¿Qué autodeterminación puede tener un pueblo cuando le es cancelado su derecho a decidir; cuando le es vetada su opción de elegir en las urnas a sus gobernantes… o cuando estos gobernantes deciden quién es “vendepatrias” y, por tanto, no tiene permitido participar en democracia?
La cantaleta de la “autodeterminación de los pueblos”, a la que alude la presidenta Sheinbaum en el caso de Nicaragua, ya no puede ser usada como excusa para convalidar regímenes dictatoriales y represivos, como el de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, copresidenta.
Es válido tener afinidad ideológica. Pero una cosa es ser de izquierda o de derecha y otra voltear la vista ante la violación de derechos humanos, sea en Nicaragua, en Venezuela, en Estados Unidos o en Palestina.
La semana pasada, en el marco de la conmemoración del 47 aniversario de la Revolución Sandinista –que derrocó al dictador Anastasio Somoza–, el presidente Daniel Ortega, quien va para 20 años gobernando Nicaragua con una estela de represión y autoritarismo, aseguró: “¡Que se olviden! Aquí no volverá a haber elecciones, para (evitar) que por ahí intenten ellos (los partidos de oposición) atrapar el gobierno, atrapar el poder”.
La declaración desencadenó el repudio generalizado a nivel internacional –sin contar a México– e incluso advertencias del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el sentido de que Washington “no se quedará de brazos cruzados” ante esta amenaza a las garantías de los nicaragüenses.
Es correcto que Sheinbaum enarbole la autodeterminación de los pueblos y la máxima juarista del respeto al derecho ajeno. Nadie le está pidiendo que se entrometa en asuntos propios de otras naciones cuando esas determinaciones son producto de la libertad y la democracia. Pero lo que no se puede hacer es respetar la violación del derecho ajeno; de eso no se tratan los principios de nuestra política exterior.
Cuando un pueblo es sojuzgado por un tirano, no es correcto apelar a la indiferencia disfrazada de no injerencismo. La izquierda se ha visto desplazada en la región por el auge del conservadurismo, la ultraderecha y los movimientos pseudolibertarios que cancelan derechos humanos. Pero no por ello debemos cerrar filas con impresentables que se dicen de izquierda, como Ortega, que se ha enquistado en el poder tras haber declarado “inaplicable” el artículo de la Constitución que impedía la reelección, y con base en la persecución de opositores y críticos, incluidos periodistas.
Y no es porque lo diga el Departamento de Estado en Washington. Lo advierte la ONU, a través del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. Las investigaciones de esta misión de Naciones Unidas han dado cuenta de un patrón de violaciones “graves, sistemáticas y generalizadas” que el gobierno de Ortega viene cometiendo desde 2018, lo que constituye “crímenes de lesa humanidad, incluidos asesinato, encarcelamiento, tortura, violencia sexual, desaparición forzada y persecución”.
Así lo advirtió el grupo en su informe a la Asamblea General de Naciones Unidas en octubre, y alertó que “la represión en el país ha alcanzado un nivel que exige un escrutinio global intensificado”, pues el régimen llegó al extremo de privar de la nacionalidad a medio millar de nicaragüenses.
Por eso causó tanta indignación la presunta carta que el embajador de México en Nicaragua, Guillermo Zamora Villa, habría dirigido a la pareja presidencial.
En esa misiva, que circuló en medios y que la cancillería mexicana no ha desmentido públicamente, el representante diplomático tuvo a bien decirle al “compañero comandante” Ortega y a la “compañera” Murillo: “Aprovecho esta oportunidad para expresarles, como siempre, mi cariño y admiración por nuestro hermano gobierno de la República de Nicaragua, que está muy bien representado por ustedes como gobernantes”.
La misiva ya fue repudiada por senadores, como Marko Cortés, quien condenó “con firmeza la vergonzosa carta del embajador de México en Nicaragua, que envía ‘cariño y admiración’ a este tirano mientras entierra la democracia”.
Tras el rechazo generalizado –incluido el del alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk– y las alertas que encendió el amago de suprimir las elecciones, tuvo que salir el titular de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Gustavo Porras, a acotar que sí se celebrarán elecciones, pero bajo un nuevo marco constitucional que las blinde de la injerencia extranjera y de los “traidores a la patria”. El parlamento ya inició consultas para esa reforma con miras a aprobarla a inicios de septiembre.
México no puede legitimar tal atropello. Una cosa es comulgar con gobiernos de izquierda en la región, como el de Lula en Brasil o el de Chile de Boric en su momento –que, por cierto, Boric sí se atrevió a calificar de dictadura al régimen de Maduro en Venezuela–, y otra muy distinta es hacerle el juego a sátrapas.
Pero todo parece indicar que eso de la autodeterminación de los pueblos se seguirá usando a contentillo, y cuando ese principio se quiera ignorar, seguiremos interviniendo en asuntos de otros países, por ejemplo, dándole asilo a personajes perseguidos por la justicia de sus países, como a la esposa del exmandatario peruano Pedro Castillo o al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, aunque eso nos provoque desencuentros internacionales.