Golpes, encierro, gritos, amenazas de ir tras seres queridos y lastimarlos… cuando éstas acciones son realizadas por un funcionario público o bajo sus órdenes, para obligar a una persona a dar información o confesar algo; castigarla por algo que hizo o se cree que hizo; o asustarla a ella o a otras personas, se considera tortura.
Cuando una persona sufre algo así, se genera un dolor extremo que destruye la capacidad de resistir. Su cuerpo es lo único que existe y todo lo demás se vuelve secundario: la verdad, la lógica, la integridad, entre otros.
¿Cómo pensar en luchar por una verdad cuando hay tal dolor físico? ¿cómo sostener un argumento o defender tu inocencia cuando lo único que puedes pensar es: “¡por favor, que esto pare!”? ¿Cómo proteger tu cuerpo con tanto miedo?
En una situación de tanta agonía y tormento, decir lo que quieren oír quienes torturan se vuelve una forma de supervivencia. La víctima es capaz de confesarse como culpable de un crimen que no cometió, con tal de liberarse del dolor inmediato.
El torturador impone su voluntad a través del cuerpo de la víctima, es así como lo convierte en objeto y herramienta de poder. De esta manera lo explica Elaine Scarry, ensayista y profesora de literatura en Harvard en su libro “The Body in Pain: The Making and Unmaking of the World”, publicado en 1985.
La tortura, escribe Scarry, destruye al ser: lo reduce a su cuerpo y lo despoja de su subjetividad. Así la víctima, además de sufrir, deja de ser sujeto. Por estas y otras razones es que las confesiones obtenidas bajo tortura son analizadas por múltiples tratados internacionales, entre los que se encuentran: la Convención contra la Tortura de la ONU; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Protocolo de Estambul (un manual de la ONU para investigar la tortura).
Sin embargo, diversas organizaciones en México y en el mundo han señalado que la tortura y los malos tratos todavía ocurren en muchas áreas del gobierno. Incluso, la Relatoría Especial de la ONU sobre la tortura ha dicho que la tortura se usa sobre todo desde el momento en que una persona es detenida hasta que la presentan ante un juez: muchas veces se usa para castigar o para forzar confesiones o información.
Esto no es sorpresa, incluso el “Protocolo para Juzgar Casos de Tortura y Malos Tratos” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de nuestro país, agrega que donde más se presentan casos de tortura es en el sistema de justicia penal, es decir, cuando se investigan delitos, se detiene a personas o se les tiene en prisión durante el proceso legal.
Agrega que, muchas veces, las personas no denuncian la tortura o los malos tratos, y cuando sí lo hacen, no siempre se investiga de forma justa ni se castiga a los responsables. O puede “hacerse justicia” casi 20 años después, como sucedió la semana pasada con la liberación de Juana Hilda González Lomelí.
Las cifras de personas que han sufrido tortura o malos tratos cuando son detenidas o están frente al Ministerio Público en México son alarmantes: la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad, hecha en 2016, muestra que el 63.8 por ciento de las personas dijeron que recibieron agresiones físicas, como: patadas o golpes, golpes con objetos, aplastamientos, descargas eléctricas, quemaduras, violación sexual o heridas con armas.
Por otro lado, el 75.6 por ciento dijo haber sufrido violencia psicológica, como: estar incomunicadas o aisladas, recibir amenazas de inventarles delitos, presión para que acusaran a alguien más, amenazas contra su familia, asfixia o ser desnudadas, amarradas o con los ojos vendados para que no pudieran ver.
Apenas la semana pasada, la SCJN tumbó el caso Wallace: le pegó a la pieza principal que lo sostenía, que era la confesión de Juana Hilda, la cual había sido arrancada mediante tortura psicológica y física, razón por la cual termina por ser una prueba que no debió de haberse considerado como válida en ningún momento. Sobre todo, porque Juana Hilda insistió varias veces después de haber admitido que la habían obligado a dar esta confesión mediante tortura y donde hay evidencia de las amenazas. Solo un caso de muchos, donde personas se reducen a solo cuerpo para atestiguar una mentira del estado.
X: @marlenemizrahi