La reciente decisión del INE de ordenar que un partido político y su dirigente retiren ciertas expresiones de sus mensajes en redes sociales conduce a revisar si es válido o no imponer limitaciones en el debate político actual, pues es claro que el sustento jurídico utilizado por la autoridad resulta caduco y desactualizado frente a una realidad política que impone modalidades diferentes al contexto de la reforma electoral de 2007, cuando se estableció en la Constitución que los mensajes de los partidos no pueden contener expresiones calumniosas en contra de las personas.
Las medidas cautelares ordenadas por el INE parten de una interpretación letrista, literal de la ley, que se abstrae del escenario actual en el que resulta inequitativo limitar el uso de expresiones duras en el debate frente a la absoluta libertad con la que se expresan las voces del oficialismo. El primer ejemplo está en las mañaneras que, en los últimos ocho años, han servido como un instrumento de comunicación y propaganda política oficial para atacar sistemáticamente a los opositores, medios de comunicación y personas que no convergen con los gobiernos de la ‘4T’ y su partido.
Desde esa tribuna, López Obrador usó indiscriminadamente la expresión “mafia del poder” para referirse a sus adversarios políticos, a los que calificó de neoliberales y acusó de ser los corruptos responsables de todos los males nacionales. Bajo esa lógica logró imponer una estrambótica consulta popular para enjuiciar a los expresidentes que no llegó a nada y solo significó el derroche de poco más de 500 millones de pesos. Las mañaneras distan mucho de ser un espacio para cumplir la obligación del gobierno de rendir cuentas; en cambio, se han convertido en el principal mecanismo de propaganda política del régimen para denostar a sus adversarios y para construir una visión unilateral de la realidad.
Estos hechos, sumados a la inminente imposición de los lineamientos promovidos por el gobierno sobre los derechos de las audiencias, deben alertarnos sobre la intencionalidad que subyace detrás del argumento esgrimido por el oficialismo consistente en que las audiencias tienen derecho a recibir información plural, veraz y oportuna. ¿Cómo puede ser plural un debate que limita expresiones de opositores y permite que el oficialismo insulte sistemáticamente a todas las voces discordantes? ¿Cómo se garantizarán contiendas equitativas con un arbitraje imparcial si se restringe la libertad de expresión?
En vez de limitar la libertad de expresión recuperemos principios esenciales del debate político. En democracia es válida la crítica dura sobre la gestión de los gobiernos y la actuación de los políticos, nadie puede con legitimidad oponerse a garantizar que la sociedad reciba información veraz y que los medios rectifiquen cuando sea necesario o que concedan el derecho de réplica si difunden información inexacta; pero el mismo principio y obligación alcanza al gobierno, que no puede arrogarse la facultad de censurar contenidos informativos a través de sus órganos e instancias según convenga a sus intereses.
En el fondo la autollamada ‘4T’ busca fortalecer el Estado autocrático que han construido en ocho años, ya desaparecieron al Inai y ahora el propio gobierno, en forma unilateral, determina qué información se publica y cuál no; también pretenden limitar la libertad de expresión a través de los lineamientos que pronto serán aprobados y usar al INE como instrumento de censura política.