Según cifras preliminares del INE, la elección de juzgadores por voto popular realizada el pasado domingo en México registró la participación ciudadana más baja en una elección federal desde 1994, año en que los comicios comenzaron a organizarse de forma independiente del gobierno. Además, se anuló una proporción inusualmente alta de votos, sin precedente, lo que sitúa la participación efectiva de votantes en torno al 10 por ciento.
La escasa participación y el “impulso” del partido oficial y sus aliados para votar a favor de ciertos candidatos despojaron al proceso de legitimidad como ejercicio democrático. A esto se suma que la mayoría de los candidatos fue preaprobada por comités dirigidos por dicho partido, lo que convierte la elección en un costoso trámite para designar juzgadores afines al gobierno.
Los laxos requisitos profesionales para postularse como aspirante, junto con la cercanía partidista de la mayoría de los electos, plantean serias dudas sobre la capacidad de los nuevos juzgadores para impartir justicia de manera idónea e independiente.
También mediante voto popular se eligieron los cinco magistrados del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, cuya función incluye sancionar conductas indebidas e investigar resoluciones “contrarias a derecho”. Aunque legalmente no está facultado para castigar sentencias contrarias al Poder Ejecutivo, en la práctica, la afiliación partidista de sus miembros introduce el riesgo de que el Tribunal ejerza presiones que inhiban aún más la independencia de los juzgadores.
La implicación más relevante del nuevo entramado judicial, que se inaugurará en septiembre, es la subordinación del Poder Judicial al Ejecutivo, su tendencia a emitir sentencias favorables al gobierno, y la consecuente concentración del poder sin contrapeso claro.
Los posibles riesgos son múltiples e incluyen la represión arbitraria de libertades individuales, la violación de los derechos de propiedad, la alteración injusta de las reglas del juego y el favorecimiento de aliados políticos.
El abandono de la función de contrapeso por parte del Poder Judicial deja a las personas y las empresas en una situación de mayor vulnerabilidad frente a los abusos del gobierno y las violaciones de derechos por parte de terceros. Esta desprotección invalida los argumentos del expresidente López Obrador sobre mayor equidad y menor corrupción como presunta justificación de la elección popular de juzgadores.
El nuevo entorno judicial tenderá a profundizar la desigualdad en la administración de la justicia. Las personas y empresas con conexiones gubernamentales podrán asegurar sus derechos e incluso, dependiendo de su ética, obtener privilegios al margen de la ley. Las grandes corporaciones, además, cuentan con medios para enfrentar legalmente decisiones improcedentes del gobierno, incluyendo tribunales internacionales, arbitrajes y capacidad económica para renegociar contratos.
En contraste, las personas sin influencia política, notoriedad pública o recursos económicos, así como las pequeñas y medianas empresas que no pueden recurrir a instancias internacionales ni defenderse adecuadamente en tribunales locales, es decir, la mayoría, enfrentarán mayores riesgos de injusticia que antes.
Lejos de reducirla, el nuevo sistema judicial podría incluso acentuar la corrupción. Si bien combatirla es un reto complejo, la experiencia internacional sugiere que la integridad de los juzgadores se fomenta a través de procesos de selección y carrera judicial basados en el mérito, estabilidad en el cargo salvo incumplimiento grave, y una adecuada remuneración. La reforma judicial y la elección popular de juzgadores contradicen estos principios.
Una consecuencia adicional del nuevo sistema judicial es el deterioro de la percepción internacional de México como país democrático, lo que afecta su atractivo para la inversión extranjera. Contrario a lo declarado por la presidenta de la República, la elección de juzgadores distó de ser “todo un éxito”, considerando la escasa participación, y mucho menos convirtió a México en “el país más democrático del mundo”.
México se ha alejado aún más de los principios que definen una democracia. Esta no se limita a la realización de elecciones, que deben ser equitativas y transparentes, lo cual no ocurrió en este caso, sino que también exige, entre otros elementos, la sujeción del gobierno y la ciudadanía a la ley, la separación de poderes, la protección de minorías políticas y sociales, y la vigilancia del poder por parte de instituciones autónomas.
La subordinación del Poder Judicial y el consecuente deterioro del Estado de derecho vulneran la democracia, y restringen, significativamente, las posibilidades de crecimiento económico sostenido y de mejora real en el bienestar de la población.