Concluida la primera mitad de las campañas, la población sigue sin tener información suficiente sobre la naturaleza de las elecciones judiciales, perfiles de las candidaturas, cargos en disputa y el barroco procedimiento de votación. Diversas reglas que modifican los procedimientos tradicionales de votación serán una sorpresa para el electorado que tendrá que investigar la ubicación de la casilla que le corresponde, conocer en vivo los complejos formatos de boletas y una mecánica diferente para ejercer su derecho al sufragio.
Mientras se acerca el 1º de junio, la 4T se aplica en destruir la escasa legitimidad de la reforma y su implementación. El escándalo más reciente lo protagonizó Gerardo Fernández Noroña, quien acusó que, al menos, 20 candidaturas a diversos cargos judiciales corresponden a personas que han defendido a integrantes de grupos del crimen organizado o han emitido sentencias que les han sido favorables, por lo cual solicitó que el INE cancele su condición de candidatos para cerrarles el paso y anunció que los impugnaría.
Revocar el registro de las candidaturas no parece viable para el INE que, en voz de Guadalupe Taddei, informó que tendrán que esperar los resultados de la jornada electoral, ver si obtienen el triunfo y, en su caso, informar al tribunal para que esa instancia tome las decisiones correspondientes. Al polémico senador se le olvidó que, al modificar y adicionar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ellos mismos establecieron en el artículo 502 que la sustitución de candidaturas, por inhabilitación judicial o por otros supuestos legales, solo puede hacerse antes de la impresión de las boletas, actividad que está en fase conclusiva.
El en fondo la denuncia de Fernández Noroña y de otras voces del oficialismo, incluidas las declaraciones de la Presidenta que intentaron minimizar el hecho, entrañan un reconocimiento de los lamentables efectos generados por un trabajo realizado al vapor, sin rigor metodológico y sin los filtros de calidad que los morenistas, desde la oposición, exigieron en otros momentos de la historia y que ahora simplemente no pudieron y no supieron cumplir. De comprobarse vínculos de candidaturas con la delincuencia organizada se estará dando otro golpe demoledor a la credibilidad y legitimidad de la invención oficialista que busca controlar al Poder Judicial infiltrado por la delincuencia.
Claro que hay responsabilidad de los comités de evaluación y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo que emitieron el visto bueno final a los listados de candidaturas. El Judicial simplemente no terminó el trabajo y, por lo tanto, no presentó listados, aunque luego los aspirantes fueron sometidos a tómbola por el senado, virtud a otra invención del Tribunal Electoral que no respetó las normas constitucionales en la materia. Será muy grave para la democracia mexicana tener jueces controlados por el gobierno y con algunas personas que representen los intereses de los delincuentes.
A una larga lista de falencias e irregularidades, se agrega la campaña de promoción organizada en la mitad de las entidades federativas con pintas de bardas que promueven las elecciones judiciales con los colores que identifican a Morena, pese a que la ley prohíbe la intervención de los partidos políticos. No es que el oficialismo quiera una participación masiva, quieren 20 millones de votos, poco más que en la revocación del mandato, pero que al final solo sería el 20 por ciento del electorado. Está claro, necesitan darle poquita legitimidad a un ejercicio irregular de imposición de personas juzgadoras afines al gobierno y no al pueblo.