Es triste cuando una causa legítima se tergiversa para evitar la crítica en contra de actores políticos. Se acusa que esto es lo que está sucediendo con la violencia política en razón de género.
En los últimos meses, se ha generado controversia por los múltiples casos sujetos a interpretación y las penas establecidas. Sanciones que se encuentran en el límite de lo que sería la protección de los derechos de las mujeres y la censura.
Esta figura, que costó casi una década en concretarse y que fue creada para evitar que se siga cuestionando la capacidad de las mujeres para ejercer cargos públicos —o insinuando que hay alguien “detrás” que las colocó en el puesto—, así como para erradicar discursos de corte misógino, se distorsiona y termina por restringir no solo opiniones, sino también publicaciones periodísticas que exponen actos de corrupción y nepotismo, aún muy presentes en nuestro país.
Aunque, según el registro del INE, en los primeros cuatro años de aplicación la sanción alcanzó a 289 hombres y 74 mujeres —de los cuales casi un tercio en 2024 corresponden a procesos abiertos contra periodistas—, y pese a que desde mayo, en el marco de las campañas judiciales y estatales, se multiplicaron los procedimientos, esta disposición se ha empleado en contextos polémicos y generado preocupación sobre su posible uso como mecanismo para controlar el discurso. Varios casos sirven como ejemplo.
El más reciente, apenas la semana pasada, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, denunció a Jesús Castañeda y el medio del que es director Acapulco Trends. El tribunal ordenó una disculpa pública durante 15 días y una multa de cerca de 20 mil pesos.
Otro que caso es el de Karla María Estrella, que fue sancionada por sugerir que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, influyó para que su esposa, Diana Karina Barrera, obtuviera una candidatura. El tribual consideró que su comentario desestimaba los méritos de la hoy diputada federal por el PT.
Está también la situación en Tamaulipas, en que el Instituto Electoral local ordenó bajar una columna del periodista Héctor de Mauleón sobre una red de corrupción en el Poder Judicial. Asimismo, impuso una multa y ordenó inscribir a los implicados en el registro de personas sancionadas por violencia política de género.
En Campeche, Jorge González Valdez, periodista y exdirector del portal Tribuna, fue vinculado a proceso por “incitación al odio” contra la gobernadora Layda Sansores. Se le prohibió ejercer el periodismo por dos años, se ordenó cerrar su medio y pagar una indemnización.
Se suma el caso de Dora Alicia Martínez, excandidata a ministra de la SCJN, quien denunció por violencia política de género a Aristegui Noticias y al periodista Germán Gómez por una publicación en su contra. A raíz de la denuncia, el TEPJF también llamó a la actriz Laisha Wilkins, quien había respondido sarcásticamente en la publicación.
Asimismo, Miguel Alfonso Meza, presidente de Defensorxs A.C, fue denunciado por el exconsejero jurídico de la Presidencia. Otros medios como Código Magenta y Sin Embargo han sido objeto de medidas similares por publicar contenidos críticos.
Por supuesto, se debe mencionar a Cuauhtémoc Blanco, quien fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por ejercer violencia política de género contra la diputada Juanita Guerra. Y, aunque fue inhabilitado por 18 meses para competir por cargos públicos, sigue pendiente una denuncia en su contra por violencia sexual.
Dado que el concepto se ha mostrado susceptible a manipulación y con al menos seis ejemplos que deben analizarse en lo individual, se mantiene la pregunta: ¿dónde se marca la línea entre libertad de expresión y violencia política?
Una en la que es necesario considerar qué tanto tráfico de influencia pudo haber en las resoluciones. Censurar voces críticas es distinto a hacer justicia. Duele cuando una causa tan loable está siendo distorsionada para fines personales o políticos. La libertad de expresión no debe anular la protección de las mujeres ni viceversa: es necesario encontrar un equilibrio.