Frente a la creciente y justificada preocupación por la deriva de México hacia un estado autoritario y vigilante, cabe preguntarse: ¿qué tiene mayor peso hoy – el miedo o la posibilidad de construir una nueva articulación hegemónica?
La duda viene a cuento por teorías como la de Ernesto Laclau y Chantall Mouffe, quienes plantean que la transición hacia el autoritarismo puede ser esperanzadora, por ser condición necesaria para la emergencia de una nueva y más profunda politización y, por lo tanto, dar como resultado el fortalecimiento democrático. Uno podrá preguntarse: ¿cómo?
La respuesta reside en que, para ambos, el caos y la inestabilidad son una oportunidad para el cambio político y ético, pues abren espacio para la emergencia de nuevas articulaciones hegemónicas. Según su teoría, la consciencia civil de que persistan practicas autoritarias, incluso después de un cambio de régimen, son advertencia y catalizador para la reactivación política.
Las “fallas organizativas” del orden actual, pueden funcionar como punto de anclaje para una propuesta política inédita que confronte al régimen. De ahí que la fe en el futuro que ambos autores describen reside en la capacidad social de construir un “pueblo” antagónico al del oficialismo.
Esto es: una identidad política diferenciada que aproveche las nuevas dislocaciones y demandas para crear una nueva cadena equivalencial y, con ello, un nuevo poder. Sin embargo, luego de la aprobación de varias reformas en el periodo extraordinario que concluyó la semana pasada, las cuales se suman a la Reforma Judicial y a la Ley de Guardia Nacional, la cuestión inevitable es: ¿qué tan posible es una nueva articulación hegemónica o una nueva identidad ante un estado vigilante?
Cuatro reformas principales que obtuvieron luz verde gracias al voto mayoritario de Morena, PT, PVEM y Movimiento Ciudadano, dejan ver frente a nuestros ojos el tránsito de México hacia un modelo de vigilancia estatal: la Ley de Telecomunicaciones, de Inteligencia de Seguridad Pública, así como la de Población y la Desaparición Forzada.
Analizadas en conjunto, evidencian un gobierno que concentra el poder, debilita contrapesos, vigila, utiliza al ejército y actúa sin supervisión judicial. El miedo aquí actúa en dos vías. En primer lugar, justifica la vigilancia por parte del Estado y en segundo, incita al silencio.
Como ese primer actuar del miedo, desde el ejecutivo se insiste que dicho conjunto de reformas tiene el objetivo de: mejorar la seguridad, garantizar el acceso a la justicia, facilitar trámites, combatir al crimen y encontrar desaparecidos. Como sucede en muchos regímenes autoritarios, se promueve una narrativa de amenaza (interna o externa) para justificar la perdida de privacidad y libertades.
Sin embargo, la realidad es que eso que se aprobó durante el primer periodo de sesiones extraordinarias de la LXVI Legislatura, permite la intervención de comunicaciones, el acceso a datos biométricos, financieros, vehiculares y de salud de miles de personas, así como la geolocalización en tiempo real de millones de dispositivos móviles. Información que, además, será entregada a las instituciones de seguridad, hoy a cargo de militares. Todo ello sin establecer mecanismos claros de supervisión independiente.
En esos puntos es que entra la segunda vía del miedo, pues tal vigilancia permite identificar, silenciar o castigar a opositores incluso previo a que se organicen: antes de que sean capaces de articular esa nueva identidad y antes de que puedan anclar esa nueva propuesta antagónica al régimen. Mientras se estrechan los espacios de libertad, también disminuyen las posibilidades de una verdadera transformación democrática y una alternativa capaz de hacer frente al oficialismo.
X: @marlenemizrahi