Desde 2005, Pemex ha experimentado un declive continuo en su producción petrolera, debido al agotamiento gradual de su principal yacimiento y a su incapacidad para sustituirlo con nuevos campos. Al mismo tiempo, ha mantenido una administración ineficiente, con objetivos ajenos a criterios económicos, como conservar una nómina abultada y generosas prestaciones, que colocan su costo de producción entre los más elevados del mundo.
En lugar de enfocarse en mejorar su eficiencia, recientemente la empresa ha optado por ampliar su capacidad de refinación, a pesar de las constantes pérdidas financieras. Además, la cancelación de contratos y los retrasos en pagos a proveedores han debilitado el mantenimiento y las operaciones de plataformas clave.
Dada la elevada carga fiscal, la caída en la producción y en los precios del petróleo ha presionado la liquidez de la empresa. Para enfrentar estas restricciones, Pemex ha incrementado su deuda, especialmente en moneda extranjera. Con el tiempo, una proporción creciente de este endeudamiento se ha destinado a refinanciar pasivos, sobre todo de corto plazo, en lugar de fondear nuevas inversiones o exploraciones.
Desde 2019, las presiones financieras se han intensificado tras las sucesivas degradaciones en la evaluación crediticia de Pemex por parte de las principales agencias calificadoras. Fitch y Moody’s han colocado su nota en moneda extranjera en niveles de “bono basura”, ubicándose en 2025, respectivamente, a cuatro y seis escalones por debajo del “grado de inversión”.
Entre 2007 y 2018, la deuda financiera de Pemex aumentó aceleradamente para convertirla en la petrolera más endeudada del mundo. Desde 2021, esta deuda se ha reducido gradualmente, hasta estabilizarse en alrededor de 100 mil millones de dólares, no gracias a mejoras operativas o decisiones acertadas de inversión, sino debido a una reducción de la carga fiscal y cuantiosas inyecciones de recursos públicos.
En consecuencia, la contribución financiera neta al gobierno federal se ha contraído hasta volverse negativa desde 2024. Finalmente, a partir de 2013, los pobres resultados financieros y los crecientes pasivos laborales, entre otros factores, se han reflejado en un capital contable negativo.
En resumen, de operar como una “vaca de efectivo”, a pesar de su ineficiencia crónica, Pemex se ha convertido en un sumidero de recursos. Este drenaje ha dejado claro que, lejos de ser una “palanca”, Pemex se ha vuelto un lastre para el desarrollo económico de México.
Los efectos adversos han sido significativos. La absorción de recursos ha limitado la capacidad del gobierno para atender funciones esenciales como la seguridad pública, la salud, la educación y la infraestructura. Además, dado el respaldo implícito del gobierno, el creciente endeudamiento ha puesto en riesgo el perfil crediticio soberano y ha reducido el margen fiscal para enfrentar crisis.
Asimismo, la reversión de la reforma energética de 2013 y la reforma judicial de 2024, entre otras medidas, han mermado la confianza de los inversionistas para emprender nuevos proyectos productivos en el país.
Todo lo anterior pone de relieve la urgencia de aplicar cambios profundos que impulsen al sector petrolero de manera eficiente. La experiencia reciente demuestra que insistir en las mismas estrategias, pero con mayor intensidad, no conduce a buen puerto. Es decir, continuar subsidiando a una empresa insolvente como Pemex, e inyectar recursos públicos en actividades que pierden dinero, solo agrava el problema y lo vuelve insostenible.
Aunque se ha convertido en una quimera nacional, Pemex necesita una transformación profunda si se quiere evitar una eventual catástrofe fiscal. Por ejemplo, colocar parte de sus acciones en la bolsa de valores, tras una absorción total de pasivos por parte del gobierno federal, como algunos han propuesto, sería un cambio relevante. Sin embargo, si se mantiene como un monopolio estatal, es probable que el impacto de dicha medida sea limitado.
Un escenario de fondo que vale la pena explorar consiste en profundizar el modelo de mercado regulado con operadores competitivos, como el que se intentó con la reforma de 2013, en el cual compañías privadas exploran y producen petróleo mediante contratos o licencias. Si se desea conservar una empresa petrolera estatal, Pemex debería reducirse y enfocarse únicamente en actividades rentables. En este entorno, el nuevo Pemex competiría en igualdad de condiciones con el resto de los participantes.
Este modelo podría complementarse con la creación de un verdadero fondo soberano petrolero, que administre la recaudación por derechos y canalice las utilidades hacia infraestructura para el país. Solo superando los mitos, México podrá aspirar a un mayor nivel de desarrollo.