El martes pasado, el INE emitió medidas cautelares que deben observar el partido Morena y diversos servidores públicos, ante la indebida promoción personalizada que realizan y el posible uso de recursos públicos que podrían constituir actos anticipados de campaña, vulneración a los principios de imparcialidad y equidad y actos de proselitismo con posibles afectaciones a los procesos electorales locales del Estado de México y Coahuila en 2023 y el presidencial de 2024.
Luego del evento organizado por Morena en Francisco I. Madero, Coahuila, al que denominaron ‘Unidad y Movilización’, el PRD solicitó el retiro de distintas publicaciones relacionadas con el mismo y la tutela preventiva, para ordenar a Morena y a sus servidores públicos que se abstengan de organizar actos futuros de características similares. La tutela preventiva se refiere a una medida de protección frente al peligro inminente de que una conducta que puede significar infracciones a las normas se repita lesionando valores, principios y derechos.
La autoridad electoral concedió las medidas cautelares, tanto por la propaganda difundida en redes sociales como en la vertiente de tutela preventiva, por considerar que existe un riesgo consistente en que este tipo de actos se repitan y porque evidencian una estrategia de proselitismo electoral adelantado.
Para el INE, a través de su Comisión de Quejas y Denuncias, no pasó desapercibido que este acto fue similar al realizado el 12 de junio en Toluca, Estado de México, sobre el que no se emitieron medidas cautelares por haberse valorado que en esa ocasión se trataba de un acto aislado, pero se apuntó que de realizarse eventos similares se podría configurar una campaña proselitista, sistemática y orquestada.
Y si bien los plazos para el desarrollo de las precampañas y campañas locales y federales están definidos en la ley, es un hecho que servidores públicos de Morena están incurriendo en actos que mantienen una vinculación directa entre ellos y los electores. Se trata, en mi opinión, de campañas adelantadas que logran mantener a los presidenciables en contacto con la ciudadanía, con los electores que más adelante definirán en las urnas quién obtiene los triunfos.
La decisión emitida por el INE se orienta a restablecer la observancia de las reglas del juego. Ningún corredor debe adelantarse en la competencia, debe esperar a que sea el momento previsto en la ley, no se vale tener ventajas indebidas sobre los futuros contendientes. Todos deben tener las mismas condiciones en la competencia, de eso se trata la cancha pareja y el principio de equidad que rige a los procesos electorales.
El balón ahora está en la cancha de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral, que deberá revisar cuidadosamente los riesgos de permitir que se llegue a los siguientes procesos electorales con evidentes e indebidas ventajas de unos contendientes por encima de otros. Ya no estamos ante eventos aislados o únicos, sino ante un conjunto de actos proselitistas donde los participantes expresan su determinación de contender por la candidatura del nuevo partido casi hegemónico, donde aluden a los procesos locales, posicionan la marca y potencializan sus posibilidades.
El arbitraje debe ser imparcial pero también eficaz y oportuno. Es momento de replantear criterios que corrijan las actuaciones de los servidores públicos que ya llevan ventaja en contiendas futuras y restablecer el orden constitucional y la observancia a la ley tan vapuleada y menospreciada en los últimos dos años.