El mes pasado, la jefa de Gobierno de la CDMX presentó ante el Congreso local la iniciativa de “Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles de la Ciudad de México”. Entre otros objetivos, la propuesta busca restringir los aumentos de las rentas de inmuebles y combatir el desplazamiento de habitantes provocado por la gentrificación.
La iniciativa contempla tres disposiciones principales. En primer lugar, establece que las rentas solamente podrían aumentar una vez al año, sin superar la inflación del año anterior, incluso cuando cambie el inquilino. La única excepción requeriría autorización gubernamental, cuando el propietario demuestre haber realizado mejoras sustantivas al inmueble.
En segundo lugar, se limitarían las garantías exigibles y se prohibiría trasladar al inquilino los gastos de pólizas jurídicas. En tercer lugar, los contratos, que tendrían una duración mínima de un año, deberían registrarse en un sistema administrado por la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), dentro de plazos perentorios.
Con esta iniciativa, el gobierno pretende imponer su propia noción de rentas “justas”, apoyándose en cuatro argumentos: la vivienda es una necesidad básica, existe una desigualdad en el poder de negociación, la gentrificación provoca desplazamientos y los ingresos no aumentan al mismo ritmo que las rentas.
Estos argumentos, aplicables a la mayoría de los bienes y servicios, desconocen principios económicos fundamentales: los recursos son escasos, los precios reflejan su escasez, las personas responden a incentivos y los recursos tienden a destinarse a los usos que la sociedad más valora.
Pretender ignorar estos principios bajo el argumento de que los mercados no funcionan “adecuadamente” tiene consecuencias. La vivienda es un recurso escaso y su renta refleja la interacción entre la oferta y la demanda. Cuando la renta de un inmueble aumenta más que la de otros, generalmente se debe a que existe una mayor demanda por él. Desconocer estas señales de mercado no elimina la escasez que las origina.
Restringir los incrementos de renta puede llevar al propietario a reconsiderar el destino del inmueble, optando por retirarlo del mercado de alquiler, destinarlo a otros usos, venderlo o reducir su mantenimiento. Ello podría disminuir la oferta de viviendas en renta en condiciones aceptables.
Asimismo, la vivienda de alquiler constituye una inversión para el propietario, cuya rentabilidad depende de los flujos esperados de ingresos netos. La restricción de los aumentos de renta reduciría la rentabilidad de nuevos proyectos de inversión, desalentando la construcción de desarrollos y, con ello, la oferta potencial de vivienda.
Además, la rentabilidad de la inversión se vería mermada por las nuevas cargas que se pretende imponer a los propietarios, como los límites a las garantías exigibles y la prohibición de trasladar gastos de pólizas jurídicas. Estas disposiciones aumentarían la vulnerabilidad de los propietarios ante el débil Estado de derecho que prevalece para desalojar a un inquilino moroso o que dañe la propiedad. El proceso de desalojo incluye, entre otros pasos, un juicio, notificaciones judiciales, el derecho de defensa del inquilino, una sentencia y su ejecución. Los trámites pueden prolongarse durante varios años o incluso quedar inconclusos. Aun ganando el juicio, puede resultar difícil recuperar las rentas vencidas.
Los costos para el propietario aumentarían también por la obligación de acreditar mejoras para elevar la renta por encima de la inflación y de registrar los contratos en la ADIP, requisito invasivo de la privacidad. Además de propiciar la corrupción, estas cargas elevarían los costos administrativos y reducirían aún más la rentabilidad de la inversión inmobiliaria.
Finalmente, la iniciativa estigmatiza desproporcionadamente la gentrificación al pasar por alto que este proceso surge de un auge territorial caracterizado por la proliferación de inversiones en edificaciones modernas y mejor infraestructura, nuevos comercios y negocios, mayor actividad económica e, incluso, mayores ingresos tributarios.
De aprobarse y aplicarse la iniciativa, es posible que el gobierno consiga lo que busca: proteger a los inquilinos con contratos vigentes, pero a costa de una mayor degradación urbana y una menor oferta de vivienda de calidad, en perjuicio de quienes la demandan.
La solución no es frenar el auge de las zonas más prósperas, sino extenderlo al resto de la ciudad. Para lograrlo, hay que eliminar las trabas a la construcción y al alquiler de viviendas, simplificar trámites y garantizar infraestructura, servicios públicos de calidad y seguridad. La prosperidad no se consigue castigando el crecimiento, sino creando las condiciones para que toda la ciudad prospere.