La mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados dijo acatar la sentencia del pasado 1 de junio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ratificando el recorte al presupuesto del Instituto Nacional Electoral por un monto de 4 mil 913 millones de pesos, que le fue impuesto al aprobarse el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente al ejercicio fiscal de 2022.
La Corte declaró fundados los agravios esgrimidos por el INE en la controversia constitucional que interpuso en contra de la disminución de sus recursos y ordenó que la Cámara motivara reforzadamente con argumentos técnicos basados en evidencias contables que justifiquen el recorte, respetando el marco competencial de la autoridad electoral, su naturaleza de órgano constitucional con autonomía presupuestaria y la posible lesión a los derechos políticos de las y los ciudadanos que, para ejercerlos, dependen de que el INE cumpla sus funciones.
Nada de ello se incluyó en el dictamen. En cambio, la mayoría parlamentaria defendió la facultad de la Cámara para imponer recortes a los recursos que solicitan las instituciones públicas y basó su argumentación censurando al organismo electoral que, en su opinión, no redujo su presupuesto como lo hicieron los demás organismos autónomos, además de que no observa criterios de economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas, en el manejo de recursos públicos que se le asignan.
También sustentó la negativa en datos presupuestales de otros ejercicios fiscales que incluyen recortes al INE, lo cual no constituye un aspecto técnico para desvirtuar nada. El dictamen igual refiere que se dio una mala calidad en la presupuestación de 2022 para los ejercicios de participación ciudadana, pero no aporta argumentos de sustento.
La conclusión del acatamiento a la sentencia de la Corte es evidente: confrontar argumentos para tomar decisiones no es relevante para la 4T y, al igual que en la discusión sobre diversas iniciativas de ley, no escuchó a la oposición y no aceptó argumentos en contra porque no se puede mover una sola coma a su dictamen, las determinaciones van porque van y para atender esta resolución judicial solo hubo un discurso cosmético, sin resolver el fondo del asunto, aun y cuando ello ponga en riesgo actividades superiores como la organización profesional e imparcial de los comicios o el pleno ejercicio de los derechos políticos de ciudadanas y ciudadanos.
Al final, el comportamiento de la mayoría parlamentaria en la Cámara es una lección también para la Corte, porque pudo decidir instruir la entrega de los recursos recortados o de una parte de ellos, en vez de pedir a la Cámara que motivara razonadamente. Es claro que, si consideramos el entorno, dicha mayoría no aprobaría regresar recursos al INE, al cual quiere desaparecer o, al menos, asfixiar con recortes exorbitantes a su presupuesto o con futuras modificaciones a leyes secundarias si no pasa la reforma electoral que se analizará en breve.
Los organismos constitucionalmente autónomos deben contribuir a la política de austeridad y observar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, vale decir, que son las instituciones públicas más auditadas. Las deliberaciones en la Cámara para aprobar su presupuesto deben tomar en cuenta las atribuciones específicas que tienen asignadas para que se revisen conforme a su realidad, a su naturaleza y a los programas que desarrollan. No se trata de darles un cheque en blanco sino de analizar con objetividad y racionalidad los recursos que necesitan para cumplir sus obligaciones.