Gran parte de quienes se oponen a la Reforma al Poder Judicial (por no decir la mayoría), afirman que no irán a votar el próximo primero de junio. Alegan que hacerlo, sería legitimar este proceso que califican como una “farsa”. Por supuesto, cuentan con argumentos concretos.
¿Cómo olvidar el escándalo del día en que se votó la reforma en el Senado? Miguel Ángel Yunes, entonces integrante del grupo parlamentario del PAN, fue catalogado como “traidor” tras votar a favor de la iniciativa, mientras que Daniel Barreda, de Movimiento Ciudadano, se ausentó por atender un asunto familiar en las salas de juicios orales. Asi fue como el oficialismo logró la mayoría calificada que necesitaba. Esto permitió la construcción de una mayoría artificial, lo que explica, en buena medida, la negativa de muchas personas a acudir a las urnas. Aún hay más razones.
El proceso de selección de candidatas y candidatos otra. Cada uno de los tres poderes de la nación – Ejecutivo, Legislativo y Judicial – tuvo un Comité de Evaluación. De estos, se esperaba que el Poder Judicial tuviera una ponderación seria y menos sesgada políticamente que los otros dos. Sin embargo, una decisión de la Sala Superior del Poder Electoral determinó que las y los aspirantes inscritos por el Judicial, debían ser elegidos por insaculación.
Tal determinación sucedió después de que el Comité de Evaluación del Poder Judicial se pronunciara como imposibilitado para continuar con el proceso, debido a los diversos amparos interpuestos. Como consecuencia, las candidaturas finales del Judicial fueron seleccionadas mediante una tómbola en el Senado, sin que mediara un proceso de evaluación que garantizara su idoneidad. Si, ese mismo Senado que, en continuidad con teatro recién referido, se mantiene controlado por Morena y sus aliados.
Ahora bien, podría considerarse como alternativa a quienes aparecerán en la boleta con las iniciales EF: se trata de las personas actualmente en funciones, que accedieron a sus cargos bajo el sistema previo de selección – basado en méritos y exámenes –, y que obtuvieron pase directo a la boleta electoral. Si bien entre ellas hay perfiles valiosos, es importante tomar en cuenta que, tras la aprobación de la reforma, siete ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) presentaron su renuncia, y las tres ministras en funciones que sí estarán en la boleta no han hecho el menor esfuerzo por ocultar su apoyo al oficialismo. Esto termina por quebrar la esperanza de contar con candidaturas independientes y sin compromisos políticos.
Por supuesto, se agrega la imposibilidad de conocer a todas las personas que compiten por los cargos. Esto, en parte, por la normativa que impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) para esta elección, en la que los espacios periodísticos deben ser equitativos; de modo que, si entrevistan a un candidato, deben hacerlo con todos las que compiten por el mismo cargo; lo cual es casi imposible por la gran cantidad de postulantes que hay (arriba de 5 mil 300 a nivel federal más los locales).
Una más a destacar es la gran cantidad de decisiones que un solo votante debe de hacer. Por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a elegir a 35 candidatos en seis boletas distintas. Esto no solo requiere evaluar a decenas en materias muy distintas; sino también dificulta enormemente el cómputo de los votos.
La suma de votos a computar es alrededor de 2 mil 440 millones, lo cual tendrá que llevarse a cabo por unas cuantas personas que integran los 300 Consejos Distritales del INE (frente al millón y medio de ciudadanos que intervienen en las elecciones federales). Además, la ley dice que deben hacerlo en diez días naturales.
No se trata de romantizar el acto de votar. Se trata de no entregarle todo a quienes hoy concentran el poder. Si todavía hay perfiles que valen la pena, votar por ellos no legitima la farsa: la desafía. Es la última herramienta que nos queda para intentar salvar lo que aun hay del Estado de Derecho.
X: @marlenemizrahi