Presidente de E y E México
La atención sobre la necesidad de proteger al medio ambiente surgió en el sector académico de los países industrializados antes de terminar el siglo XIX. La protección al ambiente se ha expandido a todo el mundo hasta llegar a ocupar un lugar central en la planeación de las actividades económicas de los países, basadas en el impacto ambiental de las mismas.
El primer gran hito en la historia que convirtió el cuidado del medio ambiente en asunto de importancia global fue la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, Estocolmo 1972, conocida como Conferencia de Estocolmo, primer gran encuentro ambiental convocado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Durante este evento, se llamó la atención del mundo sobre el daño causado por las actividades humanas a la Tierra en forma de contaminación de la tierra, el aire, el agua, del agotamiento de los recursos no renovables y en general del impacto ambiental que las actividades humanas imponen al planeta. Para recordar la Conferencia de Estocolmo, las ONU estableció el 5 de junio como el Día del Medio Ambiente y creó el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Sin embargo, este primer esfuerzo ambiental no fue suficiente y surgieron amenazas para la Madre Tierra como son el calentamiento global, la deforestación y el agotamiento de la capa de ozono.
Ante estas amenazas, la ONU creó la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo que estableció que el desarrollo económico y la protección al medio ambiente tendrían que contemplarse como un enfoque integral, a fin de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos de las generaciones futuras, dando lugar al concepto de desarrollo sostenible.
Con esta base la ONU convocó a la Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Cumbre para la Tierra, que se celebró en Río de Janeiro 1992.
La Cumbre para la Tierra estableció el concepto de desarrollo sostenible como un objetivo alcanzable y que un enfoque integral en las áreas de desarrollo económico, desarrollo social y protección al medio ambiente era urgente para preservar la vida humana en la Tierra. Sin embargo, estableció que para alcanzar el desarrollo sostenible requerían cambios importantes en los patrones de producción y de consumo, en la aplicación de los factores de producción y en general en nuestra concepción del desarrollo desde un punto de vista holístico.
La Cumbre de la Tierra fue muy productiva, ya que generó importantes acuerdos como la Declaración de Río, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y la Declaración sobre los principios de la ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de los bosques de todo tipo, además de la creación de la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible.
En México, la promulgación de la Ley de Conservación de Suelo y Agua en la década de los cuarenta del siglo pasado, representa el primer antecedente de política ambiental en México.
En 1971 se promulgó la Ley Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación y en 1972 se creó la Subsecretaría para el Mejoramiento del Ambiente en la Secretaría de Salud, primera dependencia pública establecida en México para atender principalmente los problemas de contaminación.
En el año de 1982, fue creada la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (SEDUE) y promulgó la Ley Federal de Protección al Ambiente. En 1988 se publica la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LEEGEPA). En 1989, se crea la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) como autoridad mexicana en materia de administración del agua, protección de cuencas hidrológicas y vigilancia en el cumplimiento de las normas sobre descargas y tratamientos del agua.
En 1992, la SEDUE se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y se creó el Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
En 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), alineada en su acción con el concepto de desarrollo sustentable (sostenible) de la ONU. En el 2000 se creó la actual Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).
Por todo lo anterior, debe quedarnos claro que México ha sido protagonista de los acuerdos internacionales en materia de medio ambiente.
La suscripción por parte de México de los acuerdos internacionales de la ONU en materia ambiental y la evolución de nuestro marco institucional en línea con los compromisos mundiales revela que México ha hecho esfuerzos para preservar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente de las actividades humanas.
En particular, en nuestro sector de la infraestructura la actuación de la autoridad ambiental siempre ha sido ejemplar y firme en sus objetivos y requerimientos para la construcción de obras y edificaciones.
La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), para determinar el efecto de la construcción en el medio ambiente, y el Estudio Técnico Justificativo (ETJ), para proponer las medidas de remediación y mitigación, siempre tenían que ser presentadas por los promoventes de las obras de infraestructura como gobierno federal estatal, municipal, particulares, empresas, instituciones sociales y educativas, etc., antes de arrancar la obra.
La SEMARNAT autorizaba los estudios ambientales y solo después de esa autorización se podía arrancar la obra, de lo contrario la dependencia clausuraba la obra y ponía los sellos de suspensión en la maquinaria e instalaciones de la obra con durísimas penalidades en caso de violación.
Este instrumento de política pública le permitía a la SEMARNAT influir en el desarrollo de los proyectos para tratar de asegurar el equilibrio ecológico y proteger el medio ambiente del posible daño causado por las obras de infraestructura.
Desafortunadamente, la actual administración federal ha desdeñado la importancia de la política ambiental y ha alterado el orden del proceso. Hay señales claras de que el Gobierno Federal ha dejado de brindar a las instituciones ambientales la importancia que requieren para regular el desarrollo y buscar su sustentabilidad.
Las obras de infraestructura insignia de la actual administración: la Refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y, sobre todo, el Tren Maya, han violado la normatividad ambiental y el orden del proceso de autorización ambiental de las obras de infraestructura.
Como lo mencioné en una columna anterior, el Tren Maya NO tiene una exhaustiva estimación de la demanda del ferrocarril en cuanto a carga y turismo, no existe certeza en varios tramos del derecho de vía, hay afectaciones arqueológicas, impactos negativos en las comunidades indígenas y, sobre todo, hay afectaciones ambientales que la comunidad científica ha catalogado como graves.
El tramo 5 del Tren Maya, tramo Cancún-Tulum, ha sido hasta ahora el más problemático de todos.
En este tramo se han registrado suspensiones de obra, protestas y suspensiones de amparo. Existen problemas de derecho de vía, protestas indígenas y controversias por el impacto ambiental de la obra.
La MIA del Tramo 5 fue elaborada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y concluye que “en total se generarán impactos ambientales no significativos”. Sin embargo, destaca que “dentro de los impactos observados debido a la realización del proyecto, destacan aquellos relacionados con el agua, en particular los relacionados con los procesos hidrológicos, que resultan de la posible interacción en el Tramo 5 Sur del trazo del proyecto con los sistemas kársticos, los cenotes, los flujos subterráneos y la posible afectación de la conectividad hidrológica natural.
Asimismo, para el caso de la fauna silvestre, esta presenta un escenario asociado a la disminución de sus hábitats por la pérdida de vegetación, sin embargo, la diversidad de especies se considera buena y son adaptables”.
Afortunadamente, esta MIA será evaluada por los expertos en la Consulta Pública que abrió la SEMARNAT para que cualquier interesado pueda proponer medidas de mitigación y hacer observaciones al documento. Un acierto, pues aparentemente los expertos no confían en la MIA presentada.
Todo el proceso ha sido desvirtuado. La MIA del Tren Maya debió de haberse presentado de manera integral para todo el proyecto ANTES de que arrancara la obra.
El Poder Judicial está haciendo valer la jurisdicción y la normativa de la propia SEMARNAT mediante los amparos presentados por los afectados y por los colectivos ambientalistas. La disputa se antoja difícil y permanente, no solo por estarse contraviniendo la legislación ambiental mexicana sino los propios acuerdos internacionales.
Toda obra de infraestructura debe respetar a la Madre Tierra, porque los impactos ambientales mal calculados o no regulados son IRREVERSIBLES.
Por el bien del desarrollo sustentable, nos conviene apegarnos a la normativa, fortalecer a la SEMARNAT y entender que debe evaluarse a priori el impacto que tendrá cualquier obra en el medio ambiente, sin importar su tamaño, prioridad y beneficios.
