Tanto desde una perspectiva de largo plazo como desde una visión de corto alcance, la política fiscal de México ha presentado deficiencias, las cuales se han acentuado en los años recientes. Estas limitaciones se hacen evidentes al analizar el desempeño de las finanzas públicas a la luz de las funciones comúnmente invocadas para justificar la intervención del gobierno en la economía. Si bien estas tareas no están exentas de debate, ofrecen un marco de referencia útil para una evaluación de la acción gubernamental.
En la revisión de largo plazo, destacan dos responsabilidades. La primera consiste en corregir las llamadas “fallas de mercado”, es decir, aquellas situaciones en las que el mercado, por sí solo, no asigna los recursos de manera eficiente. La lista de posibles “fallas” es discutible, pero suele centrarse en los “bienes públicos” y las “externalidades”.
Los bienes públicos son aquellos cuyo uso por parte de una persona no impide el acceso de otros (“no excluibles”) ni reduce su disponibilidad para los demás (“no rivales”). Ejemplos típicos son la seguridad nacional y la aplicación de la ley. Frecuentemente, se incluyen también los “bienes públicos impuros” (no excluibles, aunque con cierta rivalidad), como las autopistas sin peaje y los parques públicos.
Las “externalidades” surgen como costos o beneficios que afectan a terceros no involucrados a partir de las actividades de otros. Pueden ser positivas, como la vacunación o la educación básica, o negativas, como la contaminación del aire o del agua.
Un análisis somero de las finanzas públicas a lo largo del tiempo muestra que el gobierno ha venido descuidando, cada vez más, las funciones orientadas a corregir las “fallas de mercado”, priorizando, en cambio, tareas ajenas a su misión fundamental.
Durante la última década, por ejemplo, creció drásticamente la proporción del gasto público destinada a seguridad social y transferencias monetarias a diversos grupos de interés. En contraste, se redujo la importancia relativa del gasto en seguridad nacional, justicia, orden público y seguridad interior, así como en educación y salud.
Por otra parte, el gasto orientado a las empresas estatales superó al destinado a educación, y la inversión física del sector público se redujo en términos reales. El afán empresarial del gobierno se intensificó en años recientes, extendiéndose a nuevas actividades como la aeronáutica y las telecomunicaciones.
Este descuido financiero en la tarea de corregir las “fallas de mercado” se ha visto agravado por el deterioro en los niveles de seguridad física y jurídica, así como por la pérdida de calidad en la infraestructura y en los servicios de educación y salud. Todo ello ha puesto en evidencia que, más que fallas del mercado, han predominado las “fallas de gobierno”.
La segunda responsabilidad gubernamental de largo plazo radica en manejar las finanzas públicas de manera que no comprometan la estabilidad financiera del país. Este riesgo se reduce considerablemente cuando la trayectoria de la deuda pública es percibida como “sostenible”, es decir, cuando el gobierno demuestra capacidad para cumplir con sus compromisos actuales y futuros sin recurrir a medidas extraordinarias como el alivio de deuda o la suspensión de pagos.
En el caso de México, la sostenibilidad de la trayectoria de la deuda pública se ha visto comprometida por su acelerado crecimiento. Desde su punto más bajo en 2007, la razón de deuda neta amplia del sector público (SHRFSP) respecto al PIB aumentó casi 24 puntos porcentuales, alcanzando el 51.3 por ciento en 2024. Además, la SHCP proyecta que esta proporción ascenderá al 52.3 por ciento en 2025.
Los crecientes compromisos de gasto y la fragilidad de los ingresos contribuyeron a que, durante la administración del presidente López Obrador, las principales agencias calificadoras degradaran sucesivamente la calificación crediticia del gobierno federal en moneda extranjera. Desde los niveles más favorables observados en 2014, se redujo a dos escalones de perder el “grado de inversión”, según S&P y Moody’s, y a un escalón, según Fitch.
Finalmente, en el corto plazo, se espera que la política fiscal contribuya a suavizar los ciclos económicos mediante posturas que frenen las expansiones “excesivas” y amortigüen las caídas del producto. Si bien comúnmente se considera que la política monetaria es más efectiva que la fiscal para estabilizar la economía, al menos, debería exigirse a esta última que no exacerbe la inestabilidad.
Desafortunadamente, en años recientes, la política fiscal ha tendido a amplificar el ciclo económico: incurrió en déficits crecientes durante la fase de recuperación en la segunda mitad del sexenio pasado, y se prevé un menor déficit en 2025, en medio de una probable recesión.