El próximo domingo es la cita con las urnas para el primer ejercicio de elección popular de personas juzgadoras en nuestro país: 881 plazas en el ámbito federal y mil 836 en 19 entidades federativas. Están convocados casi 100 millones de electores con credencial vigente. Se trata de elecciones precedidas de una enorme deliberación pública por la apresurada y excluyente aprobación de la reforma constitucional y legal y caracterizadas por la falta de tiempo y recursos suficientes para planear y operar la logística electoral, por múltiples irregularidades expuestas a lo largo de estos meses, por clara inequidad en la competencia entre candidaturas y por operativos fraudulentos de partidos y gobiernos que buscan imponer sus candidaturas, así como por infracciones cometidas por algunas candidaturas.
Para la 4T es objetivo vital legitimar con votos la demolición del actual Poder Judicial y erigir otro con personas afines, que no signifiquen oposición ni contrapesos frente a decisiones de gobiernos morenistas, por ilegales que sean y costosas que resulten. La falta de información sobre las candidaturas entre la ciudadanía y lo complejo del procedimiento de votación se pretende contrarrestar con el uso ilegal de “acordeones” que se distribuyen promocionando nombres afines a los gobiernos federal y locales y tratando de convencer a la gente para que acuda a las urnas.
El voto cautivo es de beneficiarios de programas sociales que reciben la visita de servidores de la nación con el pretexto de promover diversos beneficios y entregarles acordeones que, como se exhibe en diversas publicaciones de redes sociales e investigaciones periodísticas, cubren los nombres de candidaturas que no interesan y dejan visibles solo los de personas que desean imponer y sin que falten arengas sobre la presunta vinculación de las demás candidaturas con partidos de oposición.
Llama la atención que, mientras discursivamente los partidos opositores han criticado severamente la reforma judicial y su implementación, sus gobiernos incurran en grotescas simulaciones como el caso de Durango, donde las elecciones judiciales locales serán inexistentes, dado que se elegirán 49 cargos para los que se registraron solo 49 candidaturas, una por cargo; no hay opciones a elegir, sino una simulación que esconde la imposición de personas que con su voto ganarán. ¿Y qué decir de los gobiernos de MC en Nuevo León y Jalisco que usan a los servidores públicos para operar la entrega de los acordeones de moda?
La legitimación de las elecciones judiciales, dicho por la presidenta y múltiples voces del oficialismo, se alcanza con 20 millones de votos; no importa que el pueblo, con alrededor de 36 millones de votos que les entregaron en las elecciones de 2024, “haya exigido la reforma judicial y elegir en las urnas a los y las juzgadoras”; lo lógico sería que, al menos, ese mismo universo de votantes acudiera a las urnas. De cualquier manera, los acarreos en curso buscan el objetivo de los 20 millones, dado que el morenismo, sin decirlo, ha defendido la idea de una participación ciudadana baja.
El uso de acordeones, el acarreo de votantes y condicionar la entrega de beneficios de programas sociales son conductas típicas de delitos electorales cometidas por los gobiernos en turno que, como ha ocurrido antes con diversas irregularidades electorales, serán maquilladas por la mayoría de las magistraturas del tribunal que dirán de nuevo que son hechos aislados que no afectan el resultado de las elecciones. Así que los anuncios del INE con respecto a que ya se investigan los casos de Nuevo León y Jalisco y otras irregularidades, lamentablemente, son intrascendentes.