La presentación del Plan General de Trabajo de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral detonó la construcción de la iniciativa que la presidenta de la República enviará al Congreso para su aprobación. Llama la atención que su temporalidad esté prevista hasta el 30 de septiembre de 2030, aunque la presentación de los resultados de la encuesta que se levantará para conocer la opinión del pueblo será en octubre de este año, mientras que las conclusiones a las que llegue la Comisión se entregarán a Claudia Sheinbaum en enero de 2026. Un calendario muy apretado dado que se ha comprometido un debate nacional.
La reforma en marcha implicará profundas modificaciones al sistema electoral mexicano, cuyos alcances serán definidos por una instancia integrada solo por personajes vinculados a la 4T, incluida la Secretaría de Gobernación, que será coordinada, por absurdo que parezca, por Pablo Gómez en su carácter de presidente de la Comisión.
Dadas las atribuciones establecidas a dicho órgano, pero esencialmente por el peso definitorio que su trabajo tendrá en la construcción de la iniciativa, era deseable incluir representaciones de todas las fuerzas políticas para avanzar en la construcción de los consensos y evitar la naturaleza oficialista y excluyente que ahora tiene.
Incluso, en las filas del morenismo existen voces que matizan cierta inconformidad con el método. Un ejemplo está en las declaraciones recientes de Ricardo Monreal, quien ha señalado: vamos a “… participar en la Comisión si nos invitan, vamos a participar en los foros y audiencias, pero es el Congreso el que va a decidir, el que va a decir sobre la reforma electoral, sus alcances, límites y su contenido”. Sabedor de que la iniciativa llegará a los recintos parlamentarios, también mencionó que “...lo conveniente sería que lográramos una reforma electoral por consenso, en donde todas las fuerzas políticas pudieran participar”, aunque anticipa que, con sus aliados, el PT y el PVEM, deben tener “un consenso anticipado para poder lograr mayoría calificada”.
El tono de Ricardo Monreal contrasta con declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, quien aseguró: “Vamos a invitar a todas las voces y luego nos van a acusar de que no les hacemos caso, porque, además, si no estamos de acuerdo con ellos, pues claro que no les haremos caso; nada más faltaba que hiciéramos algo contrario a lo que es nuestra convicción”. O el propio Pablo Gómez, que ya advirtió: “Queremos una reforma. Tenemos la fuerza política y la vamos a ejercer”.
Veremos en los próximos meses cuál es el desenlace de una reforma electoral impulsada desde la Presidencia, que ya se ha colocado en el centro del debate nacional. La iniciativa oficialista tendrá, como base, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador de los planes A, B y C redactadas, entre otros, por el propio Pablo Gómez. La legitimidad de la reforma dependerá del cumplimiento que la 4T haga de su convocatoria al debate nacional, pero sobre todo, de que se consideren propuestas de otras voces. Hacerlo sin consensuar las principales modificaciones y adiciones que se incluyan en la Constitución y en las leyes electorales sería otra imposición del régimen.
Por la relevancia que tiene para la democracia mexicana y para nuestro Estado de derecho, la reforma electoral debe redactarse con un carácter incluyente. Los partidos de la oposición deben exigirlo, la sociedad debe participar plenamente informada y las autoridades electorales deben presentar los diagnósticos técnicos necesarios para corregir problemas y no para cumplir el objetivo encubierto de avanzar en la concentración del poder en un solo grupo.