A pesar de las pruebas de inducción al voto por medio de los acordeones, el próximo 1 de septiembre, dará inicio un nuevo orden jurídico sobre la base de un fraude.
Aun después de reconocer la existencia de acordeones y la falta de requisitos mínimos dispuestos en la Constitución para personas juzgadoras, por mayoría de tres votos contra dos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) validó la elección del Poder Judicial.
La mayoría de los magistrados consintieron que esos papeles con nombres existieron, sin embargó ganó el sufragio de aquellos que argumentaron que no se puede determinar que éstos hayan significado una inducción al voto. A ello, se sumó la decisión de avalar a 32 personas juzgadoras que ganaron en las boletas electorales, pero que no cumplieron con el promedio académico mínimo que se requería para siquiera participar en el proceso. Tendremos, por lo tanto, magistrados y jueces que no alcanzaron la calificación de 8 y 9 que exigía la convocatoria.
Dada esta situación, fue que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, propuso anular la elección bajo el argumento de falta de equidad e integridad del proceso. A la postura de haber comprometido principios clave como la imparcialidad, autenticidad del voto y prohibición de financiamiento externo se sumó la magistrada Janine Otálora. Reyes Rodríguez usó la matemática y estadística como prueba, al mostrar un patrón atípico en los resultados.
Notó que, pese a que existían 7,400 millones de combinaciones posibles, el 45% de los votos válidos fue hacia una sola combinación, la cual contenía las nueve candidaturas ganadoras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Sostuvo que la probabilidad casi nula de ello demuestra que la elección judicial formó parte de una operación coordinada. Aún hay más.
Javier Aparicio, profesor investigador del CIDE, realizó un estudio estadístico de los resultados el cual fue presentado ante el Tribunal. Con un documento de 50 páginas que se puede encontrar en internet, analizó lo que revelan los números.
Anota un dato muy conocido: el bajísimo porcentaje de 13% de participación nacional. Sabemos que una elección con tan poco involucramiento del electorado es susceptible a ser manipulada por estructuras, es decir, a movilización de votos. Esto es solo el comienzo, pues destaca también datos de las casillas, donde advierte anomalías de participación. Señala que el conjunto de éstas con participación atípica es mayor a 818 (esas que el INE dejó fuera en su computo por diferentes irregularidades).
Pese a la baja participación a nivel nacional, en algunas casillas votó más del 50% del padrón. Esto le llevó a analizarlas. Identificó que, entre más concurrencia mayor correlación: cuantos más votos hubo, más favorecidos resultaron los nueve candidatos ganadores de la SCJN. Hubo un voto contundente a favor de ellas, al contrario de lo que se espera en una contienda competida que, cuando más participación hay, el voto es más fragmentado.
Respecto a los acordeones, Aparicio notó que hubo una versión en particular donde todos los nombres incluidos en éste resultaron ganadores. Observó que lo que produce el acordeón es un voto coordinado: si votas por uno, votas por otro. De tal forma, aunque se tenían 64 candidaturas para la SCJN, los ganadores tuvieron entre 70 y 85% de correlación. Estas fallas dejan muchos aprendizajes para mejorar los próximos procesos electorales. Sin embargo, parece que será todo lo contrario.
El análisis de Javier Aparicio, la sentencia del TEPJF y la confirmación de los acordones por parte de las y los magistrados, nos permite ver algo terrible para la democracia de México: la normalización cínica de la movilización del electorado y la violación de las propias leyes electorales, como las que prohíben el uso de dinero público en el proceso y las que señalan ciertos promedios académicos mínimos.