Elsa revisaba las cuentas del último evento que organizó. De pronto, recibió un mensaje de WhatsApp de un número desconocido.
— “Señora Elsa, sabemos que el sábado tiene la fiesta de la familia Ramírez. Bonito jardín. Lástima que su nieta Daniela salga sola de la primaria a las 2. Ya sabe que tiene que pasarnos una parte al grupo. Nos vemos”.
No especifica cantidad. No dice dónde. Solo hace una amenaza velada.
Elsa, quien tiene apenas siete meses organizando reuniones sociales en el patio de una propiedad de su familia, decide no responder. Deja el mensaje en visto. Cancela la fiesta y decide: no más eventos en este espacio. El jardín, que daba sustento a su familia, queda vacío. Eso es la extorsión: un mensaje, una frase, un nombre, una intimidación. Con esto basta para activar el miedo.
En México, cada vez suceden más situaciones como la de Elsa. Incluso el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lo advirtió: “La extorsión es el único delito que no para de crecer”. Las cifras oficiales lo confirman.
Un reporte del INEGI revela que, en el 2023, 23.3 millones de personas mexicanas fueron víctimas de extorsión. Uno de cada cuatro adultos. De acuerdo con data de la SESNSP, de 2020 a 2024, las denuncias crecieron 187% – de 8 mil a 23 mil al año –; mientras que en el primer semestre de 2025 hubo 41% más de denuncias respecto al mismo periodo del año anterior. Ante esta terrible situación, la presidenta Sheinbaum presentó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión.
Con esta legislación se busca responder al caso de Elsa y de millones de mexicanas y mexicanos que han sufrido de extorsión. La aprobación de la Ley general de Extorsión conlleva a que, ante situaciones tales, se hará la investigación de oficio – no es necesario que Elsa hable –; se convierte en un tipo penal nacional, de modo que se homologan los castigos en toda la República y quienes reciben las penas más altas, son aquellos que cometen el delito. Sin embargo, eso que se comenta al final fue un cambio de último momento.
Aprobada la madrugada del pasado 28 de octubre, con 399 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, esta ley trae una variación respecto al proyecto original. Una modificación que resultó ser un acierto: reducir la pena a servidores públicos que omitan denunciar extorsiones conocidas. La propuesta de la presidenta daba de 10 a 20 años y se cambió de 5 a 12 años, con multas de 600 a 3 mil UMAs (alrededor de 330 mil pesos). Con ello, el funcionario que omite recibe menos castigo que el extorsionador activo, cuya pena va de 6 a 15 años y hasta 25 con agravantes, es decir, si se comete en contra de un grupo vulnerable como adultos mayores, embarazadas o menores de edad. Omitir no es extorsionar. Pasividad no es lo mismo que acción.
Tomando como base el ejemplo de Elsa, lo recién dicho se traduce en lo siguiente: El extorsionador, ese que envía el mensaje de WhatsApp, tendría una pena de 6 a 15 años – o hasta 25 –. Si algún conocido del extorsionador sabe del mensaje y omite denunciar, tendrá una pena de hasta 3 años o una multa. Finalmente, si esta situación llega al conocimiento de un policía, de un ministerio público (MP) o cualquier otro funcionario público y no brinda información, recibirá de 5 a 12 años y una multa. Una modificación que también responde a la omisión de funcionarios por amenazas directas de criminales, al tiempo que se promueven las denuncias sin sobrecargar el sistema penal.
Con todo, hay un pero muy relevante: no hay presupuesto. El artículo noveno transitorio lo dice: “Para el ejercicio fiscal 2026 no se autorizarán recursos adicionales”. Se prioriza la teoría penal sobre la realidad de la impunidad en México. Sin recursos contra este delito que crece 41% en un semestre, los jardines, las cafeterías y demás negocios, como el de la Sra. Elsa, seguirán padeciendo las terribles consecuencias del miedo. La extorsión seguirá en ascenso, mensaje a mensaje.
X: @marlenemizrahi