y sin imputar a altos funcionarios cercanos a Sheinbaum, entonces jefa de Gobierno.
Ojalá en sus nueve años frente a la FGR, Godoy logre la utopía planteada su discurso.